La Fiscalía ha mantenido este jueves su petición de diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y nueve para las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia y prevaricación, al seguir con la consulta del 9N tras su suspensión por el Tribunal Constitucional.

En el trámite de conclusiones, que inicia la recta final del juicio que se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha elevado a definitiva su petición de condena, mientras las defensas mantienen su solicitud de absolución para Mas, Ortega y Rigau al sostener que no desobedecieron al TC.

El Ministerio Público considera que, si el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos, las condenas totales deben ser de nueve años y seis meses para Mas, y de ocho años y siete meses tanto para Ortega como para Rigau, además de una multa.

Por su parte, la acusación popular, que ejercen los sindicatos policiales SPP y UPF y Manos Limpias, reclama finalmente una condena de doce años de inhabilitación para los tres acusados, tras retirar la pena de seis años de cárcel que al principio planteaba para ellos, dado que el TSJC ya descartó que los encausados incurrieran en un delito de malversación, que a diferencia de la prevaricación y la desobediencia sí está castigada con penas de prisión.

Tras escuchar la declaración de los acusados y de los testigos que en los últimos cuatro días han desfilado ante la sala del TSJC que juzga el 9-N, la Fiscalía ha anunciado que mantiene su petición inicial de penas, que en el caso de Mas es de diez años de inhabilitación para cargos públicos y funciones de gobierno, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal.

El mismo tipo de inhabilitación, en este caso de nueve años, ha pedido el ministerio público para Ortega y Rigau, a las que considera cooperadoras necesarias en los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional de que se acusa a Mas por mantener la consulta soberanista de 2014 tras la suspensión.

En su escrito de acusación, que este jueves ha elevado a definitivo, la Fiscalía sostiene que los encausados articularon "una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión de la consulta del 9-N", siendo "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento de las órdenes del Tribunal Constitucional".

En el penúltimo día del juicio han declarado ante el tribunal cinco voluntarios del 9N propuestos por la defensa de Joana Ortega, quienes han coincidido en desvincular a la Generalitat de la organización de la votación, aunque han dicho no saber o no recordar otros detalles relativos a la logística de la jornada de votación.

En ese sentido, los voluntarios han sostenido que en los puntos de votación no había ninguna autoridad de la administración catalana y que, cuando el 9N abrieron los locales que albergaban las urnas, encontraron el material empleado para la votación en su sitio, sin que supieran quién y cuándo lo había distribuido.

Según los voluntarios, tampoco existía ningún teléfono al que llamar en caso de incidencias técnicas en el transcurso de las votaciones y desconocían quién gestionaba el único número que les facilitaron para informar de la participación y del escrutinio.

Los testigos -entre ellos una alcaldesa, la exdiputada de ERC Gemma Calvet y el exeurodiputado de CiU Joan Vallvé- han insistido en que la organización de la jornada de votación "descansó" exclusivamente en los voluntarios y en las entidades soberanistas, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Catalana (ANC).

En la sesión de este jueves se ha expuesto la única prueba pericial del juicio, un informe elaborado por la Guardia Civil sobre el programa informático empleado en la votación y sobre la web participa2014.cat que la Generalitat montó para organizar la consulta del 9-N.

Contrariamente a lo manifestado en el juicio por el excoordinador del 9-N, Joan Cañada, que aseguró que era "técnicamente imposible" desactivar la web de la consulta tras la suspensión, los agentes de la Guardia Civil han certificado que era viable hacerlo, pese a que estuviera duplicada en distintos servidores.

Según los guardias civiles que confeccionaron la pericial, de haberse desactivado la web, ningún internauta habría podido acceder a la misma a través de la dirección original y solo se habría podido localizar una de sus réplicas conociendo de antemano la dirección de la copia, aunque estas no permitirían interactuar.

Tal y como está programado, el juicio quedará mañana visto para sentencia con la exposición de los informes finales de las partes, tras lo que los acusados tienen previsto dirigirse al tribunal, en su derecho a hacer uso del último turno de palabra.

Las defensas del expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau han mantenido este jueves que no desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) ni prevaricaron con la consulta del 9 de noviembre de 2014 y han vuelto a pedir la absolución de los tres acusados.

Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina mantienen así sus conclusiones y las elevan a definitivas una vez concluidas las comparecencias de testigos y las periciales, en la cuarta y penúltima sesión del juicio en la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La defensa de Mas insistió, en su escrito de calificación previo al juicio, en que el expresidente no desobedeció porque el Govern "interrumpió efectivamente la organización y gestión del llamado proceso participativo" a partir de la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de celebrarse.

Cree que no puede mezclarse el hecho de poner en manos de la ciudadanía medios públicos para llevar a un proceso participativo "enmarcado en una acción política completamente lícita y defendible en cualquier sociedad democrática" con el hecho de organizar un referéndum oficial desobedeciendo una resolución judicial.

La defensa del expresidente también había insistido en que el TC no dio "una orden concreta, precisa y determinada" de suspensión ni tampoco con un destinatario concreto para que se pueda aplicar un supuesto delito de desobediencia.

"El señor Mas recibió una providencia que ni tenía mensaje, claro, ni se puede considerar completa por falta de aclaración, ni concretaba en su persona la responsabilidad de adoptar una determinada conducta", valoró entonces su defensa, en un escrito que este jueves ha ratificado. JOANA ORTEGA E IRENE RIGAU

La defensa de Ortega defendió en su escrito que la actuación tanto de ella como de Mas y Rigau fue "en todo momento legítima, democrática, pública, transparente y respetuosa con la legalidad".

En particular sobre Ortega, su letrado sostuvo que fue legal porque las tareas organizativas son anteriores a la suspensión del TC y porque el día 9 de "la ejecución de las votaciones" se encargaron los voluntarios.

La defensa de Rigau aseguró en su escrito anterior al juicio que en ningún momento en las reuniones que mantuvieron desde la Conselleria de Enseñanza con directores se les pidió que colaborasen como funcionarios públicos en la consulta tras el veto del TC, sino que todo se dejó en manos de voluntarios.

Además, considera que tampoco se hizo "absolutamente ninguna actuación preparatoria o ejecutiva del proceso participativo, que fue gestionado íntegramente por personas voluntarias" y que ese día votaron 2,3 millones de personas expresando con absoluta libertad su opinión sobre el futuro político de Catalunya