El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, está compareciendo este jueves en una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior, en el Senado, para dar explicaciones por la polémica actuación de las fuerzas de seguridad durante la jornada el referéndum catalán celebrado el pasado 1 de octubre.

Zoido ha defendido las cargas policiales que se produjeron ya que ese día, "como siempre, las fuerzas cumplieron con la Constitución, tal y como había sido requerido por las autoridades judiciales".

El ministro ha recordado durante su comparecencia que "la Policía Nacional y la Guardia Civil tenían la obligación de impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O". Y por esta razón, ha avalado su actuación, que ha calificado de "legítima, profesional y proporcionada", frente a la actitud fue "de absoluta pasividad y nula colaboración" de los Mossos d'Esquadra.

"Ya de lleno en la jornada del 1-O", continúa Zoido, "en 49 de los 948 municipios catalanes hubo más votantes que censados, como en Polinyá. No voy a opinar. Esto se justifica por el establecimiento ese mismo día a primera hora de un único distrito", añade después de levantarse un poco de revuelo entre los asistentes.

El ministro ha destacado que "se impidió la entrada de los agentes a los colegios electorales y por tanto impidieron que se cumpliera la ley. Provocando que la actuación policial fuera ralentizada y obstaculizada. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad tuvieron que aparatar una a una a las personas". En este sentido, ha especificado que lograron desactivar "113 centros y cien no llegaron a abrir".

Se impidió la entrada de los agentes a los colegios electorales

"Las fuerzas de seguridad encontraron concentraciones preparadas, de entre cientos y miles de personas, que trataban de impedir el acceso de los agentes a los centros de votación", ha dicho en la sala Clara Campoamor de la Cámara Alta. En este sentido, ha subrayado que la actitud hostil y el elevado número de personas parapetadas ante sus puertas hubieran requerido "un uso excesivo de la fuerza".

El ministro ha puesto de manifiesto "la diferente actitud" de las personas parapetadas frente a los distintos cuerpos policiales: de "complicidad y agradecimiento" ante la "inacción" de la gran mayoría de patrullas de los mossos y de "hostilidad y, en muchos casos, violencia y agresividad" ante la actuación legítima de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

"Se ha hablado de una mujer con los dedos de la mano rotos, cuando se demostró que solo los tenía inflamados. La foto de un niño herido que luego resultó ser falta. Muchos medios internacionales alertaron sobre noticias falsas que se estaban publicando. Lamento como el que más que haya habido heridos pero los responsables fueron los que generaron el clima de desobediencia", ha admitido el ministro de Interior.

"Los hechos son lamentables y, preferiblemente, nunca debieron producirse, pero las fuerzas de seguridad del Estado no pueden eludir su responsabilidad, no pueden mirar para otro lado, tienen que actuar cuando las circunstancias lo requieren y además cuando la autoridad judicial o fiscal lo ordena", ha dicho. Pero ese día "fue absolutamente necesario", ha añadido Zoido.

Sobre el uso de pelotas de goma, prohibidas en Cataluña, Zoido ha asegurado en su turno para responder a las réplicas de los grupos políticos, que "se dio únicamente en un centro, por parte de una sola persona y para impedir que el tumulto le arrollara".

Coste del dispositivo

"No voy a terminar sin contar cuánto ha costado a los españoles la arrogancia del que era Gobierno de Cataluña. La cifra no puede ser exacta porque no siempre estaban todos al mismo tiempo, pero unas 4.500 personas formaban el dispositivo más estable, aunque se alcanzaron los 6.000 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil del 30 de septiembre al dos de octubre. Esto ha costado 87 millones de euros entre alojamiento, manutención y desplazamientos. Es una cantidad muy importante de dinero", ha desvelado Zoido.

"Otro alto coste que pagamos los españoles por la irresponsabilidad del gobierno independentista y al que hay que sumar además de los 1.000 millones sobre el impacto de la desaceleración económica, las cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35 % en las reservas hoteleras", ha detallado el ministro.

Además, ha justificado el dispositivo sin precedentes por la necesidad de dar cumplimiento a los mandatos judiciales, que incluía a los Mossos d'Esquadra, cuya actuación ha sido cuestionada por el ministro y que se mantuvo incluso después del referéndum del 1-O, cuando se desencadenaron "episodios de acoso" contra policías y sus familiares.

En su discurso ha reconocido las incomodidades por la "polémica" contratación de los barcos en la búsqueda de "alojamientos seguros o de fácil protección, de rápida ocupación, pero prolongada en el tiempo, aunque sin poder concretar cuánto y sin poder hacer una contratación muy anticipada".