El Gobierno manifestó este viernes su sorpresa por la decisión de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad provisional bajo fianza a los cinco condenados del caso de La Manada. La portavoz, Isabel Celaá, apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo "respeta las decisiones judiciales", pero agregó: "Nos ha sorprendido el auto de libertad provisional".

Celaá argumentó que "la regla de oro general" es que un condenado que está en prisión provisional continúa en esa situación, "sobre todo cuando tiene una condena de nueve años" y "al menos" hasta que cumple la mitad de la sentencia. Además, apuntó que los hechos "probados y condenados" son "muy graves", por lo que el Gobierno "se hace eco de la alarma social, de la preocupación social en general, y en particular de las mujeres".

La también ministra de Educación agregó que el Ejecutivo se compromete a impulsar la aprobación en el Parlamento la aprobación de la propuesta de ley orgánica que, en cumplimiento del pacto de Estado contra la violencia de género, fomentará la formación en materia de género a los jueces y magistrados, que ya se tramita en la Cámara Baja a iniciativa del PSOE.

Como medida adicional para "luchar contra los delitos contra la libertad sexual", el Gobierno también está estudiando cómo podrían personarse los servicios jurídicos del Estado para "defender a las víctimas" en casos de graves delitos contra la integridad sexual, similares a este. "El Gobierno gobierna y trabaja por la seguridad de nuestras mujeres y nuestras jóvenes", subrayó Celaá.

Finalmente, el Ejecutivo pondrá encima de la mesa "una propuesta para analizar el Código Penal" y, en concreto, para estudiar la tipificación de los delitos contra la integridad sexual. Las moficiaciones de la tipificación ya estaban en marcha en una comisión de codificación puesta en marcha por el anterior Gobierno, que inicialmente estaba únicamente compuesta por hombres y finalmente consiguió ser paritaria.