El PP ha presentado una denuncia contra la concejal de Cultura de Madrid, Celia Mayer, a la que acusa de "cooperadora necesaria en el enaltecimiento del terrorismo" y de "desprotección de menores", tras la detención de dos titiriteros por el contenido de una obra programada por el consistorio.

"Los madrileños no nos merecemos una concejala de Cultura como la señora Mayer y, si la alcaldesa no la inhabilita, esperemos que los tribunales los hagan", ha subrayado el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, a la salida de los Juzgados de Guardia de Plaza de Castilla.

El PP considera que Mayer "no se puede escudar" en que no conocía el contenido de la obra de títeres del pasado viernes en la que se escenificaron numerosas acciones violentas, como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía, la violación de una monja y la exhibición de una pancarta con la leyenda 'Gora Alka-ETA'.

Henríquez de Luna ha afirmado que en la página web de la compañía de títeres aparece públicamente todo lo que representaron en el marco de las fiestas de Carnavales y que ya habían escenificado en anteriores ocasiones.

"El Ayuntamiento de Madrid, la señora Mayer y tampoco la alcaldesa se pueden escudar en que no conocían el contenido porque sí que lo conocían. Tenían todos los medios para haberlo conocido", ha subrayado.

Por esto, ha pedido la dimisión de la responsable de Cultura y que "no se escude en subalternos", sino que asuma en primera persona su responsabilidad en estos hechos.

Ha criticado a quienes consideran lo ocurrido algo que se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión. "De libertad de expresión, nada. Estos son delitos que deben ser perseguidos como tales", especialmente porque afectan a los derechos de los menores que asistían al espectáculo.

Por ello, ha tildado de "inadmisible" que la edil de Cultura "no haya dimitido ya" o que la alcaldesa, Manuela Carmena, no la cese. "Carmena tiene tiempo para ir a la gala de los Goya, pero no para dar explicaciones a los madrileños sobre estos hechos tan sumamente graves", ha manifestado el portavoz adjunto del PP.

También ha criticado la actitud del PSOE, a quien ve "prisionero de sus propias decisiones" y le ha acusado de ser el responsable de que haya un Gobierno "radical y sectario".

También la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, reclamó el sábado la dimisión de la concejal de Cultura y del director de contenidos de Madrid Destino, Santiago Eraso, por el caso de los titiriteros.

En declaraciones a los periodistas, Villacís ha advertido del "peligro de que el Gobierno de Ahora Madrid esté utilizando la cultura como un instrumento ideológico" y ha lamentado que se aliente y se den subvenciones o partidas presupuestarias "a personas que utilizan un guiñol para adoctrinar a niños". "Que los niños vean cómo se ensalza a ETA o se viola a una bruja no es aceptable", ha añadido Villacís.

"No me vale que lo califiquen de desatino. No es un desatino, es un desatino más", ha destacado Villacís, al recordar que ha habido más ejemplos de ese tipo, como el de la cabalgata de los Reyes Magos o la retirada de placas de las calles, y se ha preguntado cuánto tiempo "vamos a tener que soportar esta situación".

Villacís ha considerado inaceptable que los gestores culturales no visualicen ni revisen las obras que están contratando, "lo que nos lleva a cuestionarnos los criterios en que se basan para otorgar estos contratos", añade. "Queremos saber cómo se han concedido estos contratos" y si se han hecho a dedo y "a lo Memoria Histórica por 17.999 euros", ha anunciado.

Los dos titiriteros que representaron la función del pasado viernes en Tetuán fueron detenidos durante la obra por efectivos de la Policía Municipal que habían sido avisados por los padres de los niños que asistían a la representación. Pasaron la noche en los calabozos de la Brigada Provincial de Información, y el sábado por la mañana pasaron a disposición del juez de guardia de la Audiencia Nacional.

El sábado por la noche, el juez ordenó su prisión incondicional acusándoles de delitos de enaltecimiento del terrorismo y de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución.