El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa contra el embajador de España en Afganistán, Emilio Pérez de Agreda, por su responsabilidad en los atentados de 2015 al considerar que quien debería haber velado por la seguridad de la embajada es el Estado y no su representante.

La causa, que se inició a raíz de una querella presentada por los familiares de una de las víctimas, también se dirigía contra el segundo embajador, Oriol Solá, en relación con el atentado ocurrido el 11 de diciembre de 2015 en el que fallecieron dos policías españoles y otros siete resultaron heridos.

En un auto, el magistrado destaca que "la embajada se encontraba fuera del espacio de seguridad de la capital afgana, lo que suponía que la sede fuera un objetivo especialmente vulnerable frente a posibles atentados" y añade que "el Estado español debió mucho antes adecuar las correspondientes medidas de seguridad".

De esta manera, Pedraz considera que no se les puede atribuir un delito de homicidio imprudente por una "posible omisión del Estado" ya que no son "expertos en seguridad".