Varios voluntarios de la consulta del 9N han desvinculado este jueves al Govern de la gestión de la jornada de votación, aunque han afirmado que desconocían los detalles de la organización y sus preparativos, así como quién estaba detrás del teléfono que centralizaba el escrutinio y solventaba incidencias.

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se celebra este jueves la cuarta sesión del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por mantener la consulta soberanista del 9N de 2014 pese a que había sido suspendida cinco días antes por el Tribunal Constitucional.

Con un relato casi idéntico, los voluntarios que han testificado en el juicio, todos ellos a propuesta de la defensa de Joana Ortega, han asegurado que se inscribieron en la web www.participa2014.cat, que fue la que les asignó su labor concreta, ya fueran como coordinadores de punto de votación, como presidentes de mesa o como suplentes, entre otras funciones.

Los voluntarios han explicado que el 9 de noviembre de 2014, cuando llegaron al punto de votación, se encontraron todo el material -como urnas y papeletas- ya dispuesto y los ordenadores para la consulta a punto, y todos ellos han asegurado que desconocían cómo y cuándo se habían distribuido.

Los testigos han negado que recibieran instrucciones de la Generalitat, y que únicamente se les facilitó un manual detallando su función en aquella jornada y un número de teléfono al que debían llamar a mediodía para informar sobre los datos de participación y al finalizar la jornada, para comunicar el escrutinio.

Los voluntarios han asegurado que no sabían quién había detrás de este número de teléfono, si bien una de las voluntarias, que coordinó la votación en el instituto Carles Rahola de Girona, ha indicado que suponía que correspondía al centro de coordinación "donde estaba David Fernández", el exdiputado de la CUP.

La jornada del 9N, David Fernández ejerció de voluntario recopilando datos de participación y escrutinio en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, dependiente de la Generalitat, donde una vez finalizada la votación se abrazó a Artur Mas, que había acudido a agradecer la labor de los voluntarios, protagonizando una de las imágenes icónicas del 9N.

Los voluntarios han coincidido en su testifical en que durante el 9N no vieron a ningún funcionario o empleado de la Generalitat trabajando con motivo de la consulta y que desconocían si había algún teléfono al que llamar en caso de incidencia técnica.

En la misma línea se ha manifestado otro voluntario del punto de votación en el IES Pere Vila de Barcelona: "no había ningún apoyo de la Generalitat ni de ningún tipo", ha dicho tras aclarar que él no dispuso de ningún número de teléfono para incidencias técnicas.

El también voluntario Joan Vallé, que fue eurodiputado de CiU y que el 9N fue vocal de mesa en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha indicado que en toda la documentación recibida para la votación no figuraba el escudo de la Generalitat.

Ante el tribunal también ha testificado este jueves, a propuesta de las defensas, la alcaldesa de Vilanant (Girona), Anna Palet, que ha explicado que el consistorio cedió un local municipal para acoger la votación en esta localidad, de 400 habitantes.

La alcaldesa ha asegurado que tras la suspensión de la votación del 9N por parte del Constitucional, no recibieron ningún advertencia por parte de la fiscalía ni de los tribunales sobre las consecuencias legales que afrontaban si cedían el local.

No obstante, el fiscal Emilio Sánchez Ulled le ha preguntado si recibieron alguna carta de la entonces delegada del Gobierno en Cataluña advirtiendo de la ilegalidad del 9N, ante lo que ha asegurado que sí pero que no recordaba si era un requerimiento.

La alcaldesa también ha asegurado desconocer quién llevó el material como las urnas, papeletas y el ordenador con el sistema informático para la votación en el local municipal donde se celebró el 9N, aunque sí ha confirmado que lo recibieron dos días antes, cuando el Constitucional ya había suspendido la consulta.

La exdiputada de ERC en el Parlament Gemma Calvet -la única política cercana a los republicanos que ha comparecido hasta el momento en el juicio- ha asegurado en su declaración como testigo este jueves en el juicio por el 9N que "todo descansó" en los voluntarios después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenase suspender la consulta cuatro días antes de celebrarse.

Calvet ha comparecido a petición de la defensa de la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, siendo la única de ERC que ha prestado declaración en el juicio, ya que el resto de cargos y excargos citados --propuestos por las defensas-- forman parte del PDeCAT o formaron parte de la extinta CDC.

Ha explicado que el día de las votaciones, el 9 de noviembre de 2014, ella ejerció de voluntaria y tuvo el cometido de acompañar por diferentes puntos de votación a observadores internacionales que habían viajado a Barcelona para seguir el proceso participativo.

