En junio de 2016, la CUP y el sindicato CGT denunciaron ante la Oficina Antifraude de Cataluña que la Diputación de Barcelona había concedido subvenciones para la cooperación al desarrollo a empresas y patronales a través de contratos sin publicidad ni concurrencia, al menos, por 1 millón de euros.

Cuando presentó la denuncia, la CUP no hacía ni un año que había entrado por primera vez a formar parte de la Diputación de Barcelona que estaba presidida por Salvador Esteve, de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y que es uno de los investigados por el juez y la Policía.

Concretamente fue la regidora de la CUP-Pueblo Activo (CUP-PA) en el Ayuntamiento de Barcelona, Maria Rovira, y los sindicalistas Eulàlia Ribó y Josep García, de la CGT de Cataluña, quienes hicieron pública la denuncia de las presuntas irregularidades detectadas, y ya anunciaron que afectarían el área de Relaciones Internacionales de la Diputación.

Estas irregularidades se centraban en la concesión de fondos que supuestamente tenían que dedicarse a la cooperación internacional pero que se destinaron, entre los años 2012 y 2015, a patronales y a empresas que no tenían experiencia previa en cooperación al desarrollo y que estarían en proceso de internacionalización o de conquista de mercados en países pobres, especialmente en Marruecos y en Latinoamérica.

La subvenciones beneficiaron patronales de Igualada y comarca de l'Anoia con unos 140.000 euros en la convocatoria del 2015, y la empresa Secartys, que se dedica al reciclaje de neumáticos en el Brasil, recibió unos 62.000 euros de subvención el 2014.

Según la denuncia, en una de las patronales donde esta mañana se están realizando registros, la sede de la patronal Pimec, habría recibido en las convocatorias del 2013 (de forma directa, sin concurso) 13.000 euros, para la internacionalización de las pymes, mientras que en la del 2014 obtuvo tres más de 38.000, 20.000 y 45.000, para proyectos de cooperación en el Marruecos y Panamá.

Según denunció en 2016 la CUP y la CGT, los dos responsables del área de Cooperación Internacional mientras se otorgaron los fondos de forma presuntamente irregular eran Jordi Castells y Jonathan Jorba, que renunciaron a sus puestos cuando estalló la polémica en mayo de 2015. Castells pasó al departamento de Gobernación de la Generalitat y Jorba, al Instituto de Estadística de Cataluña.

Además de las denuncias ante la Oficina Antifraude, la CGT denunció que los empleados del área de Relaciones Internacionales sufrieron a partir del 2012 una situación de acoso laboral grave que certificó la Inspección de Trabajo en un informe, después de ser denunciado por los sindicatos de la Diputación.

Amenazas, ambiente dictatorial y de terror, gritos, comentarios sexistas y miedo fueron mencionados por las trabajadoras en la evaluación de riesgos psicosociales que se realizó a la Diputación de Barcelona, a raíz del expediente de la Inspección de Trabajo.