El conseller destituido Jordi Turull ha seguido con la línea dura ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y le ha pedido que haga "justicia y no política". "No sé si en noviembre era un preso político, pero ahora no tengo ninguna duda", le ha dicho, según fuentes cercanas a su defensa. Durante la declaración, ha acusado a Llarena de volverlo a encarcelar el pasado 23 de marzo porque, tal y cómo dice a la interlocutoria de procesamiento, "no garantiza un regreso acertado al autogobierno" y, por lo tanto, se ha autodefinido como "preso político".

Llarena, el juez que investiga el proceso soberanista catalán en el Tribunal Supremo, ha citado para este miércoles a los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell para comunicarles su procesamiento.

Según ha dicho Turull, los poderes del Estado "se cruzan" porque es el gobierno español el que dice "cuando" los procesan y "por qué delitos los condenarán" y, en cambio, el Supremo marca "quién tiene que ser el presidente de Cataluña". "No pretendan decidir quién tiene que ser el candidato a presidente", ha manifestado ante Llarena. Además, Turull le ha pedido si tiene alguún informe forense para referirse, como hace en las interlocutorias, a su "esfera psicológica interna" para defender que puede reincidir porque no ha abandonado las tesis independentistas.

Siguiendo la estrategia del resto de encarcelados, Turull ha aprovechado la declaración indagatoria para decirle frente a frente al juez Llarena aquello que considera que no está haciendo bien. Directamente, lo ha acusado de hacer política con sus decisiones y le ha pedido que se aparte de esta línea y no condicione quién tiene que ser candidato a la Generalitat.

Además, lo ha acusado de convertirlo en un "preso político" volviéndolo a encarcelar justamente cuando el Parlament ya lo había propuesto como candidato y se había sometido a una primera votación, que fue fallida.

Según fuentes presentes en la declaración, también le ha cuestionado al juez si tiene algún informe forense que le permita acreditar qué es lo que piensa. En alguna interlocutoria, Llarena se ha referido a "la esfera psicológica interna" de los procesados para argumentar que todavía podían reincidir en los delitos que habían cometido.

Jordi Turull fue nombrado candidato oficialmente por Roger Torrent el 21 de marzo, después de saber que el juez del Supremo, Pablo Llarena, lo citaba dos días más tarde para revisar su libertad provisional. Además, convocó el pleno para el día siguiente, el jueves 22 de marzo, con la intención de que Turull pudiera ir al Supremo a declarar ya como presidente electo. Ahora bien, la CUP no apoyó al candidato y su investidura no prosperó. Por eso, cuando compareció el día 23 de marzo ante Llarena, lo hizo como candidato fallido a la investidura.

Aun así, la citación de Llarena hizo tambalear los planes de investir a Turull la siguiente semana y aceleró los plazos previstos inicialmente. Un hecho que el conseller destituido de presidencia ha reprochado al juez durante la declaración de este miércoles.

La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha defendido ante el juez Pablo Llarena que respetó "en todo momento" el reglamento del Parlamento y también se ha quejado porque considera que su encarcelamiento es "injusto". Según fuentes presentes en la declaración, ha remarcado que su función como presidenta era tramitar iniciativas presentadas "en tiempos y forma".

Ha recordado que como presidenta de la cámara catalana "no tiene ningún poder", que tampoco tiene "ni voto de calidad ni lo ha usado" y que los votos de los diputados están "protegidos por la garantía de la inviolabilidad". También ha asegurado que en ningún caso –y contradiciendo lo que sostiene el juez- animó a la violencia y ha asegurado que renunciaría a sus ideales políticos si para conseguirlos hubiera que recurrir a actos violentos.

Además, ha reprochado al juez que le encarcelara preventivamente el 23 de marzo, le ha recordado que había acatado todas las medidas impuestas por el Supremo (como presentarse todas las semanas a firmar en el juzgado) y que ha renunciado al acta de diputada.

La declaración de la expresidenta del Parlament ha durado media hora y es la última de esta semana. Forcadell no ha sido tan contundente en la crítica al juez y se ha centrado, básicamente, en defenderse de las acusaciones que Llarena ha plasmado en varias interlocutorias. Llarena procesa a Forcadell por rebelión y destaca en la resolución su "papel medular" en el proceso desde sus orígenes. Además, le acusaba de haber permitido aprobar las leyes para celebrar el referéndum y declarar la independencia y, por lo tanto, de poner la institución al servicio "del resultado violento" del 1-O y la proclamación de la república.

Según fuentes cercanas a la defensa, Forcadell ha asegurado que en todo momento se respetó el reglamento del Parlament, que está hecho de manera "garantista para que el presidente no tenga ningún poder".

