Tras firmar su acuerdo con Ciudadanos, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha garantizado que, si logra formar Gobierno, derogará la reforma laboral del PP y la conocida como "ley mordaza". Sin embargo, en el texto del acuerdo se habla de reformas, y no figura de forma explícita la derogación de dichas legislaciones aprobadas por el PP. El texto de ambos partidos sí contempla, en cambio, revocar otras cinco medidas aprobadas en la anterior legislatura.

Sánchez ha recalcado por dos veces que la "derogación de la reforma laboral del PP" forma parte de su pacto con Ciudadanos. Así lo ha dicho en su comparecencia tras la firma del acuerdo, que garantiza el apoyo del partido de Rivera a su investidura. Por su parte, fuentes de C's han señalado que para ellos "sólo es válido lo que pone en el acuerdo".

En el documento firmado por ambos partidos no se recoge esta promesa, aunque sí se incluyen cambios en la normativa laboral y la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que, de facto, supondrían dejar sin efectividad la mayor parte de la regulación laboral aprobada por el PP en 2012. También establece que habrá tres tipos de contratos. Los de "relevo y para la formación", el "contrato indefinido" y "un contrato estable y progresivo para los puestos que tengan una duración determinada". Este último vendría a sustituir a los temporales.

El documento habla de una nueva reforma laboral en la que se clarificarán mejor las condiciones del contrato indefinido, se reforzará la protección de los trabajadores en el contrato estable y progresivo y se incentivará la conversión de los segundos en los primeros. También contempla que el nuevo contrato estable y progresivo no tendrá una duración superior a dos años, aunque la negociación colectiva podrá acordar una duración menor según sectores de actividad productiva. Sánchez ha destacado, además de la reducción de los 40 tipos de contratos actuales a tres, la "recuperación de la causalidad, de la tutela judicial y la ultraactividad" y el "papel protagonista del diálogo social y la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores".

El PSOE, durante la campaña electoral, sostuvo que su planteamiento para la derogación de la reforma laboral se componía de dos fases: una primera tanda de cambios nada más llegar al Gobierno, para, por ejemplo, fortalecer la negociación colectiva o modificar los tipos de contrato; y una segunda fase de negociación entre los agentes sociales, a quienes se les dejaría la revisión del coste del despido, en el que no entraba el programa. Este calendario es el que han acordado el PSOE y Ciudadanos de forma tácita, aunque no lo especifican.

Junto a la reforma laboral, Sánchez también se ha comprometido a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", pese a que en el documento se recoge únicamente la reforma, pero no la derogación de la citada normativa. En un tuit publicado en su cuenta personal, Sánchez se reafirma en esa promesa: "El acuerdo recoge derogar la #leymordaza y la prisión permanente revisable, y aprobar una ley de muerte digna. #SumandoParaElCambio", ha dejado escrito el líder socialista en esta red social.

Otro tanto sucede con la Ley de Seguridad Ciudadana, que Sánchez se ha comprometido verbalmente a "derogar", pese a que el documento contempla sólo reformar aquellos puntos que la oposición impugnó ante el Tribunal Constitucional y los que resultaron más controvertidos. Textualmente, el pacto habla de "revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las Fuerzas de Seguridad" y los que "sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones".

También aboga por reformar aquellos preceptos que atribuyen a los cuerpos policiales "poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos".

Este acuerdo se ajusta a lo que el PSOE propuso en su oferta de acuerdo de Gobierno que envió a todos los partidos el pasado 8 de febrero, donde ya no hablaba de derogar la 'Ley Mordaza' como prometían en su programa electoral. Sin embargo, la semana pasada, los socialistas informaron de que en sus negociaciones con IU habían aceptado derogarla por compleo, como ahora ha asegurado Sánchez que van a hacer.

Asimismo, el texto, en lugar de derogar, habla de "paralizar la implantación de LOMCE", la ley educativa del exministro José Ignacio Wert. El PSOE, además de llevar la derogación de esta normativa en su programa electoral, registró una iniciativa legislativa parlamentaria en el Congreso el pasado enero que solicitaba su derogación, junto a la de la reforma laboral.

Por contra, el texto suscrito entre el PSOE y el partido de Rivera, sí prevé expresamente la derogación de otras cinco medidas introducidas por el PP en la anterior legislatura, algunas de ellas de manera prioritaria.Así, habla de "derogación inmediata" de la prisión permanente revisable incluida en la última reforma del Código Penal, del artículo 315.3 del Código Penal, sobre el ejercicio del derecho de huelga, que prevé penas de cárcel para los piquetes informativos y de la limitación de los plazos de instrucción que se incluyó en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el apartado dedicado a la dependencia, PSOE y C's plantean recuperar los principios inspiradores de la Ley de la Dependencia, sus objetivos e implantación y también "derogar el incremento de copago y las incompatibilidades introducidas en la pasada legislatura".

Asimismo, defienden "derogar" las modificaciones introducidas en la legislación de régimen local por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, "con el fin de asegurar la autonomía local, garantizar un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública".