La Fiscalía pide archivar la imputación de la infanta: "Está en una posición de indefensión"

La infanta Cristina, en una imagen reciente.
La infanta Cristina, en una imagen reciente.
GTRES

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado archivar la imputación de la infanta Cristina, sobre quien pesan dos delitos fiscales en el marco del 'caso Nóos', al recriminar que se le acuse en base a "sospechas" y a un "raquítico 'pudo saber'", lo que a su juicio la sitúa en una "posición de indefensión", tal y como expone en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

En su escrito, Anticorrupción reclama asimismo que la infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el fiscal, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de los duques de Palma al 50%, y que destinaron a pagar gastos personales. Su abogado, Miquel Roca, ya ha anunciado que pagará ese montante de forma "inmediata".

La infanta testificará en el juicio, del mismo modo que Ana María Tejeiro, la esposa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, como responsable civil a título lucrativo —figura recogida en el artículo 122 del Código Penal—, al igual que otros nueve responsables civiles más, si el juez incluye esta petición de interrogatorio realizada por el fiscal en el auto de apertura de juicio oral que dictará próximamente.

Junto al escrito de acusación de 572 páginas que este martes ha entregado el fiscal Pedro Horrach para solicitar hasta 103 años de cárcel a los acusados en la causa, el representante de la acusación pública ha presentado un anexo de trece páginas en el que apunta a la inexistencia de "dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva" de la participación de la duquesa en un supuesto fraude al fisco.

"Tras meses de afanada investigación, la conclusión que se ha extraído es un raquítico 'pudo conocer' que sitúa a doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión", subraya el fiscal en su escrito, en el que señala a la "vulneración de la presunción de inocencia" en detrimento de la hermana del rey Felipe VI y a una "falta de coherencia" a la hora de imputarle los hechos delictivos que pesan sobre ella.

Anticorrupción recuerda que el motivo por el que ya fue revocada la primera imputación de la infanta fue por el hecho de que desconocía que Aizoon sirviese de empresa 'pantalla' para desviar los fondos públicos obtenidos por su esposo y el exsocio de éste, Diego Torres, a través del Instituto Nóos. "Si la Infanta 'no tenía por qué conocer' que Aizoon era una sociedad instrumental utilizada por su cónyuge para presuntamente apoderarse de fondos públicos, ¿por qué tenía que conocer que era una sociedad instrumental para defraudar a la Hacienda pública?", se pregunta al respecto.

"La  reflexión es obvia", prosigue el fiscal, aseverando que "si Aizoon forma parte de un entramado ficticio denominado Grupo Nóos y, tal y como la Audiencia ha reconocido, la infanta desconocía el carácter instrumental de las sociedades de este grupo, no es coherente  afirmar  que conocía sin embargo el carácter ficticio de Aizoon".

La infanta "se benefició"

No obstante, el fiscal considera que la infanta, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, "se benefició" porque Urdangarin los destino a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar.

Horrach pide también el sobreseimiento provisional de la causa para Ana María Tejeiro por inexistencia de indicios racionales de criminalidad, respecto a todos los hechos delictivos excepto el de blanqueo de capitales. Por ese delito pide que sea condenada a 2 años de prisión y a pagar 961.666 euros de multa. Como responsable civil a título lucrativo, Tejeiro responderá conjunta y solidariamente con Torres hasta la cuantía de 1.144.240 euros.

El fiscal pide también el archivo de la causa por falta de indicios de criminalidad para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el secretario del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro; el asesor fiscal Salvador Trinxet; el ex director general de la Fundación Madrid 2016, Miguel Ángel de la Villa, y su ex director financiero, Gerardo Corral.

Pide que se aplique la 'doctrina Botín'

Por otra parte, Horrach solicita, mediante un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que el juez José Castro aplique la 'doctrina Botín' sobre la infanta Cristina y evite así que se siente en el banquillo de los acusados, amparándose para ello en "elementales razones de justicia e igualdad" con aquellos ciudadanos a quienes, por similares motivos, sí se les ha impedido ir a juicio.

El fiscal considera que "no es sostenible, por elementales razones de justicia, igualdad y seguridad jurídica que, en las mismas circunstancias procesales, un ciudadano sometido a los tribunales de Vizcaya no se exponga al juicio oral y, sometido a un juzgado o tribunal de Baleares, no sólo se le abra juicio oral sino que además pueda ser condenado", asevera en relación a la duquesa de Palma.

