La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán seis años de cárcel por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, así como 30 años de inhabilitación, por su procesamiento en la pieza separada correspondiente al procedimiento específico por el que fueron concedidas las subvenciones investigadas en el caso de los ERE.

Asimismo, la Fiscalía he pedido para el también expresidente andaluz Manuel Chaves diez años de inhabilitación especial por un único presunto delito de prevaricación continuada, lo mismo que para la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías, acusados también de un solo delito continuado de prevaricación.

En total, el auto de acusación se dirige contra 26 ex altos cargos, incluidos los dos expresidentes. A todos ellos se les acusa de un delito continuado de prevaricación y a 18 de ellos, además, de malversación de caudales.

De este último grupo de 18 acusados, para doce de ellos el fiscal pide 8 años de prisión, entre ellos, para los exconsejeros de la Junta José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo y para el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Para los seis restantes, como la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, el Ministerio Público pide seis años de cárcel.

Los autores del delito de malversación, continúa el escrito de acusación, al que ha tenido acceso 20minutos.es, responderán solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010, que ascienden en conjunto a 741,59 millones de euros. De estos, 483,9 millones de euros corresponden a los años en los que está implicado Griñán.

Según expone Anticorrupción, la labor de fiscalización de la Intervención de la Junta puso de manifiesto en el año 2000 una serie de irregularidades en la gestión de las ayudas sociolaborales que concedía la Consejería de Empleo. Estos reparos de la intervención llegaron a cuestionar y retardar el pago de este tipo de subvenciones, lo que suponía un aumento de la conflictividad sociolaboral en la comunidad autónoma.

Para evitar esta labor de fiscalización de la Intervención, que "entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas", los encausados modificaron los presupuestos de la Junta introduciendo una aplicación presupuestaria, las conocidas como "transferencias de financiación", al Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, (posteriormente, Agencia IDEA) en materia de relaciones colectivas, que permitía de "manera consciente" que los fondos públicos destinados a estos colectivos se gestionaran sin fiscalización previa.

La transferencia de financiación es un mecanismo previsto para que las entidades públicas desarrollen la actividad genérica que legalmente tengan asignada en su normativa, lo que determina un sistema propio de control, tanto del movimiento de fondos públicos de la Consejería de Empleo al IFA, como de la actuación que hacía este instituto, que se limitaba a pagar lo ordenado por Empleo a través de una fiscalización a posteriori mediante técnicas de auditoria.

Estas ayudas sociolaborales, señala la Fiscalía, al igual que las subvenciones a empresas, no se conocían públicamente, ya que se trataba de ayudas excepcionales que no tenían convocatoria, a pesar de que era obligatorio ante su permanencia  por más de diez años.

La gestión de dichas ayudas por la Consejería de Empleo a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social ( DGTSS) ya no quedaba sujeta a una fiscalización previa individualizada, lo que permitió que no se tramitaran expedientes en los que quedase constancia de cada fase de las ayudas (solicitud de los beneficiarios , declaración de la excepcionalidad de la ayuda a dar, examen la documentación y acreditación de la situación que diera derecho a percibir la ayuda, resolución de concesión , publicidad  y justificación).

Adicionalmente, los encausados buscaron no tener límites en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas. Al no haber fiscalización previa y ordenar el pago que hacía luego el IFA, explica el fiscal, la intervención no podía comprobar la existencia de crédito anual suficiente para poder pagar los compromisos que se asumían por Empleo.

Los encausados hasta el año 2002 movilizaron los fondos públicos al IFA mediante modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta o por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, recogiendo en los anteproyectos de presupuestos desde dicho ejercicio y hasta el 2009 las transferencias de financiación al IFA en materia de relaciones laborales. En el ejercicio 2010 se aprobó una Encomienda de Gestión, un sistema distinto que, si bien dio una mayor apariencia de formalidad en la tramitación de la ayudas, no supuso cambio alguno en la gestión presupuestaria de los fondos.

Como consecuencia de la ausencia de la fiscalización debida y de la debida convocatoria pública de estas ayudas, se puso en manos de la Consejería de Empleo "año a año" unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno, vedando a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad, facilitando que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis  empresarial.

Esta gestión realizada por los encausados pertenecientes a Empleo era conocida por el resto de encausados, puesto que se puso de manifiesto en los informes realizados por la Intervención andaluza desde el ejercicio 2002 , muy especialmente en el llamado "informe adicional" del ejercicio 2003 y notificado en 2005, así como en los informes de auditoría de cuentas  de IFA/IDEA y en varios informes encargados por la Consejería de Empleo a despachos de abogados y consultores externos a la Administración autonómica, en los ejercicios 2008 y 2009.