El juicio por la consulta del 9N concluye este viernes con la utilización del derecho a la última palabra de los tres acusados: el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau.

La jornada ha empezado a las 9:15 con la lectura del informe final del fiscal Emilio Sánchez Ulled, que tratará de demostrar que los testigos, peritos y la documentación evidencian que Mas, Ortega y Rigau continuaron con la organización de la consulta después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenase suspenderla cinco días antes.

El fiscal ha asegurado en su introducción que "no se está enjuiciando la voluntad popular", a su entender "tanto los acusados como varios testigos han hecho hincapie en que el día que hizo la votación" del 9N esta "no se impidió". Y aquí lo que "estamos intentando dilucidar es si se vulneró un mandato del tribunal".

Según Emilio Sánchez Ulled: "Aquí no se está persiguiendo la democracia, quiero insistir en ello, se está valorando si hubo desacato a una sentencia del TC. Y lo digo con tristeza"

Sánchez Ulled ha confirmado durante su exposición que él estaba de guardia el 9N y que no actuó en contra.

El fiscal ha reconocido que "no ha conseguido acreditar" que el 9 de noviembre se actualizara la base de datos "lo reconozco" ha admitido,  pero que atendiendo a las pruebas "la base de datos estaba bajo control público".

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha mantenido la tesis que "el presidente de la Generalitat articuló una estrategia para no impedir la consulta del 9N ".

El fiscal ha aseverado: "Creo que ha quedado palmáreamente demostrado que aquí hubo una voluntad de continuar con la consulta" y de no impedirla como así lo requería el Tribunal Constitucional. En este sentido se ha preguntado "¿Qué se hizo el 9 de noviembre? No se hizo nada para suspender aquello que estaba en curso teniendo la obligación de hacerlo".

En su argumentación, el fiscal ha continuado: "El mismo día 4 de noviembre en el que se prohíbe la convocatoria del 9N hay una reunión del Govern, hay conocimiento desde el segundo uno" y ha continuado que "des de un inicio de la convocatoria se recurre a actos jurídicos, se era consciente de que podía haber una suspensión".

En su informe, el representante de la Fiscalía Emilio Sánchez Ulled se ha reafirmado en la tesis de que "el acusado Artur Mas es evidente que es el principal responsable de la organización de los actos, la señora vicepresidenta (Joana Ortega) es el tronco nuclear de los actos desarrollados y la señora Rigau como consellera de Enseyament tenía unas materias determinadas en las que hacer su contribución".

Y ha criticado el fiscal que "ha sido muy revelador el clima de sonrisas y miradas entre testigos y acusados, creo que eso lo debe tener en cuenta el tribunal".

Durante la lectura de la conclusiones del fiscal, los acusados Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau han hecho comentarios en voz alta sobre alguna de las argumentaciones, ante lo qual el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, les ha llamado al orden.

"No pueden intervenir, me despistan", se ha quejado el fiscal Emilio Sánchez Ulled porque los encausados hacían aspavientos y murmuraban contra algunos de los argumentos que desgranaba en su pormenorizado informe de conclusiones.

"Es la segunda vez que les hago la recomendación de mantenerse en silencio. Más adelante tendrán posibilidad de hablar en el turno de última palabra", ha terciado Barrientos, ante lo que los encausados han guardado silencio y han permitido que Ulled prosiguiera con su exposición.

Sobre si la página web www.participa2024.cat  (que aún se puede consultar) se podía haber parado o no, el fiscal considera que ha quedado desvirtudado el argumento del Govern de que no podía para la web. Según el fiscal "el poder público podía para la web y no lo hizo, continuó hasta el final". Y ha añadido que ha quedado "probado que se añadieron ficheros a la página web del 9N tras la prohicición del TC".

Sostiene el fiscal sobre el reparto del material para la votación que la realizó una empresa contratista de la Administración el 7 de noviembre, cuando ya estaba suspendida (el 4 de noviembre) la consulta del 9N por el TC.