En su declaración como testigo, Calvet ha defendido que el proceso participativo sobe la independencia estaba avalado por una amplia mayoría parlamentaria y que ella fue "testigo directo de la necesidad de canalizar la voluntad del pueblo" de pronunciarse sobre el futuro de Catalunya.

"Aquí igual tendría que haber 2,3 millones de personas", ha dicho en un momento Calvet, en referencia a que esta fue la cifra de ciudadanos que participaron en la consulta sobre la independencia por la que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las entonces conselleras Joana Ortega e Irene Rigau se sientan en el banquillo enfrentándose a una posible inhabilitación.

El hecho de que Calvet se alargase en sus respuestas sin ceñirse a las preguntas planteadas por las defensas y la Fiscalía ha provocado la intervención en varias ocasiones del ponente del tribunal y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos.

"Ya es suficiente, señora", "Le ruego que se centre en la pregunta que le han hecho", "Usted viene aquí como testigo y tiene que contestar a lo que se le pregunta", la ha reprochado Barrientos a Calvet en varias ocasiones.

El que fue jefe de prensa de la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, Carles Fernández, ha asegurado este jueves en la cuarta sesión del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que después de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) de la consulta se le transmitió que debía comunicar que el Govern "dejaba de tomar participación activa".

En su declaración como testigo en el juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, Fernández -que se encargaba de las comparecencias y mensajes de prensa- ha detallado que recibió instrucciones para dejar de actuar respecto a los preparativos de la consulta: "Yo dejé de dar instrucciones a trabajadores públicos y les requerí que no hicieran gestiones".

Fernández, que comparece a petición de Ortega, ha expresado que los dos mensajes que siempre le hicieron vehicular respecto a la consulta sobre la independencia de Catalunya antes de las dos suspensiones del TC -la del 29 de septiembre en base a la ley de consultas y la del 4 de noviembre- fue que la consulta "se haría bien" y con respeto a la legalidad.

"En todas sus comparecencias era uno de los mensajes en los que más insistía", ha puntualizado Fernández, que ha explicado que el día de la consulta los datos que ofreció la vicepresidenta se los proporcionaron los voluntarios.

El abogado de Ortega, Rafael Entrena, le ha preguntado si es habitual que ella diera ruedas de prensa sobre ámbitos externos a las competencias estrictas de su departamento, a lo que Fernández ha dicho que sí en el caso de que fuera un hecho "de relevancia o podía afectar a la sociedad catalana".

Para ilustrarlo, se ha referido a cuando Ortega viajó a Francia tras el accidente de Germanwings para informar sobre la búsqueda de víctimas en los Alpes.

Con esta pregunta, Entrena trata de demostrar que el hecho de que Ortega ofreciera ruedas de prensa sobre los resultados del 9N no fue excepcional.

La alcaldesa de Vilanant (Girona), Anna Palet, ha explicado en el juicio que ella misma "como voluntaria" se encargó de abrir un local propiedad del Ayuntamiento para acoger la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, después de ponerse de acuerdo con los concejales pero sin que se votase en el pleno municipal.

La alcaldesa ha relatado que este municipio, de unos 400 habitantes, no tiene instituto de secundaria y por eso fue este local el que pusieron a disposición del 9N: "Lo cedemos a cualquiera que nos lo pide".

Palet -testigo que ha declarado a petición de la defensa de la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega- ha explicado que ella misma recogió el portátil que se utilizaría para la consulta que "pocos días antes" había dejado en el municipio una empresa de transporte.

Ha relatado que ella aceptó la cesión del local y colaborar con la consulta en una reunión en el consejo comarcal con voluntarios y que, en ningún momento recibieron notificación de la Conselleria de Gobernación requiriendo que se pusiera el local a disposición del 9N.

El juicio al expresidente del Govern Artur Mas y la exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 encara este jueves por la mañana su recta final con la penúltima sesión, en la que están previstos nueve testigos y una pericial.

La sesión en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha empezado a las 9 con testigos pedidos por la defensa de Joana Ortega, como la alcaldesa de Vilanant (Girona), Anna Palet (PDeCAT); su exjefe de prensa Carles Fernández; la secretaria de Administración, Meritxell Masó, y la exdiputada de ERC en el Parlament Gemma Calvet.

También declaran como peritos dos guardias civiles autores del dictamen técnico sobre el análisis de los programas informáticos aportados por la empresa T-Systems y utilizados el día de la votación.

También está prevista la prueba documental y los informes finales -que concluirán el viernes- en los que la Fiscalía, la acusación popular y las defensas expondrán sus conclusiones definitivas.

Ya el viernes, tras la prueba documental y los informes, Mas, Ortega y Rigau podrán aprovechar su derecho a la última palabra y el juicio quedará visto para sentencia.