El exconseller de Interior, Joaquim Forn, ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que revise su prisión incondicional al defender su arraigo personal y su abandono de la política como razones para pedir su puesta en libertad.

Fuentes de la acusación popular que ejerce Vox han informado de que el exconseller ha solicitado la revisión de medidas cautelares durante la declaración indagatoria en la que el magistrado le ha comunicado su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, si bien el juez ha descartado este trámite.

A preguntas de su abogado, Joaquim Forn ha defendido su arraigo personal para echar por tierra el argumento del riesgo de fuga y su alejamiento de la política para destacar la ausencia de reiteración delictiva, dos supuestos que le relaciona el juez para mantenerle en prisión provisional.

Forn, que ha declarado durante unos 30 minutos, ingresó el pasado 2 de noviembre en la cárcel madrileña de Estremera y desde entonces ha solicitado sin éxito en varias ocasiones su puesta en libertad.

La última fue el pasado 20 de marzo cuando la Sala de apelaciones del Tribunal Supremo acordó mantener en prisión provisional al exconseller a petición de Vox, cuando la Fiscalía había pedido que fijara una fianza de 100.000 euros para dejarle en libertad.

En aquella ocasión, el tribunal mantuvo que existía riesgo de reiteración delictiva y señaló que Forn mostró una especial determinación en la ejecución de los hechos delictivos que se le imputan, "cuya organización y ejecución se prolongó durante un periodo cercano a los dos años".

El exconseller de Relaciones Internacionales Raül Romeva se ha proclamado "un demócrata" comprometido con la cultura de la paz y ha denunciado ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena la "criminalización" del independentismo por vías pacíficas.

Romeva ha comparecido ante el juez Pablo Llarena, que le ha comunicado los motivos por los que le ha procesado por los delitos de rebelión y malversación, junto a otros exmiembros del Govern, por la hoja de ruta unilateral a la independencia.

El exconseller ha centrado su intervención en desvincular de cualquier expresión de violencia el programa independentista de ERC, partido con el que se presentó a las elecciones del pasado 27 de diciembre, y ha lamentado que, pese a ser legal, ahora se intente criminalizarlo.

En ese sentido, ha apuntado que Cataluña tiene "legitimidad" para ejercer la autodeterminación, un principio que ha dicho que apoya desde posiciones no nacionalistas, por el hecho de ser "un demócrata".

Romeva ha recordado ante el juez su currículum personal, vinculado a la cultura de la paz y la mediación en la resolución de conflictos, y ha asegurado que nunca ha estado ni estará de acuerdo con el uso de la violencia para conseguir fines políticos.

Tras reivindicar que en el Parlament se puede discutir cualquier idea política y que los diputados están amparados por la "inviolabilidad", Romeva ha criticado ante Llarena la actuación policial para impedir el referéndum del 1 de octubre, que a su parecer fue "desproporcionada".

Para el exconseller, una votación popular "masiva" como la del 1-O no podía reprimirse por la fuerza, teniendo en cuenta además que la celebración del referéndum no era delictiva.

El investigado ha aprovechado su intervención para argumentar que el Tribunal Supremo carece de competencias para investigarlo y denunciar los problemas que asegura se encuentra constantemente para acceder a las actuaciones y trabajar con su defensa.

Además, Romeva ha criticado que esté siendo investigado paralelamente por el juez de Barcelona que indaga los preparativos del 1-O, quien la semana pasada ordenó registrar la sede del Diplocat -entidad de la Generalitat que dependía de su consellería- para seguir el rastro de los pagos a observadores internacionales del 1-O, lo que podría suponer un delito de malversación.

El exconsejero de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña, Josep Rull, ha reprochado de forma contundente al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena la falta de separación de poderes en España y la politización del Poder Judicial, por lo que cree que el juicio que se celebrará contra él y resto de investigados por el 'procés' será "un mero trámite". Ha afirmado también que ninguno de ellos sería juzgado en este procedimiento si el independentismo no hubiera ganado las elecciones en Cataluña.

Llarena ha comunicado este martes Rull su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos que se ha extendido unos 40 minutos. "Vemos el rayo de luz en las tinieblas en algunos países del norte de Europa dónde existe una clase de Justicia mejor que está", ha manifestado Rull citando al poeta Salvador Espriu ante el juez Llarena, que le acusa de participar en múltiples reuniones definitorias de la estrategia independentista y de impedir que un ferry destinado a acoger a policías atracase en el Puerto de Palamós (Gerona).

Para este exmiembro del Govern de Carles Puigdemont la justicia en España actúa movida por presiones políticas. Como ejemplo se ha referido a los "oráculos" del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quienes, al igual que el ministro de Justicia Rafaél Catalá y dice que todos ellos han ido vaticinando lo que iba a ocurrir con los procesamientos, las fechas de las decisiones del instructor e incluso han adelantado términos de la sentencia, que a su juicio "ya está escrita".

Los exconsejeros Joaquim Forn (Interior); Raül Romeva (Exteriores) y Josep Rull (Territorio) han comparecido ante el juez que investiga el proceso soberanista catalán en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quien los ha citado para comunicarles su procesamiento.

Su citación se produce después de que, este lunes, comparecieran ante el juez Jordi Sànchez, candidato a presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, quienes reprocharon a Llarena lo que consideran que es una "causa política" que criminaliza un "movimiento ciudadano pacífico".

El miércoles será el turno de los exconsejeros Jordi Turull y Dolors Bassa y de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.