El fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, ha recurrido la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska sobre la identificación de los cadáveres del accidente del avión Yak-42 en mayo de 2003, en el que murieron 62 militares españoles. Marlaska decidió archivar el caso al considerar que no existían indicios de delito, a pesar de que reconocía que se emplearon variables "insuficientes y ajenas a una mínima seriedad".

En opinión de Marlaska, los hechos, aunque graves, no revisten "relevancia penal", es decir, que no son suficientemente graves como para mandar a la cárcel a los responsables de la identificación.

Las familias de las víctimas y Bono, contra Marlaska

Burgos, en su recurso, considera que los documentos existentes "no tienen solamente la finalidad de certificar una muerte y describir sus causas más o menos fielmente, sino la de identificar" a los cadáveres, lo que considera que es "un dato sustancial y de trascendental importancia".