Para reforzar sus alegatos, Horrach expone un caso "idéntico" al de la infanta, en el que la Audiencia Provincial de Vizcaya determinó que la acusación popular no podía por sí sola abrir el juicio oral contra las personas que no eran objeto de acusación ni por el Ministerio Fiscal ni por la acusación particular a raíz de la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda pública.

Finalmente, el fiscal subraya que "choca frontalmente" con el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) el "matiz" que la Audiencia balear introdujo para dejar en manos de Castro la aplicación de la doctrina Botín, y que señalaba que, al acusar la Fiscalía y la Abogacía del Estado por presuntos delitos fiscales a Urdangarin y Torres, Manos Limpias "se hallaría legitimada en solitario para abrir juicio oral contra sus respectivas cónyuges por su presunta participación en los mismos hechos delictivos".

"De simple elemento decorativo a imputada"

De hecho, lamenta que "nada se dice" para justificar el hecho de que la infanta, "de simple figurante o elemento decorativo" en el Instituto Nóos, "pasa sin solución de continuidad a 'imputada' como consecuencia de una pretendida posición de 'garante' en la entidad Aizoon".

Sobre el hecho de que se considere que cooperó en que Urdangarin pudiera valerse de Aizoon para tributar menos en su declaración de la renta, Horrach apunta que "es imposible concretar la contribución de la infanta en la defraudación fiscal del IRPF de su cónyuge, si no es por el hecho objetivo de ser socia de la entidad simulada. Sin más aditamentos" y, tal y como destaca en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), "permanecer como socio en una sociedad no significa participar en el fraude".

La participación en un negocio simulado "es cotidiano"

Más en concreto, una de las sentencias del Alto Tribunal a las que alude el fiscal establece que "la participación en un negocio jurídico simulado, en principio, no es por sí un hecho típico ni penalmente relevante. En realidad se lo puede considerar un acto neutral desde el punto de vista penal. La doctrina reciente estima que estos actos son comportamientos cotidianos y socialmente adecuados".

Por tanto, incide Horrach en que "tan innegable e innobjetable" es que era socia de una entidad mercantil "como innegable e inobjetable es que dicho hecho es, en sí mismo, irrelevante desde el punto de vista penal". "E innegable e innobjetable es que, aparte del dato de la participación societaria, el auto [en el que la Audiencia confirmó la imputación de la infanta] no  describe un mínimo relato  indiciario de cooperación. Se limita a señalar que "de alguna manera" ha podido contribuir".

"E innegable e innobjetable es que los tribunales exigen, lógicamente, datos indiciarios mínimamente racionales de la existencia del dolo, para someter a una persona a un juicio oral", abunda.

Por otro lado, el escrito recalca cómo los gastos personales en que incurrió la duquesa a través de la tarjeta de crédito de Aizoon "son ridículos", rebatiendo el hecho de que la Audiencia concluyese que doña Cristina "manejaba las cuentas" de la entidad al cargar en ellas los gastos de sus tarjetas bancarias. "Se trata de una afirmación cuando menos aventurada, porque el concepto jurídico, contable y social de "manejar" las cuentas de una entidad societaria tiene poco que ver con el acto de gastar", apostilla.

"Distorsiones", según el perfil social de los ciudadanos

Es más, afirma Horrach que la afirmación del tribunal "queda desvirtuada totalmente" al comprobar que tanto en la instrucción del caso Nóos como en la inspección realizada por Hacienda hay un sólo comprobante de gasto que efectuó la Infanta con cargo a la tarjeta de Aizoon: la factura del restaurante L'Escarabat Negre, por 352 euros, el 21 de agosto de 2007.

El fiscal concluye su escrito recordando que el Ministerio Público "ni puede ni debe  tolerar eventuales distorsiones en función del perfil personal, social o de otra índole de un determinado ciudadano", y asevera que la Agencia Tributaria realiza "cientos de inspecciones anuales en entidades mercantiles idénticas a Aizoon, esto es, coparticipadas por cónyuges, en las que los ingresos proceden de la actividad profesional de uno de ellos y  las  mismas finalizan en sanciones administrativas exclusivamente para el cónyuge generador de los ingresos".

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