Con la cuenta atrás iniciada para las elecciones catalanas del 21 de diciembre, algunas formaciones soberanistas como PDeCAT y ERC ya han manifestado el interés de repetir y acudir a ellas en una lista unitaria, aunque con matices —otras como la CUP retrasan la decisión hasta el 12 de noviembre—. No obstante, salvo el anuncio realizado por Carles Puigdemont el viernes desde Bruselas de que quiere ser candidato de una lista unitaria de cara al 21-D, todo son especulaciones en torno a quién o quiénes podrían encabezar esa lista, especialmente con los principales dirigentes independentistas como Oriol Junqueras, parte del govern cesado o los Jordis en prisión. Pero, ¿puede un encarcelado presentarse a unas elecciones?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) califica de "inelegibles" a "los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena". Asimismo, establece que tampoco pueden concurrir en una lista electoral "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".

Teniendo en cuenta que no es el caso de ninguno de los dirigentes independentistas presos —en prisión preventiva—, sí podrían ir en una lista electoral, una situación insólita en Cataluña, tal y como recoge El País, aunque ya ha habido algún precedente en las elecciones vascas de 1980, donde Herri Batasuna incluyó en su candidatura a José Ignacio Pikabea, detenido en 1979 por pertenecer a ETA.

El propio portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, admitía este viernes que los encarcelados pueden presentarse a las elecciones si no hay una sentencia firme que los inhabilite. "Mientras no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos", afirmó.

Si resultan elegidos en las urnas, los dirigentes que permanecen en prisión preventiva podrían desplazarse hasta el Parlament para asumir su cargo. Eso sí, su condición cambiaría al ser aforados, por lo que la jueza de la Audiencia Nacional que lleva este caso, Carmen Lamela, tendría que enviar estos procedimientos al Tribunal Supremo, que es quien está tratando las imputaciones de los miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos Carme Forcadell.

"Los diputados del Parlamento pueden ser suspendidos de sus derechos (...)  si es firme el acto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el Pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados", de acuerdo al artículo 25 del Reglamento del Parlament de Cataluña. Además, pueden dejar de ser diputados si han sido "condenados por sentencia firme a una pena de privación de libertad que imposibilite su asistencia a las sesiones plenarias". Para que esto sea efectivo sería necesario un dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados y el Pleno del Parlament debe adoptar el acuerdo por mayoría absoluta.

Asimismo, también pueden perder su condición de diputados y, por lo tanto, ser expulsados de la Cámara, por "una sentencia judicial firme que anule su elección o proclamación", o bien "por la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme", según el artículo 24 del reglamento del Parlament.