Meritxell Serret, Toni Comín, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Puig
Meritxell Serret, Toni Comín, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Puig. JUNTSXCAT - Archivo

La Fiscalía ha solicitado al juez del caso abierto por el procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que dicte nuevas órdenes de detención europea dirigidas a Bélgica contra los exconsellers catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, cuya entrega a España fue rechazada este miércoles por defectos de forma.

El Ministerio Público está de acuerdo con el magistrado en que el error en cuanto a la entrega ha sido cometido por Bélgica, y no por el alto tribunal español.

"No obstante, vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas por las autoridades judiciales competentes de Bélgica", considera oportuno solicitar a Llarena que "emita orden europea de detención y entrega" de los procesados "que deberá enviarse directamente a las autoridades judiciales" belgas.

Fuentes del Supremo reprocharon este miércoles su falta de cooperación a las autoridades belgas. Este jueves el propio Llarena ha informado a Alemania de que el error no ha sido cometido por España, sino por Bélgica.

La Fiscalía coincide con los argumentos esgrimidos por el magistrado español y aclara que, en contra de lo interpretado por las autoridades belgas, el auto de procesamiento constituye título judicial suficiente para fundamentar la emisión de la orden europea de detención y entrega de los tres fugados.

Es decir, que los autos de procesamiento en los que Llarena basó las órdenes de entrega satisfacen plenamente las exigencias previstas por la normativa europea y no tenía sentido exigir una orden de detención nacional como ha hecho Bélgica.

"En síntesis, el auto de procesamiento reúne la doble cualidad de auto de prisión u orden detención nacional previa a la orden de detención europea a los efectos de la reclamación y entrega de los imputados que han eludido la acción de la justicia", dice la Fiscalía.

Sin embargo, y ante la necesidad de asegurar la adecuada tramitación de la entrega y puesta a disposición de este órgano jurisdiccional de los fugados, le pide a Llarena que dicte auto de mantenimiento y ratificación de la prisión provisional incondicional acordada con anterioridad. De este modo, quedará cumplido el requisito que la Justicia belga ha echado en falta.