Sánchez Ulled ha querido destacar que los voluntarios declararon que cuando llegaron a los locales de votación "ya estaba todo perfectamente preparado", ante lo que el fiscal ha afirmado: "Pues claro, los contatistas de la Administración lo prepararon".

Todo esto se hizo "para cubrir las apariciencias" ha asegurado el fiscal, quien espera que "el tribunal lo tenga en cuenta".

El fiscal ha finalizado sus conclusiones Emilio Sánchez Ulled: "este es un juicio perturbador por su relevancia pública y mediática".

Sánchez Ulled ha recordado que "estoy aquí por encomendación de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, me dijo quiero una valoración técnica rigurosa, en el sentido que sea: si es de archivar de archivar y si es de acusar de acusar". Y ha insistido que "el tribunal es rabiosamente independiente y tan independiente será si hay sentencia culpatoria o archivatoria".

En este sentido Sánchez Ulled ha aseverado en un tono muy duro: "La Fiscalía no depende del Gobierno y no hemos recibido ni una sola indicación que proceda de allí, además de que yo no lo habría consentido".

Y ha criticado que "lo dramático de este asunto es que es un torpedo contra el sistema jurídico que tenemos y no se puede contraponer democracia y estado de derecho, eso es tremendamente peligroso".

El fiscal ha asegurado que "este juicio también es democracia".

"Tan democrático será este tribunal si condena como si absuelve. Espero que condenen, que para esto estoy aquí. Es que ya está bien de todo lo que se está organizando alrededor de este acto", ha proclamado Emilio Sánchez Ulled, en alusión implícita a las declaraciones y la concentración ante el juzgado el primer día de juicio.

También ha desvelado que si el expresidente de la Generalitat Artur Mas hubiese aceptado que le interrogara en el juicio del 9N, le habría mostrado la providencia del Constitucional (TC) que suspendía la consulta y le habría preguntado: ¿qué es lo que no entiende?".

En la exposición de su informe de conclusiones, Ulled ha recordado que Mas se acogió el pasado lunes a su derecho a no responder a las preguntas del ministerio público, como ya había hecho en la fase de instrucción.

Si Mas hubiese aceptado el interrogatorio por parte del fiscal, Ulled ha desvelado que lo primero que habría hecho es pedirle al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que le mostrara la providencia del TC del 4 de noviembre que suspendía la consulta del 9N para preguntarle: "¿qué es lo que no entiende?".

"Y a partir de ahí habríamos empezado a hablar", ha sostenido Ulled, que posteriormente ha recordado que la providencia del TC suspendía el proceso de participación y "las actuaciones de preparación de los poderes públicos" sobre el mismo: "para cualquier lector medianamente escrito eso estaba clarísimo", ha añadido.

Precisamente, una de las principales líneas del informe acusatorio de Ulled se basa en que Mas, Ortega y Rigau "decidieron caprichosamente prescindir del mandato constitucional" que suspendía la votación del 9N.

"Nada se hizo para suspender aquello que estaba en curso, teniendo la obligación de hacerlo", ha esgrimido Ulled, que considera que en el juicio que se ha celebrado a lo largo de esta semana en el TSJC ha quedado "palmariamente acreditado" que el Gobierno catalán acordó continuar con el 9N "de un modo absolutamente encubierto, generando la apariencia de que se paraba y que todo quedaba en manos de voluntarios".

En opinión de Ulled, si no se instó a la ejecución de la orden de suspensión de la consulta es porque "el TC no podía imaginarse un contexto de deslealtad institucional de tamaño calibre".

Para el fiscal, el juicio ha acreditado que Mas, como presidente de la Generalitat, fue el "máximo responsable" de la celebración del 9N, Ortega se convirtió en el "tronco nuclear" de la coordinación del proceso y Rigau tenía como principal misión poner los institutos a disposición del 9N.

