Las plataformas Kaleratzeak Stop Desahucios de Euskadi junto con IRPH Stop Gipuzkoa han emplazado a los partidos políticos y coaliciones electorales a suscribir un decálogo de lucha contra los desahucios y la pobreza que han elaborado y a que se "comprometan" a cumplir las medidas que contempla en las instituciones en las que tengan representación.

En una rueda de prensa en San Sebastián, representantes de estas plataformas han indicado que el plazo límite para suscribir este decálogo es el próximo día 28. Después Stop Desahucios trasladará a la sociedad quienes se han adherido a este compromiso.

Tras recordar que, según la Encuesta de Necesidades Sociales del Gobierno vasco, 250.000 familias viven en estado de precariedad en Euskadi, han apuntado que la mitad son pobres y 90.000 personas son víctimas de la pobreza energética.

Asimismo, han denunciado que los desahucios siguen aumentando y se ejecutan "más de 60 cada mes, siendo Kutxabank la entidad que más desahucia", a lo que han añadido que "el derecho fundamental a una vivienda, recogido en la Carta de Derechos Europea, se incumple sistemáticamente, y Etxebide registra 50.000 inscritos en demanda de una vivienda de alquiler".

En el decálogo de Stop Desahucios e IRPH Stop se recoge el compromiso de elaborar una Ley vasca de Vivienda que "reconozca y se aplique el derecho subjetivo, universal y efectivo, al uso de una vivienda digna, exigible ante la Administración y los Tribunales de Justicia" y que contemple sanciones y expropiaciones de uso para las viviendas vacías propiedad de entidades financieras y sociedades dependientes de las mismas, inmobiliarias o fondos de inversión, con objeto de incorporarlas a un parque público de viviendas de alquiler social

Asimismo, se reclama un parque público de viviendas de alquiler social y se exige al Gobierno vasco que revise la normativa reguladora para que el límite del 30 por ciento de los ingresos incluya el alquiler y los gastos fijos de comunidad y que los inquilinos puedan participar en las decisiones de Alokabide que afecten a viviendas que constituyen su domicilio habitual.

"buenas prácticas"

Por otro lado, el decálogo incluye la petición de un código de buenas prácticas bancarias para Euskadi, "que brinde una segunda oportunidad a los deudores de buena fe empobrecidos mediante la dación en pago con alquiler social y quitas de deuda", así como el "cumplimiento de normativa europea sobre protección del consumidor".

También se pide la anulación de todas las variedades de IRPH por ser índices "sin transparencia y manipulables" y su sustitución por Euribor con un diferencial máximo de un punto porcentual, y devolución de todo lo cobrado mediante estos índices.

Asimismo, se aboga por la prohibición legal de que se corten suministros básicos y soluciones "efectivas y urgentes" a la imposibilidad de pago de los recibos; garantizar el control "público y social" de Kutxabank, aumentar las partidas presupuestarias destinadas a gasto social y se solicita que los ayuntamientos intercederán para evitar los desalojos "de deudores de buena fe".