El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la administración de Justicia y del Registro Civil, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

Las nuevas leyes, que se enviarán al Congreso para su aprobación, pretenden "facilitar la vida de los ciudadanos y utilizar las nuevas tecnologías y modernizar la administración pública", según ha anunciado Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta ley permitirá la inscripción de los nacimientos y las defunciones desde los hospitales. Para la inscripción de los bebés, los padres, asistidos por los facultativos que hayan asistido al parto, firmarán el formulario oficial de declaración al que se incorporará el acreditativo del nacimiento y que será remitido al Registro desde el propio hospital.

En el caso de que no se pudiera realizar la inscripción por este sistema de ventanilla única, la ley prevé que se pueda realizar por el método tradicional en los días siguientes o, en su defecto, a mediante un expediente registral. Las defunciones también se inscribirán en el Registro Civil. La certificación médica expresará la existencia o no de indicios de muerte violenta o de cualquier otro motivo por el que no deba expedirse la licencia de enterramiento o incineración.

Para aumentar la seguridad en la identidad de los nacidos y evitar que se pueda producir "ningún caso de los conocidos como niños robados", la ley incide en la identificación entre el bebé y la madre, a través de pruebas médicas, biométricas y analíticas. En casos de fallecimiento, el certificado de defunción será firmado por dos facultativos que deberán afirmar que de las pruebas realizadas no se desprenden dudas de la relación materno-filial.

El Gobierno quiere fortalecer intercambio seguro de datos entre el Registro y el Catastro para evitar datos contradictorios sobre un inmueble. "Se evitará que haya fincas inscritas varias veces, o inscritas parcialmente, algunas que invadan el terreno público, o construcciones ilegales". También se mejorará la descripción de las fincas y su localización geográfica.

El proyecto permite también incorporar las subastas judiciales al portal único de subastas electrónicas del Boletín Oficial del Estado, con lo que con solo darse de alta "cualquier ciudadano podrá ver lo que se va a subastar, viviendas u otros bienes", y pujar por ellos. "Se ganará en transparencia y se lucha contra las corruptelas. Las subastas se habían convertido en un negocio profesionalizado para algunos", ha dicho la vicepresidenta.

"Los ciudadanos podrán acceder a todo tipo de pujas de bienes muebles e inmuebles que se produzca en cualquier lugar del Estado solo con darse de alta en el Portal Electrónico de Subastas del Boletín Oficial del Estado cualquier día del año", ha adelantado.

Además, se multiplicará la publicidad de los procesos y se podrá facilitar información casi ilimitada tanto de la subasta como del bien ofertado, lo que facilitará su venta a un precio superior. Se podrá participar en ella casi en cualquier momento y desde cualquier lugar.

El Gobierno dará igualmente luz verde al proyecto de ley de reforma de la ley hipotecaria y de la ley del catastro inmobiliario, así como al anteproyecto de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.