Una quincena de la treintena de detenidos en la operación de la Policía Nacional contra una trama que supuestamente desvió dos millones de euros en subvenciones de la Diputación de Barcelona para la cooperación han quedado ya en libertad, entre ellos el expresidente del ente provincial Salvador Esteve.

Según fuentes policiales, una quincena de detenidos han sido trasladados, tras los registros de sus despachos, a la comisaría de La Verneda de Barcelona, donde han quedado en libertad a la espera de ser citados por el juez en los próximos días.

Entre los arrestados que ya han quedado en libertad figura Salvador Esteve, exalcalde de Martorell (Barcelona) y expresidente de la Diputación de Barcelona y de la Asociación Catalana de Municipios (AMC), que reúne a ayuntamientos de la órbita nacionalista. Al salir de la comisaría, Esteve ha asegurado que está "muy tranquilo" porque las subvenciones otorgadas por el ente supramunicipal pasan todos los controles.

Las fuentes policiales consultadas por Efe han precisado que se prevé que media docena de los detenidos pasen la noche en comisaría y que comparezcan mañana ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que mantiene la investigación en secreto.

El juez ve "incumplimiento grosero" al otorgar subvenciones

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona que investiga un presunto fraude de unos dos millones de euros en la Diputación de Barcelona en las subvenciones para cooperación al desarrollo considera que, del examen de los expedientes administrativos, se desprende "un incumplimiento bastante grosero del procedimiento administrativo".

El juez hace una exposición de los indicios recabados del análisis de las subvenciones otorgadas y constata que los expedientes tienen "irregularidades que permiten pensar en una concesión directa de fondos públicos para actividades privadas o para fines públicos diferentes y ajenos a los de cooperación al desarrollo internacional de comunidades pobres".

Operación Estela

La Policía Nacional ha detenido a una treintena de personas en la macrooperación que se está desarrollando en relación a una presunta trama corrupta de desvío de fondos públicos a entidades vinculadas al proceso independentista.

En la operación, denominada Estela, que está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona está previsto que se practiquen además una decena de registros en instituciones públicas catalanas, entre ellas la Diputación de Barcelona.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado en un comunicado, en la llamada Operación Estela, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, está previsto que se practiquen una treintena de detenciones y una veintena de registros en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, entre otras localidades.

La investigación se centra en una presunta trama corrupta de desvío de al menos dos millones de euros de origen público -concretamente fondos destinados a la cooperación al desarrollo- a empresas y entidades, algunas de las cuales habrían tenido participación en el proceso independentista. Por el momento, el juez centra las pesquisas en la presunta adjudicación irregular de subvenciones públicas a entidades y particulares.

En concreto las subvenciones irregulares se habrían aportado entre 2012 y 2015 a varias entidades y oenegés para proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros países.

No obstante, la investigación podría ampliarse a la financiación del proceso, si en los registros practicados en las entidades vinculadas con el soberanismo se hallan indicios de que esos fondos públicos adjudicados presuntamente de forma irregular se destinaron a costear la hoja de ruta independentista y el 1-O, han apuntado las mismas fuentes.

A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

Detenido el expresidente de la Diputación de Barcelona

En el marco de la macrooperación, la Policía Nacional ha detenido al expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve (CDC) en el marco de la operación 'Estela'.

Salvador Esteve también fue alcalde de Martorell (Barcelona) por Convergència Democràtica y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (AMC), que reúne a ayuntamientos de la órbita nacionalista. Esteve ha sido detenido dentro de la operación que busca en la Diputación de Barcelona y varios organismos públicos y privados pruebas de una presunta trama de corrupción que desvió subvenciones destinadas a proyectos en países en desarrollo.

Entre los detenidos figura además Joan Carles García, alcalde de Tordera por CiU (Barcelona) y diputado provincial de Barcelona, así como Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC, fundador de la entidad CATmón y vinculado al mundo de la cooperación internacional, según las mismas fuentes.

