En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega respondió así al comunicado difundido el viernes por la mañana por la Conferencia Episcopal, en el que se afirma que los católicos no pueden votar a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo, un proyecto que tachan de injusto y de corromper la institución matrimonial.

La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno dijo: "en la realidad práctica no se va a plantear ningún problema por parte de la administración para aplicar la ley; si un concejal no quiere efectuar una boda, siempre tendrá otro concejal al lado que sí querrá".

"Lo importante es que los ciudadanos puedan acogerse a este derecho, y que nadie vea por una cuestión moral respetable restringidos sus derechos", agregó la vicepresidenta.

Fernández de la Vega señaló que no polemiza con las opiniones de la Iglesia Católica; "la posición del Gobierno es de máximo respeto a sus planteamientos, no hay por confrontación".

A continuación añadió: "sólo quiero reiterar que el Gobierno cumple con su deber, y quien decide sobre las formas de matrimonio civil, que no religioso, es la soberanía nacional, el Parlamento".

"Y en cumplimiento de nuestros compromisos con los ciudadanos y respondiendo al objetivo de ampliar derechos de personas que hasta ahora no lo tenían, hemos legislado una iniciativa que amplía el matrimonio civil; es una buena medida de ampliación de derechos que no perjudica a nadie y beneficia a muchas personas, y como tal ley obliga a los funcionarios públicos a llevar a cabo los trámites", manifestó.