El recién estrenado ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha anunciado este jueves que el Gobierno obligará "en breve" a todas las comercializadoras eléctricas, "sin excepciones", a asumir los costes del bono social eléctrico tras una reunión en el Congreso con todos los grupos parlamentarios. Lo hará a golpe de un "real decreto ley" en el que "se va a trabajar de manera inmediata".

El anuncio llega en medio del debate sobre la pobreza energética tras la muerte de la anciana de Reus y después de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el pasado octubre el modelo actual de financiación de esta ayuda por discriminatoria con las empresas del sector.

Según Nadal, ha habido unanimidad entre todos los partidos para seguir manteniendo como hasta ahora el modelo de financiación del bono social, solo que salvando los "escollos" que ha planteado la sentencia del Supremo.

El bono social, que rebaja en un 25% la factura eléctrica y que beneficia a 2.414.507 de personas, era costeada desde 2013 por 23 empresas con actividades de producción, distribución y comercialización, lo que se conoce como "integradas".

La intención del Gobierno, en consenso con los grupos políticos, es que sea asumida por todas las empresas, unas 250 comercializadoras. La sentencia del Supremo, ahora recurrida, obliga al Ejecutivo del PP a indemnizar a las eléctricas por el coste del bono, en total unos 500 millones, más intereses.

De salir adelante la decisión actual del Alto Tribunal, esta cifra recaerá directamente en los contribuyentes y será un obstáculo más para el Ejecutivo de Rajoy, quien tiene la tarea de recortar –como mínimo– 5.500.000 de euros de los Presupuestos Generales de 2017,  a fin de cumplir con el 3,1% de déficit exigido por Bruselas.   

Que el gasto del bono social sea asumido por las empresas es la principal prioridad del Gobierno, según Nadal. Sin embargo, esta ayuda para el gasto eléctrico (no abarca otros suministros) se enfrenta a otro gran problema: que no protege a los más vulnerables, víctimas de la pobreza energética, una tragedia que afecta a 5 millones de personas en España (un 10,7%).

El bono social eléctrico entró en vigor en 2009 y desde 2014 es un descuento del 25% que se aplica sobre el importe de las factura de la luz y que está pensado para determinados colectivos vulnerables: hogares con un potencia inferior a los 3 kilovatios (KW), familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y jubilados que perciben la pensión mínima.

El número de beneficiarios evidencian las debilidades, criticadas por todos grupos políticos y la mayoría de organizaciones sociales: casi un 75% de los que han accedido a la ayuda (a fecha de mayo de 2016, según datos de la CNMC) lo ha hecho por la potencia contratada. Apenas el 3% eran familias en paro.

El ministro de Energía ha señalado este jueves que despuéd de resolver el régimen de financiación se consultará los cuestionados requisitos con los grupos políticos. La mayoría coincide: hace falta urgente una ley de pobreza, que evite muertes como la de la anciana de Reus y que proteja a los más vulnerables. Y un bono social, más justo, en función de la renta de los beneficiarios.

Una veintena de organizaciones sociales han dado a conocer este jueves la campaña #NoMásCortesDeLuz para denunciar el "drama" de la pobreza energética.

Los promotores de la campaña, entre ellos ecologistas, asociaciones de consumidores, sindicatos y ONG, han redactado un manifiesto que han entregado a los grupos políticos y al que se han adherido Podemos, IU, el PCE, ERC, En Marea, Compromís, Coalición Canaria, Equo y En Comú Podem. Y recuerdan que esta tragedia deja 7.000 muertos al año.

Es, por tanto, un "drama conocido", pero, pese a su gravedad "las administraciones no han tomado ninguna medida eficaz hasta el momento", más bien el Gobierno "ha impedido" algunas iniciativas de las comunidades autónomas, ha denunciado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.