El juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos seis exconsejeros, y ha impuesto a Griñán una fianza de 4.214.702 euros.

En un auto fechado el 3 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez abre juicio oral contra los expresidentes y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza 'política'.

En el auto, el juez también abre juicio oral contra los exviceconsejeros Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez, y José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado. Y también contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex directores generales de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, Antonio Valverde y Jacinto Cañete, y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.

El instructor abre juicio oral contra los 26 acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito de asociación ilícita --delito del que únicamente acusa el PP-A--, mientras que también abre juicio oral por un delito continuado de malversación de caudales públicos contra 18 de los acusados, entre ellos Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo. De este modo, no abre juicio oral por el delito de malversación ni contra Chaves, ni contra Zarrías, ni contra Magdalena Álvarez, entre otros.

El juez explica que el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que "desde que resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades, si no prestare la fianza exigida".

En este sentido, el magistrado de refuerzo crea una pieza separada de responsabilidad civil y exige una fianza de 4.214.702 euros a Griñán y a Martínez Aguayo; de 6.229.108 euros a Viera, y de 3.763.332 euros a Francisco Vallejo, apercibiéndoles de que, en el caso de no prestar dicha fianza en el plazo de 30 días, se procederá a decretar el embargo de bienes "en cuantía suficiente" para cubrir dicha cantidad.

Sobre los otros 14 procesados por indicios de un delito continuado de malversación de caudales públicos, el juez acuerda traer a la pieza 'política' de los ERE las piezas de responsabilidad civil creadas en la causa matriz.

Para la determinación de estas cuantías, el juez explica que "se ha atendido al criterio de los ejercicios durante los cuales se participó, presuntamente, por los acusados en la malversación, ponderando el número de implicados que hubo en cada uno de esos ejercicios, de lo que cabe seguir un reparto de la responsabilidad en atención a ese número de responsables, aunque finalmente pueda acabar siendo exigida de un modo solidario".

Asimismo, y según pone de manifiesto el magistrado instructor, "se ha ponderado la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de estas sumas, por lo que se aplica una reducción hasta el diez por ciento de la cantidad cuantificada" por la Fiscalía Anticorrupción en cada ejercicio, "lográndose así la suma total que se exige afianzar a cada acusado".

El magistrado acuerda dar traslado de los escritos de acusación a los 26 ex altos cargos procesados para que, tras ello y en el plazo común de 30 días, presenten sus respectivos escritos de defensa "frente a las acusaciones formuladas", señalando que "si las partes acusadas no presentaren el escrito en el plazo señalado se entenderá que se oponen a la acusación y seguirá su curso el procedimiento".

Al efecto de cumplir con este traslado, el juez concede un plazo de cinco días para que los acusados comparezcan "de manera voluntaria" en el Juzgado.En atención a la pena "señalada al delito perseguido", el juez declara órgano competente para el conocimiento y enjuiciamiento de la causa a la Audiencia Provincial de Sevilla, todo ello en un auto contra el que no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.

El juez procesó a los 26 ex altos cargos referidos por medio de un auto dictado el 31 de mayo donde explicaba que fue entre 2000 y 2011 cuando "se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse 'procedimiento específico', cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada pero no inferior a 854.838.243 euros".

Tras el procesamiento, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Manos Limpias se adhirió a este petición.

De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho esperar que sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sean juzgados "cuanto antes, porque cuanto antes se celebre el juicio, antes quedará clara su honestidad".

"Confío en que va a ser así", ha dicho en referencia a que quedará demostrada la honestidad de Chaves y Griñán, y ha añadido que el juicio contra ellos debe celebrarse "cuanto antes, mejor, porque ha pasado ya mucho tiempo",

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha defendido este viernes la "honestidad" de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y ha confiado en que ambos sean absueltos.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Montero ha dicho que la postura del Ejecutivo andaluz es de "respeto a la Justicia y de total colaboración" y ha añadido que tiene "confianza plena" en la honestidad de los expresidentes regionales, con los que ha destacado que ha trabajado.

Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha calificado de "mala noticia" que el juez haya decidido abrir juicio oral contra los expresidentes andaluces, y ha deseado que sean absueltos.

"Es una mala noticia, pero es la noticia de la normalidad democrática y judicial en nuestro país", ha señalado, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. "Espero que se haga justicia, y ojalá la justicia sea que queden absueltos", ha añadido.