La reforma del poder judicial centra buena parte de los programas con los que los distintos partidos políticos concurren a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Estas son sus principales propuestas:

PP: Los populares proponen un nuevo Código Procesal Penal que agilice los tiempos los tiempos de la Justicia y fortalezca la figura del Ministerio Fiscal, desarrollar fiscalías especializas, potenciar el arbitraje y la mediación y establecer un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales. Se comprometen a implantar oficinas de atención a las víctimas y una Comisión de Seguimiento del estatuto de la Víctima, diseñar un nuevo modelo de Registro Civil, nombrar un fiscal especializado en asuntos relacionados con la sustracción de recién nacidos, impulsar una Ley Orgánica del derecho a la Defensa, puesta en marcha de una Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. En cuanto a terrorismo, el PP hace una mención especial a ETA, y destaca el compromiso de crear un equipo multidisciplinar dirigido por un fiscal especial para la investigación de los atentados de ETA sin resolver, así como la ampliación de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, ya sea aquí o en el extranjero.

PSOE: Los socialistas se comprometen en su programa electoral a eliminar la Ley de Seguridad Ciudadana del PP (conocida como Ley Mordaza), revisar el Código Penal y eliminar de forma inmediata la prisión permanente revisable, aumentar las penas de delitos relacionados con la Hacienda Pública, el medio ambiente y el urbanismo, recuperar el principio de justicia universal, revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, eliminar las cláusulas suelo y suprimir las tasas judiciales para PYMES. Una de sus grandes promesas en esta materia es aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías, así como reformar la Ley Hipotecaria para luchar contra los desahucios. También propone reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y crear el Centro Nacional de Menores Desaparecidos.

CIUDADANOS: Una de las principales medidas del partido de Albert Rivera en este apartado es la supresión del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces y encargado de velar por la independencia judicial. Sus funciones serán asignadas al presidente del Tribunal Supremo, que estará asistido por dos adjuntos. Propone limitar las puertas giratorias entre justicia y política, un Poder Judicial para toda España con una sola jurisdicción ordinaria, que jueces y magistrados sean nombrados por mérito y capacidad en función de un procedimiento reglado, suspender la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados, más recursos materiales y humanos, crear un cuerpo de jueces y magistrados suplentes, exención de las tasas judiciales excepto para las grande empresas, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la incompatibilidad de la carrera política con la carrera judicial efectiva, que el Fiscal General del Estado sea nombrado por 3/5 del Congreso a propuesta del Gobierno.

PODEMOS: Apuesta por la justicia gratuita, eliminar los privilegios procesales, hacer una reforma integral de la Fiscalía, elección directa por parte de los ciudadanos de los miembros del CGPJ, promover una auditoría pública y externa del sistema judicial, multas y sanciones administrativas proporcionales a la renta de las personas, creación de la Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores, derogar la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley mordaza), derogar la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el PP, despenalizar el cannabis e implementar una "verdadera política de memoria" histórica y derechos humanos. Esta se basaría, principalmente, en remover los símbolos y monumentos conmemorativos del franquismo, el acceso a los archivos y acceso a la justicia para las víctimas.

UNIDAD POPULAR: Aboga por la justicia gratuita y transformar el turno de oficio en un servicio público prestado por las Administraciones Públicas. Entre sus medidas destacan incrementar la ratio de jueces por habitante, reformar el sistema de elección del TC, CGPJ y del Fiscal General del Estado, suprimir los Tribunales Militares, regular un régimen de incompatibilidades y requisitos para los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cambiar el modelo de Ministerio Fiscal atribuyendo la instrucción al propio fiscal en el proceso penal, restablecer la justicia universal, introducir en la legislación penal el delito de apología de la violencia machista, de la denigración de las mujeres y el odio sexista, modificar la Ley de Violencia de Género vigente para que incluya en su protección a todas las mujeres e hijos/as. También propone "cambiar el actual sistema de justicia sancionadora por el de Justicia Retributiva y Restaurativa", suprimir la prisión permanente revisable, derogar la Ley mordaza, modificar el sistema penal y fomentar la reinserción, anulación la Ley de Amnistía de 1977 en los apartados que permiten la impunidad de los crímenes franquistas, elaborar una Nueva Ley de Memoria que incluya la asunción por el estado de todas las medidas que permitan el conocimiento, investigación y exhumación de las personas desaparecidas y asesinadas por el franquismo y que incluya la reparación de sus crímenes.