En el marco de la operación, la policia ha registrado la sede central de la Diputación de Barcelona, las oficinas de la corporación provincial situadas en la calle Londres de la capital catalana, así como oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas, entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de la fundación CATmón.

Concretamente, en Girona se está registrando la fundación Plataforma Educativa, una de las entidades que está en el punto de mira de la investigación por recibir ayudas públicas de forma irregular.

La Fundación CATMón de Reus, pieza central de la investigación

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha registrado el domicilio en Reus (Tarragona) del empresario y activista Víctor Terradellas, fundador y presidente de la Fundació CATmón.

Terradellas es un reconocido empresario reusense especializado en las relaciones internacionales y la cooperación, que impulsó la Fundació CATmón con el objetivo de apoyar "la labor de conocimiento y reconocimiento internacional de la nación catalana", según señalaba su página web, que ya no está activa.

Entre su extenso currículum, consta que fue secretario de Relaciones Internacionales de CDC y miembro del Consejo Asesor de la Catalán International View. Usuario activo de las redes sociales, también es articulista en varios medios de comunicación y ha liderado la digitalización de las revistas Catalán International View y ONGC .

Fue asimismo fundador e impulsor de la ONG IGMAN-Acción Solidaria en 1992, cuyo campo son los escenarios bélicos y posbélicos (Herzegovina, Kosovo, Albania, Pakistán o Afganistán) y en proyectos de cooperación al desarrollo en países como Mongolia o Marruecos.

También fue fundador, editor y articulista de la revista ONGC de pensamiento político, solidaridad, cooperación y relaciones internacionales. A partir de esta publicación, surgieron los premios ONGC en 2005, que ha galardonado, entre otros, al economista Arcadi Oliveres y al exlehendakari Juan José Ibarretxe.

Registro en la sede de la patronal PIMEC

Entre las sedes que han registrado durante esta mañana de jueves los agentes de la Policía Nacional se encuentra la sede de la patronal Pimec dentro de la operación Estela por un presunto fraude en subvenciones irregulares en cooperación al desarrollo realizada en Cataluña.

El magistrado además ha acordado 20 registros en oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas (entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo y la sede de CATmón) en Barcelona, Manresa, Cabrils, Tordera (Barcelona), Olot (Girona) y Reus (Tarragona), entre otras.

La Diputación pide respetar la presunción de inocencia

La Diputación de Barcelona ha afirmado este jueves que todos los grupos han defendido este jueves máximo respeto a la presunción de inocencia de la corporación y de los implicados en la operación Estela por presunto desvío de subvenciones a asistencia a países en vías de desarrollo.

La presidenta, Mercè Conesa, ha convocado este mismo jueves por la mañana una Junta de Portavoces Extraordinadria con todos los grupos de la Diputación (PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP, Entesa, Cs, PP, CUP-PA), según un comunicado.

La corporación provincial ha añadido que siempre ha facilitado, en todos los casos, la informació requerida por la autoridad judicial, y que su voluntad es de "máxima transparencia", además de recordar que el caso está bajo secreto de sumario.

Financiar el 'procés'

Diez millones de euros. Esa es la cantidad que habrían utilizado instituciones catalanas para financiar parte del 'procés', principalmente para la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Más de 200 agentes de la UDEF  se han desplegado en varias sedes para dar con la documentación necesaria. Los primeros pasos determinan que se trata de fondos públicos cuyo objetivo era apoyar programas de ayuda al cooperación y al desarrollo pero que acabaron financiando la causa independentista.

A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones por un valor mínimo de dos millones de euros.

Partidas para cooperación internacional

La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont, el presidente cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución y fugado para no personarse ante el Tribunal Supremo.

Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17,4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida por Raül Romeva, uno de los exconsejeros encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, cree que la operación policial por posible malversación es una "demostración muy evidente" de que "no había pruebas" y que la acusación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra el anterior Govern "no estaba fundamentada", y ahora "intentan inventárselas".