La investigación judicial por el máster de Cristina Cifuentes se ha cobrado este jueves su cuarta persona imputada, después de que la juez haya decidido modificar la situación procesal, de testigo a investigada, de la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Alicia López de los Mozos, que negó haber presidido el tribunal de la evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

La titular del Juzgado número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, así lo ha decidido este jueves cuando, tras escuchar la declaración que ha prestado en calidad de testigo la profesora López de los Mozos, ha decidido modificar su situación procesal de testigo por la de investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa y, por tanto, ha suspendido su declaración.

La docente denunció que no formó parte del tribunal que evaluó a Cifuentes, que no firmó el acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta y que no autorizó a nadie a hacerlo, por lo que su firma, aseguró, fue falsificada.

Además, dijo que desconocía si existe este documento o alguno otro relacionado con él en los archivos del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y que se enteró de la existencia del acta con su firma falsificada cuando Cifuentes difundió ese documento.

López de los Mozos se suma a las otros tres investigados en este procedimiento: Cecilia Rosado, profesora del máster de Cifuentes y secretaria del tribunal encargado de examinarla; Amalia Calonge, funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que alteró sus notas, y el exdirector del Instituto de Derecho Público de esa universidad, Enrique Álvarez Conde.

Precisamente Calonge ha comparecido hoy ante la juez durante más de una hora aunque ni ella ni sus letrados han querido hacer ninguna manifestación al término de su declaración judicial.

Lo mismo ha sucedido con Rosado, quien es la única de las tres profesoras cuya firma no aparece falsificada en el acta de evaluación del TFM de Cifuentes, es decir, que la suya es la única firma real en ese documento.

Se trata de las primeras comparecencias en condición de investigados que afronta la jueza que ha asumido la investigación de la presunta falsedad documental en el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en la Universidad Rey Juan Carlos.

Previamente, además de Alicia López de los Mozos, ha declarado Clara Souto, quien junto a la primera denunció que sus firma había sido falsificada, aunque tampoco ha trascendido lo que ha dicho en la sala.

Como ha sucedido también con el marido de López de los Mozos, Sergio Pulido, Pilar Trinidad Núñez (jefa de Inspección de Servicios de la URJC y responsable de la investigación interna sobre este caso) y José Antonio Lobato Moreno, responsable de la Unidad de Postgrado y Títulos Propios de la universidad.

La titular del Juzgado número 51 empezó la investigación por la denuncia de Ángela Figueruelo, catedrática de la Universidad de Salamanca y una de las profesoras cuya firma fue falsificada, en este caso en el acta de convalidación de notas.

Después, asumió la investigación que había iniciado la Fiscalía de Móstoles y finalmente decidió ampliar la causa para averiguar qué ocurrió con el acta relativa a la defensa del trabajo de fin de máster de Cifuentes.

Para el lunes 14 la magistrada ha citado como testigo a Ignacio Escolar, director de eldiario.es (que publicó las primeras informaciones sobre el caso) y el próximo 6 de junio, al exdirector del Instituto de Derecho Público de esa universidad, Enrique Álvarez Conde, pero como investigado.

Ese mismo día declararán como testigos Figueruelo y otros doce testigos, entre ellos los profesores Alfredo Allué y Laura Nuño y nueve alumnos.