La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado este viernes la ley que impulsa JxCat para hacer investiduras a distancia y ha pedido al independentismo que acepte una cosa que ella ha considerado obvia: "Esto es una farsa, Puigdemont no va a volver a ser presidente".

Lo ha dicho en el debate celebrado en el Parlament sobre esta norma, que según Arrimadas supone "pisotear" a la Cámara, ya que existe un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que avisa de que la norma vulnera la Constitución y el Estatut.

"No se lo decimos nosotros, no se lo dice el malvado Tribunal Constitucional, sino el Consell de Garanties, que son aquellos que ustedes pusieron a dedo. El informe es demoledor", ha concluido Arrimadas, que también ha criticado que la ley se tramite por urgencia.

Para la líder catalana de Cs, este viernes la Cámara repetirá "los episodios más negros de este Parlament desde la restauración de la democracia", en alusión al 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.

"Lo que más pena da es que están degradando el Parlament y saben que no servirá para nada. Lo hacen sabiendo que Puigdemont no será presidente", ha concluido Arrimadas, que ha pedido a JxCat, ERC y la CUP que utilicen su mayoría para iniciativas que estén dentro de la ley.

El Parlament ha aprobado este viernes una propuesta de resolución de ERC que pide "recuperar urgentemente todas las instituciones catalanas y acabar con la imposición de artículo 155" formando un Govern.

Este punto de la resolución ha salido adelante en el pleno del Parlament con el respaldo de JxCat, ERC y los Comuns y el rechazo de Cs, PSC, PP, pero también el de la CUP.

Además de recupera las instituciones, el punto pide poner esas instituciones al servicio de la ciudadanía, permitiendo ejercer todo lo necesario para avanzar social, nacional y políticamente "según las mayorías expresadas el 21 de diciembre".

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha explicado que pidieron a los republicanos incluir "la mayoría expresada en el 1-O" además de la expresada el 21-D, y ha desvelado que ERC se negó a incluirlo, por lo que su grupo ha decidido no apoyar el punto de la propuesta, que lleva por título 'Defensa de los derechos civiles y políticos'.

"Lo que nos llevó de ser independientes a ser republicanos es el 1-O. El 1-O que no queremos olvidar y que ERC nos ha dicho que no quiere hablar en una propuesta de resolución que pasará sin pena ni gloria, cuando el derecho a la autodeterminación es un derecho ineludible", ha deplorado.

La portavoz de los comuns, Elisenada Alamany, ha pedido a los independentistas que dejen de hacer "pseudojugadas maestras y gestos simbólicos, porque el país está parado en disputas en los despachos, cuando es hora de mirar adelante, porque no se gana nada sin Govern y se arriesga mucho" sin él; una referencia a las palabras del líder de ERC, Oriol Junqueras, desde la cárcel de Estremera.

El socialista Òscar Ordeig ha advertido a constitucionalistas e independentistas de que es imposible construir un país estando divididos, por lo que ha llamado a respetar al que piensa diferente, también dentro de las filas independentistas, haciendo referencia al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que el jueves pidió a Carles Puigdemont (JxCat) designar un candidato a la Presidencia de la Generalitat la próxima semana.

La diputada de Cs Lorena Roldán ha reprochado a los independentistas -y concretamente al expresidente Carles Puigdemont- que no formen Govern "porque no quieren, manteniendo la parálisis" en Catalunya, que asegura que no permite hablar de educación y sanidad.

También ha salido adelante un punto de la propuesta que pide dar apoyo a las iniciativas jurídicas e institucionales impulsadas por el presidente del Parlament y por la Mesa de la Cámara "en favor del diálogo y la cohesión social", que han apoyado todos los grupos menos Cs, PSC y PP.

Con las mismas mayorías, ha prosperado el punto que defiende las reivindicaciones políticas y rechaza cualquier expresión violenta; el que denuncia el abuso y la desproporción de las actuaciones policiales y de las acusaciones administrativas y penales "para perseguir y criminalizar la disidencia política", y el que pide la liberación de los dirigentes políticos encarcelados.

También con esos apoyos ha salido adelante el punto que reprocha la vulneración de derechos civiles y políticos, así como de derechos fundamentales "que está sufriendo la ciudadanía, las instituciones catalanas y sus representantes escogidos democráticamente".

La republicana Anna Caula ha defendido la necesidad de la propuesta porque considera que el Estado está viviendo una regresión de derechos, porque el Gobierno pone "la unidad de la patria por encima de los derechos humanos".

El diputado de JxCat Lluís Font ha afirmado que las élites económicas y sociales se han servido del proceso independentista para "tapar la tarea necesaria e imperativa de la propia regeneración".

El popular Alejandro Fernández ha afirmado que España es una democracia y ha reprochado a los independentistas plantear "objetivos imposibles que, cuando se convierten en inviables, los transforman en derechos fundamentales", y ha puesto como ejemplo la propuesta de un referéndum catalán homologable en Europa que se acabó planteando como el derecho fundamental a realizar una consulta unilateral al ver que la primera opción era inviable, en su opinión.