El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha urgido este miércoles a las administraciones a que lleven a cabo una "reformulación valiente" que aborde la situación de las viviendas vacías en la Comunidad, ante el incremento del número de desahucios, más de 50.000 el pasado año 2013, y de ocupaciones de viviendas deshabitadas por parte de familias "que se ven en la calle".

Durante su presentación ante el Pleno del Parlamento del Informe Anual de la institución correspondiente a 2013, Maeztu ha insistido en la necesidad de un "cambio estratégico" en las políticas de vivienda y, especialmente en materia de inmuebles vacíos, tanto en manos de la iniciativa pública como privada, "en unos momentos en los que crece el número de familias que no pueden acceder a una vivienda o que son despojadas de las mismas ante el impago de las hipotecas".

En opinión del Defensor del Pueblo andaluz, hay que enfrentarse al problema de la vivienda pública de forma "coordinada e integral" por parte de las administraciones, de modo que se permita "agilizar y flexibilizar" las normativas en esta materia y abrir el cupo a las familias a la que haya cambiado sus circunstancias como consecuencia de la crisis.

Para Maeztu, se hace necesario un estudio de la viabilidad y la puesta en marcha de medidas que ayuden a solventar el problema de las viviendas vacías. Según ha explicado, la Oficina del Defensor del Pueblo ya ha iniciado el camino en esta materia con una queja de oficio dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, que se va a extender a los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes y a la Consejería de Fomento y Vivienda para culminar en un informe especial sobre "un mapa de la situación de la vivienda en Andalucía".

Durante su intervención, el Defensor del Pueblo también ha denunciado que la crisis ha dejado a muchas familias en situación de riesgo al carecer de ingresos suficientes para atender el pago de suministros básicos como la agua, el luz o el gas. Por ello, ha considerado de vital importancia la aprobación de una norma que regule la garantía de ingresos mínimos a estas familias y que haga efectivo el derecho a una renta básica, recogido en el Estatuto de Autonomía.

Asimismo, Maeztu ha demandado también la necesidad de articular "una ley de segunda oportunidad" para solucionar el problema del sobreendeudamiento familiar derivado de la incapacidad de muchas familias de buena fe para hacer frente a las deudas. A su juicio, la incorporación de estas personas a los procedimientos de segunda oportunidad evitaría que muchas familias caigan en situaciones de pobreza y exclusión.

De otro lado, el Defensor ha alertado de que la sociedad está reclamando una participación más directa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la forma de gestionar "la cosa pública", así como también un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, la exigencia de responsabilidades, la erradicación de las prácticas y comportamientos irregulares, y la consecución de consensos en las cuestiones más importantes que afectan a la ciudadanía.

Más de 18.700

Actuaciones en defensa de derechos

En el citado informe, ya presentado en comisión, se recoge que un total de 42.568 personas, un 5,5 por ciento más que el ejercicio anterior, se han dirigido a la Defensoría solicitando ayuda para la protección y defensa de sus derechos y, consecuencia de ello, se han realizado 18.779 actuaciones, es decir, una media de 1.564 actuaciones al mes. Estos datos se desglosan en 9.624 quejas; 8.691 consultas y 461 actividades de promoción de los derechos sociales.

En términos porcentuales, esta actividad ha significado un aumento de las consultas (cuatro por ciento) y de las actuaciones de promoción de los derechos (24 por ciento). El número de quejas tramitadas ha sido de 9.624, con el resultado de 6.755 de las quejas concluidas (un 70 por ciento), de las que el 53,5 por ciento se admitieron a trámite. También han experimentado una subida las mediaciones (137 en total, un 19 por ciento más) y un descenso las actuaciones de oficio (152, un 38 por ciento menos).

Por materias, el Defensor ha estado especialmente atento a los retrasos y demoras de las ayudas a la Dependencia (588 quejas en 2013); o a la desesperación de muchos ciudadanos ante unas cláusulas de suelo de sus hipotecas que consideran abusivas (487 casos).

También ha sido muy significativo el número de quejas sobre la desprotección que sufren los menores (345), o las más de 200 denuncias presentadas por desahucios, donde buena parte son familias con niños; o las más de 330 quejas presentadas por el funcionamiento de la Justicia, ante situaciones de colapso y graves disfunciones.

PP-A

Critica que maeztu haga de "oposición" al gobierno central

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Rosalía Espinosa ha dado las gracias al Defensor del Pueblo Andaluz por el trabajo realizado y por atender a más de 42.000 personas que han acudido a la institución en búsqueda de soluciones. No obstante, ha considerado que Maeztu parece más bien un adjunto al Defensor del Pueblo Español, "por lo mucho que se ha ocupado de las competencias del Gobierno central". En su opinión, esta institución debería servir para ofrecer soluciones "y no para hacer oposición al Gobierno".

Por su parte, el diputado del PSOE-A Manuel Carmona ha agradecido también el informe presentado por Maeztu, que ha considerado "un provechoso catálogo de recomendaciones en ámbitos como la vivienda, los menores, la salud, la educación o los servicios sociales". A su juicio, este documento supone "la voz del pueblo clasificada y sistematizada que viene a inspirar la acción legislativa a las aspiraciones que pueblo que sabe lo que quiere, y por eso da y quita mayorías".

Finalmente, el diputado de IULV-CA Ignacio García ha afirmado que el informe del Defensor del Pueblo Andaluz es un "retrato de la realidad andaluza a pie de calle" y que el incremento de las quejas que se ha producido en el último año significa que los andaluces "lo están pasando mal". Según ha apuntado, el informe pone "el dedo en la llaga" en lo relativo a los colectivos especialmente vulnerables y a los recortes realizados por el Gobierno central.