El expresidente de la Junta José Antonio Griñán ya no tendrá que hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 4,2 millones de euros que le impuso el juez de refuerzo del caso de los ERE, Álvaro Martín, tras su procesamiento en la pieza política del caso.

Así lo ha determinado este juevez la jueza María Núñez, que ha archivado tanto esta fianza como las impuestas al resto de ex altos cargos procesados, después de que la Junta de Andalucía, que es la parte perjudicada en el caso, pero que no acusa a nadie, haya decidido no reclamar ninguna cantidad hasta después del juicio penal. "No cabe el ejercicio de la acción civil por el Ministerio Público ni, por supuesto, por otra acusación distinta al perjudicado", ha expuesto la magistrada en sus autos.

Esta decisión anula también las fianzas impuestas por el juez Martín a varios exconsejeros del Gobierno andaluz: 6,7 millones para José Antonio Viera; otros 4,2 millones para Carmen Martínez Aguayo; y 3,7 millones para Francisco Vallejo.

Y las fianzas millonarias que en su día determinó la jueza Mercedes Alaya, que impuso 807 millones de euros al exconsejero Antonio Fernández; 686 millones al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero; 490 millones al exviceconsejero Agustín Barberá; y 29 millones a la exconsejera Magdalena Álvarez. La decisión de Núñez no afecta al expresidente Manuel Chaves, al que no se le impuso ninguna responsabilidad civil.

Con el archivo de estas fianzas, la magistrada María Núñez pone punto y final a la instrucción de la pieza política del caso, que abrió en 2011 la jueza Mercedes Alaya, después de elevar en la mañana de este jueves a la Audiencia Provincial de Sevilla la pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que afecta a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 24 exaltos cargos, entre ellos seis exconsejeros.

Así, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha explicado que se ha remitido la causa a la Audiencia en formato digital y con un índice de 57 páginas a través del cual se podrá acceder fácilmente a cualquier diligencia o actuación de esta causa, cuya instrucción comenzó la jueza Mercedes Alaya en enero de 2011. Una vez se turne a la Sección correspondiente encargada de enjuiciar el procedimiento se mandará en formato papel.

La causa se compone de 11 CD que incluyen 38 tomos y las declaraciones prestadas a lo largo del procedimiento, en total 14.276 folios, a lo que hay que sumar un total de siete tomos anexos que incluyen fundamentalmente documentación relativa a la causa especial seguida contra los aforados en el Tribunal Supremo.

La jueza, que ha agradecido el trabajo desarrollado por los funcionarios asignados a esta causa, ha asegurado que la misma se ha enviado sin ningún tipo de retraso a la Audiencia. "Voy en mi tiempo", ha manifestado. La magistrada, al remitir la causa en formato digital, ha defendido que "tenemos que estar por modernizarnos y tender al 'papel cero' y a las nuevas tecnologías", señalando en este sentido que "hay cierta resistencia al cambio".

Preguntada por la fecha en que podría celebrarse el juicio, la jueza ha vaticinado que podría celebrarse a lo largo del presente año 2017 a través del desdoble de la Sala a la que le toque enjuiciar la causa, aunque ha indicado que, no sólo se trata de contar con medios personales, sino también con medios físicos y una Sala con el suficiente espacio para acoger el juicio.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, presidida por el magistrado Pedro Izquierdo, ex secretario general de Justicia de la Junta de Andalucía, ha sido elegida por medio de un sorteo celebrado este jueves para juzgar la pieza política de los ERE.

El sorteo se ha llevado a cabo a las 12.30 horas de este jueves en la biblioteca de la Audiencia Provincial de Sevilla, y en el mismo han participado las secciones Primera, Tercera y Cuarta de la Audiencia, ya que la Sección Séptima se encarga de resolver los recursos presentados en este procedimiento y, por tanto, no puede enjuiciar la causa.

Así, se han introducido tres bolas -cada una con el nombre de un sección- en una botella de cuero que antiguamente era utilizada para el reparto de sumario, y ha sido el secretario de la Audiencia Provincial, Luis Revilla, la mano inocente encargada de extraer la bola de dicha botella.

En presencia del presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, y de los presidentes de las secciones Primera, Pedro Izquierdo, y Tercera, Ángel Márquez, el secretario ha extraído la bola por la que se asigna el enjuiciamiento de la causa a la Sección Primera.

En declaraciones a los periodistas tras realizarse el sorteo, el presidente de la Sección Primera, que está compuesta por cinco magistrados, ha explicado que, ahora, se realizará un sorteo interno para elegir al magistrado ponente del procedimiento, que a su vez designará a los otros dos jueces que formarán el tribunal encargado de enjuiciar la causa.

Preguntado por si se abstendrá de formar parte del tribunal que juzgue a Chaves y Griñán dado su pasado como ex alto cargo en la Consejería de Justicia de la Junta -puesto que llegó a ocupar durante la etapa de Griñán en la Presidencia de la Junta-, Pedro Izquierdo ha señalado que, una vez se realice el sorteo interno y se conozca si forma parte del tribunal, "tomará la decisión que tenga que tomar en ese momento".

"El examen de la causa va a llevar muchísimo tiempo" dada la "magnitud" del caso, ha resaltado Pedro Izquierdo, que ha reconocido que este procedimiento "va a afectar de forma seria al funcionamiento" de la Sala, por lo que ha confiado en que se tomen las medidas oportunas por parte de la Audiencia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pedro Izquierdo ha reclamado "sosiego, calma y el tiempo necesario para abordar un asunto de tanta complejidad" como es la pieza política de los ERE y ha admitido que "no es un asunto más", aunque ha querido dejar claro que la trascendencia de este asunto es la misma que pueden tener el resto de causas asignadas a su tribunal.

"No nos pongamos nerviosos, esto es trabajo, nada más, sólo pido trabajar con tranquilidad y sosiego", ha concluido el presidente de la Sección Primera de la Audiencia, que también está compuesta por los magistrados Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Auxiliadora Echevarri.

En un auto fechado el 3 de noviembre de 2016, el entonces juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, dictó auto de apertura de juicio oral contra Chaves, Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos seis exconsejeros: José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández.

En el auto, el juez también abrió juicio oral contra los exviceconsejeros Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez, y José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado.

También abrió juicio oral contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex directores generales de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, Antonio Valverde y Jacinto Cañete, y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.

El instructor abrió juicio oral contra los 26 acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito de asociación ilícita --delito del que únicamente acusa el PP-A--, mientras que también abrió juicio oral por un delito continuado de malversación de caudales públicos contra 18 de los acusados, entre ellos Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo. De este modo, no abrió juicio oral por el delito de malversación ni contra Chaves, ni contra Zarrías, ni contra Magdalena Álvarez, entre otros.

El juez procesó a los 26 ex altos cargos referidos por medio de un auto dictado el 31 de mayo donde explicaba que fue entre 2000 y 2011 cuando "se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse 'procedimiento específico', cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada pero no inferior a 854.838.243 euros".

Tras el procesamiento, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Manos Limpias se adhirió a este petición.

De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.