Forcadell ha asegurado que el único filtro que marca el reglamento para admitir las propuestas de los grupos es "formal" y, por lo tanto, siempre que estén presentadas "en tiempo y forma" se pueden tramitar. En este sentido, ha afirmado que ni la presidenta ni la Mesa pueden evitar un debate si la iniciativa se ha presentado según la ley. Ha dicho que el Parlament "no tiene iniciativa parlamentaria" como tal, sino que la tienen los grupos o el Gobierno.

La expresidenta de la cámara catalana ha defendido el reglamento y ha dicho que está organizado así para que "se pueda hablar de todo" y que la Mesa no pueda ejercer ningún tipo de "censura" y para garantizar "la autonomía parlamentaria".

También ha defendido que desde 1989 existen declaraciones y resoluciones del Parlament que afirman o se refieren a la soberanía de Cataluña y la legitimidad para ejercer el derecho a la autodeterminación y que la mayoría no habían sido recurridas y, por lo tanto, están vigentes.

Como presidenta de la ANC, ha defendido que todas las movilizaciones que organizaron fueron "pacíficas, familiares y sin incidentes". También ha asegurado que es "absolutamente pacífica" y que si en algún caso hiciera falta violencia para conseguir sus convicciones políticas "antes renunciaría a ellas".

En la interlocutoria de procesamiento, también se le acusa de haber ido a manifestaciones. Forcadell ha explicado al juez que solo estuvo dos minutos en la concentración de la Conselleria de Economía el 20 de septiembre y que no hizo ninguna declaración para incitar a la violencia ni organizó los actos posteriores.

También ha reconocido haber hecho acto de presencia en una manifestación del día 22 de septiembre en la Ciutat de la Justicia y haber publicado un tuit exigiendo la libertad de los seis detenidos. Además, ha reconocido que tuiteó también el día 3 de octubre y ha defendido que el paro general era reacción por las "inadmisibles cargas policiales". Ha asegurado, además, que no esperaba que hubiera tal violencia el 1-O y lo ha comparado con el 9-N, que fue una "jornada pacífica".

Asimismo, ha defendido que la ciudadanía puede protestar "pacíficamente" para defender sus derechos y libertades y que esto está reconocido como derecho fundamental en la Constitución.

Además, ha denunciado ante Llarena que se le están vulnerando sus derechos fundamentales porque el procedimiento judicial tendría que instruirse en el TSJC y ha calificado "de injusta" su prisión provisional.

En esta línea, ha defendido que siempre se ha personado en el juzgado a firmar semanalmente mientras ha estado en libertad provisional y le ha recordado que renunció al acta de diputada justo el día antes que ingresó en la prisión.

La consellera destituida de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, ha criticado el procedimiento judicial y la instrucción ante el juez Pablo Llarena y le ha dicho que no considera que sea "justo". Además, le ha recordado que dejó el acta de diputada justo el día antes de comparecer en el Supremo y que el juez la volviera a encarcelar (el 23 de marzo).

Por eso, le ha reprochado que mantenga que puede reincidir a pesar de que ya no forme parte del Parlament, según fuentes presentes en la declaración. Además, ha negado las acusaciones por las cuales el juez lo ha procesado por rebelión y malversación.

En la interlocutoria de procesamiento, el juez le acusaba de haber "asumido el control" de los locales que dependían de su consellería para ponerlos al servicio del 1-O y también de haber "soportado parcialmente" el gasto en papeletas, elaboración del censo y citaciones para hacer las mesas electorales. Su declaración ha sido breve y ha durado unos quince minutos.

También ha aprovechado para afirmar ante el juez que la violencia del 1-O la produjo "la guardia civil y la policía estatal".

El juez que investiga el proceso soberanista catalán en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha citado para este miércoles a los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell para comunicarles su procesamiento.

Llarena cierra con estos tres exdirigentes independentistas la ronda de citaciones a los nueve procesados que están encarcelados de forma preventiva tras haber llamado el lunes a Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Jordi Cuixart y el martes a Joaquim Forn, Raül Romeva y Josep Rull

Turull, Bassa y Forcadell están citados desde las diez de la mañana para una declaración indagatoria en la que tendrán ocasión de expresarse ante el magistrado sobre los delitos de rebelión y malversación por los que los procesa. Hasta el momento, Llarena se ha encontrado con críticas y reproches por parte de los procesados.

En la primera jornada, Sànchez, Junqueras y Cuixart le recriminaron que instruya una "causa política" que criminaliza un "movimiento ciudadano pacífico".

Este martes, tanto Rull como Romeva le acusaron de tomar sus decisiones en connivencia con la política del Gobierno central e insistieron en la teoría del "juicio político".