El Tribunal Supremo rechaza dejar en libertad a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa.

El auto del alto tribunal mantiene que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga, por lo que es correcta la imposición de la prisión preventiva contra ellos adoptada por el juez del caso abierto por el "procés" en el Supremo, Pablo Llarena.

El auto además señala que no hay precedentes en la reciente historia europea de un Gobierno de un estado federado alzándose contra la constitución estatal.

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, la Sala indica que la conducta imputada a los recurrentes no ha consistido en un acto aislado, sino en la participación constante y relevante, como miembros del Gobierno y del Parlamento de una Comunidad Autónoma, en un plan que se desarrolló a lo largo de un periodo cercano a los dos años, desde el 9 de noviembre de 2015 hasta octubre de 2017, "en el curso de los cuales se desobedecieron frontalmente las resoluciones del Tribunal Constitucional y se actuó derogando de facto la Constitución, el Estatuto de autonomía y cuantos elementos del ordenamiento jurídico se oponían al designio de los recurrentes".

Un plan que se mantuvo "aún después de los episodios de violencia y de los tumultos que tuvieron lugar el 20 de setiembre con ocasión de los intentos de evitar, con el concurso de la fuerza física, que se diera cumplimiento a resoluciones judiciales de entrada y registro en dependencias oficiales de la Generalitat, pues insistieron públicamente en la convocatoria de la población a votar en el referéndum que pretendían celebrar aun sabiendo que la presencia policial encargada de impedir las votaciones daría lugar a enfrentamientos físicos que, con alta probabilidad, como ya había ocurrido y finalmente volvió a suceder, terminarían en actos de violencia".

A todo ello añade que debe valorarse el contexto en el que se produciría una eventual recuperación de la libertad de los recurrentes, y en ese sentido indica que "no existen indicios de que se haya abandonado de forma clara y definitiva la idea de forzar la colisión con el Estado con la finalidad de declarar la independencia, e imponerla por vías de hecho con el concurso de la movilización popular y, consiguientemente, con la alta probabilidad de enfrentamiento físico con los agentes que actúan para asegurar el cumplimiento de la ley".edición.