PP: Entre sus principales medidas están incrementar los recursos policiales y el aumento de sus efectivos, más control y vigilancia en los centros escolares, regular la figura del confidente policial, creación del centro Nacional de Ciberseguridad. Hace mención especial al terrorismo yihadista, sobre el que se compromete a impulsar un programa específico para potenciar el personal y los medios tecnológicos de los Servicios de Información de las Fuerzas de Seguridad del Estado, "priorizando el desarrollo del I+D en nuevas tecnologías al servicio de la lucha contra el terrorismo". Promete avanzar en la estrategia de "prevención de la radicalización, trabajando en los diferentes ámbitos y priorizando el área formativa-educativa y sensibilización social". Se compromete a l consenso con el resto de fuerzas políticas y a la cooperación internacional.

PSOE: Los socialistas prometen derogar la Ley Mordaza, colocar cámaras en todos los calabozos de España, reformar la Ley de Seguridad privada para supeditarla a la pública, desarrollar y consolidar el régimen abierto, fomentar medidas alternativas a la prisión que permitan una reinserción social efectiva. El PSOE apuesta por el consenso en la lucha contra el terrorismo internacional, propone incrementar los efectivos dedicados a la lucha contra el terrorismo yihadista y reorientar la estrategia para centrarla en el ámbito internacional y a las formas más violentas. Quiere restablecer el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, unificándolo con el Plan de Protección y Prevención antiterrorista.

CIUDADANOS: El partido de Albert Rivera quiere reformar el actual sistema policial y elaborar una nueva Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para delimitar la distribución de competencias y reorganizar el actual despliegue territorial, entre otras cosas. En cuanto a terrorismo, se compromete a dotar de todos los medios necesarios para la lucha antiterrorista, incluido el esclarecimiento de los 370 asesinatos de ETA pendientes de resolver. También apuesta por un plan preventivo para evitar la radicalización en colectivos susceptibles de captación.

PODEMOS: Propone derogar la Ley mordaza, unificar las bases de datos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para mejorar la coordinación, reconocer la libertad de sindicación dentro de la Guardia Civil, una nueva regulación de los derechos fundamentales de los miebros de las Fuerzas Armadas, suprimir  la privación de libertad sin tutela judicial efectiva en el ámbito militar, poner a personal civil a cargo de las tareas administrativas dentro de las FFAA y establecer un nuevo sistema de ascenso en las Fuerzas de Seguridad del Estado. En cuanto al terrorismo internacional, su apuesta pasa por poner en marcha mecanismos para cortar las vías de financiación de Daesh, neutralizar sus redes de captación y adoctrinamiento, apoyar a las fuerzas democráticas en el mundo árabe, reforzar la sociedad civil en Irak y Siria, acabar con la guerra en ambos países, proteger a los refugiados y acabar con las mafias que trafican con seres humanos.

UNIDAD POPULAR: Además de derogar la Ley Mordaza, otras de sus medidas estrella son eliminar la dispersión de población penitenciaria, adoptar medidas para la prevención de la tortura y los malos tratos, reduciendo los plazos legales del régimen de incomunicación y estableciendo sistemas de video vigilancia y grabación de los interrogatorios. Disminución real de los gastos de defensa. Se compromote a  hacer una auditoría del gasto militar, así como a verificar si España es proveedor de estados que revenden armas a ISIS y a otras organizaciones de terrorismo internacional. Se aclarará la relación con Arabia Saudí en este punto.