La Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), que aglutina a todos los obispos catalanes, ha mostrado este jueves su total condena a cualquier abuso contra menores y se ha comprometido a "luchar contra esta plaga que destruye tantas infancias", tras la denuncia de presuntos abusos sexuales ocurridos en el colegio Maristas-Les Corts de Barcelona.

En un comunicado tras su reunión en Tiana (Barcelona), la primera a la que asiste el nuevo arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha remarcado que ofrece todo su apoyo, atención y compañía a las víctimas de abusos, "incluso en el caso de delitos que puedan estar prescritos penalmente".

Han afirmado que el papa Francisco, como sus predecesores, han mostrado su condena ante abusos a menores, y que los obispos catalanes se comprometen "a luchar contra esta plaga que destruye tantas infancias".

Ha sostenido que las normas de la Iglesia piden actuar con rapidez y decisión ante las denuncias, garantizar la transparencia y actuar con tolerancia cero, y entre las normas figura apartar de sus funciones a las personas acusadas y ofrecer toda la colaboración a la Justicia y autoridades civiles.

Ha recordado que la Pontificia Comisión para la Protección de Menores ha realizado una importante labor de promoción de los derechos de los niños y de prevención de abusos, que también es el "compromiso" de la CET.

Ha remarcado que los Maristas y otras instituciones realizan una labor social y educativa y "siempre se han dedicado a la atención y a la promoción de los niños", de la que se han beneficiado las diócesis catalanas.

"El trabajo de las comunidades educativas, de los maestros y educadores y de los padres y madres que confían en estas escuelas, no puede quedar cuestionado por estos casos que todos deploramos y condenamos", ha afirmado la Conferencia.

De la misma manera, ha remarcado, la red de instituciones educativas que la Iglesia pone al servicio de las familias "no puede ser sometida a una permanente sospecha".

Ha afirmado que la prevención de los abusos a los menores es una cuestión muy grave que afecta al ámbito escolar y otras instituciones educativas, de ocio y familiar, y que todas las administraciones tienen que comprometerse en una acción efectiva que comporte "una gran regeneración ética y moral de la sociedad".