Estudios confirman que la pobreza con apellido, la llamada pobreza energética mata anualmente en España a 7.000 personas. Fue el caso de la anciana de Reus que falleció entre las llamas que provocó la vela que alumbraba su vivienda. Tenía cortado por impago el sumistro eléctrico. Otros 5 millones de personas no mueren, pero la sufren y pueden enfermar de frío al no poder pagar una factura de la luz que ha crecido un 76% desde que comenzara la crisis, según Eurostat. Dentro de lo que algunos expertos llaman "tragedia nacional", hay un vacío legal a nivel estatal, regional y local que no palia un pobre y fallido bono social. Este es el panorama actual para luchar contra este tipo de indigencia.

No. En España no existe una normativa que armonice estas ayudas a nivel estatal para evitar la pobreza energética. De hecho, el PP ha tumbado todas las iniciativas legales sobre esta materia desde que Rajoy llegara a Moncloa. Lo único que existe para aminorar la factura es el bono social, instaurado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.

Esta ayuda consiste en un descuento del 25% en la factura de la electricidad, no así en otros suministros. Para ser beneficiario se debe cumplir uno de los siguientes requisitos: tener contratada una potencia inferior a 3kW; que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro; recibir una pensión no contributiva; o tener familia numerosa, entre otros. Resaltar que recientemente el Tribunal Supremo declaró recientemente inaplicable el régimen de financiación del bono social cuyo coste pagaban las grandes eléctricas desde 2014, unos 500 millones.

Según el último informe sobre pobreza enérgética de Economics for Energy, este instrumento presenta fallas que no protegen a los más vulnerables. Debilidades como que solo cubre el 25% de la factura. Que el 78% de los beneficiarios lo son solo por tener una potencia inferior a 3kW, no atendiendo a su vulnerabilidad. O que las familias numerosas, aún con salarios altos, se puedan beneficiar.

Sí, pero contadas. En Cataluña, donde precisamente falleció la anciana de Reus, está vigente la ley 24/2015, que obliga a las empresas suministradoras a consultar a Servicios Sociales antes de efectuar un corte. Para María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la pobreza energética, el caso de Rosa evidencia que las compañías no cumplen con la ley. Aragón también aprobó el pasado 11 de noviembre la ley  9/2016 para reducir la pobreza energética. En ella consta una medida muy similar a la catalana.

Según la Alianza contra la pobreza energética, actualmente hay 13 comunidades que estudian implantar una ley similar a la catalana. No obstante, de forma generalizada, hay numerosas regiones y ayuntamientos con protocolos y convenios. A través de ellos la empresa energética se compromete a no realizar cortes en hogares vulnerables. Cabe decir que la administración pública es quien asume a posteriori los costes o deudas.

Cuestionada por 20minutos, Gas Natural Fenosa* asegura que tiene firmados acuerdos con siete comunidades (Cantabria, Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y Euskadi), con Baleares y Aragón están en trámite. Preguntados por el número de ayuntamientos, afirman no disponer de esa cifra, pero sí matizan que el 92% de sus clientes españoles están protegidos a través de acuerdos vigentes.

Según Gas Natural, los servicios sociales municipales han informado a la compañía de 13.586 clientes vulnerables de 955 municipios en todo el país, no precisa en qué periodo.

Según la normativa, la empresa podrá solicitar la suspensión del suministro cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que hubiera sido  requerido el pago de forma fehaciente.

Según el informe sobre pobreza energética de la Asociación de Ciencias Ambientales, el hecho de prevenir el corte de suministro o dar ayudas económicas mediante convenios –bajo el amparo de la Ley de Subvenciones– no es efectivo, ya que el trámite burocrático suele tardar más de dos meses, plazo que da la comercializadora desde el aviso fehaciente de corte.

La mayoría de estudios sobre pobreza energética instan a elaborar una ley nacional de pobreza que identifique, de manera coordinada con gobiernos locales, las personas en situación de vulnerabilidad.  La reforma del bono social, la rehabilitación energética o el abaratamiento de los costes de suministros son otras de las medidas propuestas por organizaciones y grupos políticos.

*Fe de errores: En una primera edición de este artículo aparecía por error 'Gas Natural Endesa'. El nombre correcto de la empresa es 'Gas Natural Fenosa'.