El Gobierno anunció hace un año su intención de regular civilmente el
matrimonio de una manera desconocida hasta ahora para la Humanidad.
Para casarse no importaría hacerlo con una persona del mismo sexo.
En
la legislación española el matrimonio dejaría de ser la indisoluble
unión de vida y de amor de un hombre y de una mujer, abierta a la
procreación, para convertirse en un contrato sin referencia alguna a la
diferencia de sexos e incapaz, por tanto, de prestar a la sociedad el
incomparable servicio de dar cauce a la complementariedad conyugal y de
procrear y educar a los hijos.
Ahora parece que el Parlamento se
muestra dispuesto a aprobar esta nueva definición legal del matrimonio
que, como es obvio, supondría una flagrante negación de datos
antropológicos fundamentales y una auténtica subversión de los
principios morales más básicos del orden social.
El 15 de julio de 2004 publicamos una Nota titulada En favor del
verdadero matrimonio. Allí explicábamos las razones que nos obligan a
pronunciarnos en contra de este proyecto legal, dado que nos
corresponde anunciar el evangelio de la familia y de la vida, es decir,
la buena noticia de que el hombre y la mujer, uniéndose en matrimonio,
responden a su vocación de colaborar con el Creador llamando a la
existencia a los hijos y realizando de este modo su vocación al amor y
a la felicidad temporal y eterna.
Hoy, ante la eventual aprobación inminente de una ley tan injusta,
hemos de volver a hablar sobre las consecuencias que comportaría este
nuevo paso.
No es verdad que esta normativa amplíe ningún derecho,
porque la unión de personas del mismo sexo no puede ser matrimonio. Lo
que se hace es corromper la institución del matrimonio.
Esa unión es en
realidad una falsificación legal del matrimonio, tan dañina para el
bien común, como lo es la moneda falsa para la economía de un país.
Pensamos con dolor en el perjuicio que se causará a los niños
entregados en adopción a esos falsos matrimonios y en los jóvenes a
quienes se dificultará o impedirá una educación adecuada para el
verdadero matrimonio.
Pensamos también en las escuelas y en los
educadores a quienes, de un modo u otro, se les exigirá explicar a sus
alumnos que, en España, el matrimonio no será ya la unión de un hombre
y de una mujer.
A
nte esta triste situación, recordamos, pues, dos cosas.
Primero, que
la ley que se pretende aprobar carecería propiamente del carácter de
una verdadera ley, puesto que se hallaría en contradicción con la recta
razón y con la norma moral. La función de la ley civil es ciertamente
más limitada que la de la ley moral, pero no puede entrar en
contradicción con la recta razón sin perder la fuerza de obligar en
conciencia.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, recordamos que
los católicos, como todas las personas de recta formación moral, no
pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sino
que han de oponerse a ella de forma clara e incisiva.
En concreto, no
podrán votar a favor de esta norma y, en la aplicación de una ley que
no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada cual podrá
reivindicar el derecho a la objeción de conciencia.
El ordenamiento
democrático deberá respetar este derecho fundamental de la libertad de
conciencia y garantizar su ejercicio.
Es nuestro deber hablar con claridad cuando en España se pretende
liderar un retroceso en el camino de la civilización con una
disposición legal sin precedentes y gravemente lesiva de derechos
fundamentales del matrimonio y de la familia, de los jóvenes y de los
educadores.
Oponerse a disposiciones inmorales, contrarias a la razón,
no es ir en contra de nadie, sino a favor del amor a la verdad y del
bien de cada persona.
Acerca de la objeción de conciencia ante una ley radicalmente injusta que corrompe la institución del matrimonio
Madrid, 5 de mayo de 2005
(Nota íntegra)
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