Ulled también se ha referido implícitamente a la "sorna" con la que el exconseller de Presidència Francesc Homs reaccionó cuando el pasado miércoles el ministerio público acordó no plantearle preguntas, ante lo que el actual diputado de PDeCAT en el Congreso llegó a ironizar sobre la falta de "valentía" del fiscal y exclamó: "¡qué lástima!".

El fiscal ha alegado que existe abundante jurisprudencia que avala que no se puede preguntar a un testigo cuando está encausado ante otro tribunal por hechos análogos, como es el caso de Homs, que será juzgado a partir del próximo día 27 en el Tribunal Supremo.

Durante la exposición de su informe, el fiscal también ha pedido al tribunal que a la hora de valorar las testificales tenga en cuenta el "clima de sonrisas y miradas" que ha habido entre algunos de los testigos y los acusados.

Precisamente, se ha referido a la ambigüedad con que algunos testigos de la defensa han definido el 9N a lo largo del juicio y, tras reconocer ante el tribunal que iba a caer en una "frivolidad para bajar la tensión", ha ironizado: "es una consulta que me parece de Gila, alguien ha organizado algo".

La acusación popular en el juicio del 9N, liderada por el Sindicato Profesional de Policía, ha pedido este viernes inhabilitar diez años al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau por desobediencia grave y prevaricación al considerar que se "concertaron" para desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) permitiendo la consulta pese a la suspensión.

Durante la lectura de informes en la última sesión del juicio, el abogado Antonio Alberca ha asegurado que la resolución del TC para suspender cautelarmente la consulta era absolutamente clara y con lenguaje sencillo: "No hay lugar a ninguna confusión" respecto al alcance de su resolución.

La acusación --del Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía, la Asociación Arca Ibérica y un particular-- ha explicado que Mas, Ortega y Rigau, dentro de sus competencias, "podían haberlo evitado dando las órdenes oportunas y no quisieron".

A su entender, "quedaron ocultos detrás de una supuesta organización de voluntarios" pero en realidad habían tomado resoluciones, o dejado de tomarlas, para que todo funcionara y estuviera a punto el 9N.

Alberca ha citado el recurso presentado por la Generalitat tras saber la resolución del TC en la que precisamente aceptaba que la consulta no se podría celebrar si no había respuesta del Constitucional: "Los servicios jurídicos expresamente son conscientes de que no se puede ignorar el veto del TC".

"Los acusados sabían que su conducta era antijurídica", según Alberca, que ha enumerado las pruebas que a su entender se han recopilado en el juicio para probar que los acusados realizaron acciones para que se celebrase la consulta pese a la suspensión.

Entre ellos, ha explicado que la Generalitat era el interlocutor y quien pagaba a todos los proveedores y contratistas que proporcionaron todo el material necesario para hacer la consulta: ordenadores, programas informáticos, urnas y papeletas, entre otros: "Ellos habían puesto la maquinaria en marcha" y no hay indicios de que la pararan, ha dicho.

Ha enumerado como pruebas que se distribuyeron las urnas tras el veto; se dispuso del centro de prensa; se formó a los voluntarios; nadie dijo a los directores que se debía parar la consulta y, en cambio, "se les dio todas las facilidades para que todo continuara".

Por todo eso, la acusación pide para los tres acusados diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El abogado del expresidente de la Generalitat Artur Mas, Xavier Melero, se ha preguntado de forma retórica este viernes a mediodía, durante la presentación de su informe final en el juicio por el 9N, si su cliente era la única autoridad que tenía que parar el proceso participativo, si el propio TC no lo requirió específicamente, la fiscalía ni ningún juez de guardia lo hicieron y el propio Gobierno español tampoco actuó y minimizó las votaciones.

De hecho, ha dicho que "si Mas se equivocó lo hizo de la mano de mucha gente cualificada", como los juristas a quién él consultó.

Por eso, ha dicho que invocaba no el precepto legal de 'in dubio pro reo', sino el de 'in dubio pro libertate'.