Acerca de la objeción de conciencia ante una ley radicalmente injusta que corrompe la institución del matrimonio

Madrid, 5 de mayo de 2005(Nota íntegra)
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino
El Gobierno anunció hace un año su intención de regular civilmente elmatrimonio de una manera desconocida hasta ahora para la Humanidad.Para casarse no importaría hacerlo con una persona del mismo sexo.

Enla legislación española el matrimonio dejaría de ser la indisolubleunión de vida y de amor de un hombre y de una mujer, abierta a laprocreación, para convertirse en un contrato sin referencia alguna a ladiferencia de sexos e incapaz, por tanto, de prestar a la sociedad elincomparable servicio de dar cauce a la complementariedad conyugal y deprocrear y educar a los hijos.

Ahora parece que el Parlamento semuestra dispuesto a aprobar esta nueva definición legal del matrimonioque, como es obvio, supondría una
flagrante negación de datosantropológicos fundamentales y una auténtica subversión de losprincipios morales más básicos del orden social.

El 15 de julio de 2004 publicamos una Nota titulada En favor delverdadero matrimonio. Allí explicábamos las razones que nos obligan apronunciarnos en contra de este proyecto legal, dado que noscorresponde anunciar el evangelio de la familia y de la vida, es decir,la buena noticia de que el hombre y la mujer, uniéndose en matrimonio,responden a su vocación de colaborar con el Creador llamando a laexistencia a los hijos y realizando de este modo su vocación al amor ya la felicidad temporal y eterna.

Hoy, ante la eventual aprobación inminente de una
ley tan injusta,hemos de volver a hablar sobre las consecuencias que comportaría estenuevo paso.
No es verdad que esta normativa amplíe ningún derecho,porque la unión de personas del mismo sexo no puede ser matrimonio. Loque se hace es
corromper la institución del matrimonio.
Esa unión es enrealidad una falsificación legal del matrimonio, tan dañina para elbien común, como lo es la moneda falsa para la economía de un país.

Pensamos con dolor en el
perjuicio que se causará a los niñosentregados en adopción
a esos falsos matrimonios y en los jóvenes aquienes se dificultará o impedirá una educación adecuada para elverdadero matrimonio.

Pensamos también en las e
scuelas y en loseducadores a quienes, de un modo u otro, se les exigirá explicar a susalumnos que, en España, el matrimonio no será ya la unión de un hombrey de una mujer.A

nte esta triste situación, recordamos, pues, dos cosas.
Primero, quela ley que se pretende aprobar c
arecería propiamente del carácter deuna verdadera ley, puesto que se hallaría en contradicción con la rectarazón y con la norma moral. La función de la ley civil es ciertamentemás limitada que la de la ley moral, pero no puede entrar encontradicción con la recta razón sin perder la fuerza de obligar enconciencia.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, recordamos que
los católicos, como todas las personas de recta formación moral, nopueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sinoque
han de oponerse a ella de forma clara e incisiva.

En concreto,
nopodrán votar a favor de esta norma y, en la aplicación de una ley que
no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada cual podráreivindicar el derecho a la objeción de conciencia.

El ordenamientodemocrático deberá respetar este derecho fundamental de la libertad deconciencia y garantizar su ejercicio.

Es nuestro deber hablar con claridad cuando en España se pretendeliderar un retroceso en el camino de la civilización con unadisposición legal sin precedentes y gravemente lesiva de derechosfundamentales del matrimonio y de la familia, de los jóvenes y de loseducadores.

Oponerse a disposiciones inmorales, contrarias a la razón,no es ir en contra de nadie, sino a favor del amor a la verdad y delbien de cada persona.
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