Los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular volverán a tener derecho a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) pero no recuperarán la tarjeta que les fue retirada con la aprobación de la reforma en 2012. Así lo ha anunciado este martes en una entrevista con Efe el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en la que defiende esta decisión por "cuestiones de salud pública", porque es "más práctico" y para "no saturar las urgencias".

"Lo vemos ya con mucha claridad y trabajamos en eso, estamos dispuestos a dar un paso, creo que no tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria", sostiene el titular de Sanidad. Sin embargo, manifiesta estar "completamente en contra" de que sean titulares de una tarjeta sanitaria que "les daría un derecho en Europa que no existe en ningún otro país".

Los inmigrantes en situación irregular deberán cumplir con una serie de requisitos para tener acceso a la Atención Primaria, como llevar un tiempo mínimo empadronados aún por definir, recibirán un documento —no una tarjeta sanitaria— que sólo les dará derecho a ser atendidos en esa comunidad y tendrá validez por un año, aunque será renovable.

Ahora el objetivo de este programa, que debe recibir el visto bueno de las comunidades, es que también tengan derecho a la asignación de profesionales en el ámbito de la Atención Primaria y poder recibir diagnósticos, prevención y tratamientos básicos, "todo ello según la pauta de un médico de Atención Primaria y en el marco de la cartera básica de Servicios", según ha relatado Moreno.

"Se trata de que la puerta de entrada al sistema no sean las urgencias sino la Atención Primaria", ha explicado el número dos del departamento de Alfonso Alonso, que aclara que si el médico de familia lo considera oportuno podría derivarlo a un especialista, si bien "muchos de los temas podrán resolverse en la Atención Primaria".

Para ello, en principio Sanidad pretende que sea necesario pedir cita con el trabajador social del centro de salud para que les emita un documento de inclusión en dicho programa, que tendrá validez de un año y será renovable. No obstante, ha reconocido Moreno, el objetivo es que esta condición no se prolongue ya que "lo importante es que estas personas regularicen su situación y consigan su trabajo, la irregularidad es fuente de enormes agravios".

Además, la adquisición de dicho documento tiene una serie de requisitos, como ser mayores de edad, no tener condición de asegurado o beneficiario, que no estén exportando el derecho de asistencia de su país de origen ni existan terceros obligados al pago de la prestación de la asistencia sanitaria, que no tengan más de 100.000 euros de renta, y llevar un plazo mínimo empadronado.

Esta última condición deberá ser discutida con las autonomías, según ha reconocido Moreno, ya que en aquellas comunidades que ya permiten el acceso a Atención Primaria a los inmigrantes irregulares establecen diferentes plazos que varían entre seis meses a un año.

No obstante, con independencia de dicho plazo mínimo la idea de Sanidad es que tengan acceso inmediato aquellos inmigrantes que tengan enfermedades de declaración obligatoria, contagiosas o mentales, "para que puedan ser incluidos directamente en el programa sin necesidad de esperar".

Asimismo, los inmigrantes que adquieran este documento no tendrán derecho a la asistencia en otra comunidad distinta a la que se lo reconozca ni en el resto de países de la Unión Europea con cargo a la comunidad de residencia, para evitar que "lo que ocurra allí se haga con cargo a su comunidad". "Está pensado para dar respuesta en la misma comunidad, no da derecho a ser tratado con cargo a fondos públicos fuera del territorio español", ha aclarado Moreno.

Precisamente esto es lo que diferencia a esta medida de la regulación que existía en España antes de la reforma sanitaria de Ana Mato, ya que "ahora no podrán exportar su atención sanitaria" a sus países de origen, lo que dio lugar a un turismo sanitario que costaba mil millones a España, según Moreno.

La idea de Sanidad es debatirlo con las comunidades y poder llevarlo para su aprobación al próximo Consejo Interterritorial, que ya no será hasta después de las elecciones autonómicas. No obstante, al no necesitar ningún desarrollo normativo podría entrar en vigor desde ese visto bueno.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado por su parte que "parece más sensato y razonable" que los inmigrantes en situación irregular accedan a la Atención Primaria como ocurría hasta que la reforma les dejó sin derecho a tarjeta sanitaria en 2012.

"Para mejorar la asistencia a estas personas, el Ministerio de Sanidad quiere regular su acceso a la Atención Primaria que hasta ahora se hacía por la vía de urgencias. Parece más sensato y más razonable que se haga en los ambulatorios para que, entre otras cosas, no se colapsen las urgencias", ha dicho en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Consejo Europeo.

Rajoy ha hecho referencia a que hay comunidades autónomas que ya han hecho modificaciones al respecto. En este sentido, ha añadido que "se trata de hacer una regulación que sea útil y que sea igual para todos los territorios de España".

Tras la reforma sanitaria de 2012 los inmigrantes ilegales pasaron a tener derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. Además, Sanidad se comprometió a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, aunque la atención debía financiarla el país de origen si existiera convenio de colaboración. En caso de no existir, el inmigrante sería atendido sólo cuando el facultativo determinara un riesgo vital.

En 2012 las cifras oficiales hablaban de unos 153.000 inmigrantes irregulares que perderían su tarjeta sanitaria. No obstante, la cifra podría ser muy superior dado de que no hay datos oficiales sobre el colectivo de inmigrantes irregulares, por lo que algunas ONG elevaron la cifra hasta casi un millón de personas.

El ministro Alonso no es partidario de retirar otras medidas de la reforma como el repago farmacéutico pese a que, según el Gobierno, la economía se está recuperando, porque España siempre ha tenido un gasto en medicamentos "muy elevado" y hay que "seguir siendo muy exigentes en su control".

Para hacer frente al coste de los tratamientos innovadores que puedan surgir en un futuro cercano para enfermedades como el cáncer o la diabetes, tal y como ha ocurrido con la hepatitis C, adelanta que el Ministerio de Hacienda trabaja en la creación de un fondo que financie el gasto autonómico en farmacia, que no podrá superar el PIB.

Este fondo, explica el ministro, no incluirá la financiación de los 727 millones destinados a costear los nuevos fármacos para la hepatitis C porque se trata de "una situación excepcional" que requiere "una solución excepcional". Respecto a la posibilidad de abrir un debate sobre las patentes de los medicamentos para abaratar los precios, Alonso cree que "el discurso facilón de demonizar a la industria no lleva a ningún lado".