La Fiscalía Anticorrupción solicita este martes más de cien años de cárcel para los acusados del 'caso Nóos', de los que 19 años y 6 meses de prisión los reclama para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y 16 años y medio para su exsocio, Diego Torres, a quienes acusa de haber urdido y liderado una compleja trama de desvío de fondos públicos a través de la cual se habrían apoderado irregularmente de hasta 5,9 millones de euros.

Además, la Fiscalía reclama además que Urdangarin sea condenado a pagar una multa de 3,5 millones de euros y a 15 años de inhabilitación absoluta y 8 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como a 6 años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

En el escrito de calificación de 576 páginas que ha entregado este martes al juez José Castro, el fiscal solicita que se juzgue por el 'caso Nóos' a 14 personas, empezando por los dos principales socios del Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres; la esposa del segundo, Ana María Tejeiro, responsable de personal de la entidad, y un hermano de ésta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable.

Para Urdangarin 6 años de cárcel por malversación en concurso medial con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; 2 por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; 6 por delitos contra Hacienda y 2 por blanqueo.

Del mismo modo, el Ministerio Público reclama que la infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de 1.144.240 euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.

En lo que a la hermana del rey Felipe VI se refiere, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.

Y es que la Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50% y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

Para reclamar la caución, Horrach se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

Para Torres, el fiscal pide 16 años y 6 meses de cárcel (6 por presunta malversación en concurso con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; 2 por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; 3 por delito contra Hacienda y 2 por blanqueo, así como 3,8 millones de euros de multa.

Igualmente pide que asuma el pago de una responsabilidad civil de unos 1,47 millones de euros y que responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con su esposa, hasta la cuantía de 1.144.240 euros.

Horrach considera que Urdangarin y Torres lograron que el Instituto Nóos fuera adjudicatario de "ingentes cantidades" de dinero procedente de fondos públicos, eludiendo de forma ilícita la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública, mediante el uso fraudulento de convenios de colaboración.

Si la autoría intelectual de los proyectos corresponde a Torres, el fiscal atribuye a Urdangarin la vertiente institucional y comercial y el aspecto deportivo de algunas iniciativas, ya que era "el gancho ideal para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios".

Posteriormente desviaban el dinero a empresas de su propiedad con facturas por servicios ficticios que a veces incluso duplicaban, hasta un total de 5,8 millones de euros entre 2004 y 2007. Torres obtuvo 2,6 millones de beneficios y Urdangarin 1,8, según los cálculos de Horrach.

No son las únicas cantidades de dinero que reclamará el fiscal Pedro Horrach, puesto que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados —excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro— deberán hacer frente a una solicitud de unos 6,3 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).

En el ámbito balear, entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrenta a una solicitud de 11 años de prisión por delitos de malversación, prevaricación, falsedad y fraude.

Por su parte, sobre la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, pesa un delito de blanqueo de capitales por el que la acusación pública pide para ella dos años de prisión. También la Fiscalía reclama dos años de cárcel para ella por el mismo delito. Además pide otros dos años de cárcel para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro; dos más para el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis 'Pepote' Ballester; ocho para el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; un año y nueve meses para el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y otros cuatro para el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicita ocho años para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; otros ocho para el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela, ocho más para la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis años para el también exdirector general José Manuel Aguilar. Finalmente, reclama seis años y medio para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

Deja fuera a seis imputados: la infanta Cristina, Miguel Tejeiro (secretario del Instituto Nóos), al asesor fiscal Salvador Trinxet; el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el ex director general de la Fundación Madrid 2016, Miguel Ángel de la Villa, y su ex director financiero, Gerardo Corral.

El fiscal sostiene que para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban, a través de sus empresas, precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de las sociedades controladas por los dos imputados.

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.

El fiscal Horrach apunta a que mediante este mecanismo, estas entidades se hicieron con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.

La instrucción del 'caso Nóos' llegó a su fin el pasado mes de junio tras más de cuatro años de investigaciones en torno a las actividades presuntamente irregulares llevadas a cabo a través del Instituto Nóos. Y es que fue a principios de 2010 cuando las pesquisas darían sus primeros pasos para acabar estallando de forma definitiva en noviembre de 2011 con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas.