En los últimos doce meses se han recrudecido los recortes de personal sanitario y docente en Madrid. También subieron los impuestos y se comenzaron a cobrar nuevas tasas, tanto locales como regionales. Los efectos de la crisis económica golpearon con fuerza a las familias, repuntando los casos de malnutrición infantil, de pobreza energética y de personas sin hogar que no tenían acceso a ayudas públicas. Tampoco se ha solucionado el colapso judicial, ya endémico en la región.

Todos estos problemas tienen su reflejo en el Informe de la Defensora del Pueblo de 2013: durante el año pasado, la institución tramitó 8.463 expedientes de queja y recursos de inconstitucionalidad procedentes de ciudadanos madrileños. Esta institución (actualmente dirigida por Soledad Becerril) es la última instancia a la que pueden acudir los ciudadanos cuando tienen una reclamación relacionada con el funcionamiento de las administraciones públicas. Cuando le llega una queja, la Defensora investiga el caso y pide explicaciones a las autoridades. Aunque sus recomendaciones y sugerencias no son vinculantes, sí suponen un toque de atención a la actuación de los gobiernos.

En Madrid, la gran mayoría de las reclamaciones investigadas están relacionadas con los recortes aplicados a los empleados públicos (2.997 expedientes), tanto en su plantilla como en sus condiciones laborales. Estos recortes repercuten en el funcionamiento de servicios esenciales, como educación o sanidad. A continuación, las preocupaciones de los madrileños se centran en la actividad económica (aplicación de impuestos y signos de pobreza, principalmente), con 942 quejas a la Defensora en 2013; el funcionamiento de la Justicia (por su lentitud y el colapso de registros civiles y tribunales), con 548 expedientes; y la política social (recortes de ayudas a personas sin recursos o reducción de servicios públicos), que acumuló 402 quejas.

Empleo y servicios públicos: 2013 fue el año en que la marea blanca de profesionales sanitarios se echó a la calle contra el intento de privatización sanitaria de Ignacio González. A raíz de las quejas, la Defensora abrió un expediente para valorar si el proyecto de la Comunidad podría ser inconstitucional, pero no lo consideró así y dejó el tema en manos de los jueces. Finalmente, la presión popular y judicial obligó a la Comunidad a retirar su proyecto. También se han recibido protestas por la jubilación forzosa de médicos, por las listas de espera en hospitales y por los despidos en la limpieza urbana de la capital que motivaron la huelga de noviembre. Además, la Defensora cuestionó el sistema de elección de profesores de habla inglesa y pidió explicaciones por la falta de cobertura de bajas de funcionarios, que provoca deficiencias en la prestación de los servicios.

Caos judicial: Las colas en los registros civiles de Madrid siguen centrando las críticas de la Defensora en materia judicial: "Persiste el colapso de un buen número de registros civiles en Madrid, como los de Torrejón, Alcalá o Fuenlabrada. Hay insuficiente dotación de medios humanos". También se repiten las quejas ciudadanas por el atasco en los tribunales madrileños, principalmente en procesos relacionados con despidos y con concursos de acreedores en empresas.

Pobreza: La Defensora da un tirón de orejas a la Comunidad de Madrid por la tardanza en entregar la Renta Mínima a personas sin recursos que necesitan la ayuda de forma urgente. Además, pidió explicaciones a las administraciones madrileñas sobre las medidas públicas para intentar evitar la malnutrición infantil detectada en los colegios. También se hizo eco de la pobreza energética y la dificultad de las familias para pagar los recibos de suministros de su vivienda, que en Madrid afecta a casi 200.000 hogares. Por otro lado, la Defensora ha instado al Ayuntamiento de Madrid a que "suspenda o aplace las demoliciones y desalojos en el poblado chabolista de El Gallinero, hasta que se garantice a las familias un alojamiento alternativo". Sin embargo, el equipo de Botella ha rechazado esta sugerencia.

Impuestos y economía: Muchos ciudadanos protestan ante la Defensora por la implantación de nuevas tasas o por errores en su aplicación. Hay quejas por la tasa de basuras de Madrid, por cálculos erróneos del IBI debido a fallos de registro del valor catastral o por el cobro diferenciado de tasas locales en municipios como Alcorcón o La Cabrera. En el plano económico, la Defensora denuncia las demoras del Fogasa en la entrega de las indemnizaciones y salarios a trabajadores de empresas en quiebra, destacando que Madrid es una de las regiones con mayores retrasos (15 meses de media).

Molestias a los vecinos: La degradación de la calidad de vida y las molestias a los vecinos en el entorno más cercano de sus hogares también motivan decenas de quejas. Entre otras, la Defensora se ha interesado por el ruido provocado por los bares de copas en Madrid (principalmente, en áreas de La Latina), los malos olores (por depuradoras o por la planta de Valdemingómez), la venta de drogas a plena luz del día en Lavapiés, los vertidos incontrolados de residuos en Entrevías, las calles en mal estado por toda la región debido a los recortes en mantenimiento o los botellones en parques de la ciudad.

Transportes: En este campo, Metro es el principal blanco de las críticas de los ciudadanos madrileños. Los usuarios han denunciado ante la Defensora las averías en los trenes del subterráneo, la creciente inseguridad por el descenso de los vigilantes, el cierre de los vestíbulos en algunas estaciones y la falta de información en la venta de billetes. También ha habido reclamaciones por la supresión de autobuses o por los retrasos en las obras del tren a Torrejón.

Investigaciones de oficio: La Defensora tiene potestad para iniciar indagaciones sin necesidad de denuncia previa. En 2013, Soledad Becerril investigó la avería del metro que dejó atrapados a los viajeros hora y media en Gran Vía, la existencia de "un gran socavón en Vallecas desde hace más de dos meses", una "escombrera irregular en las inmediaciones de un colegio", la falta de medios en los juzgados, la paralización de las adopciones internacionales, la "insuficiencia de vacunas en los centros de salud de Madrid", la presencia de "lodos contaminados en la presa del río Aulencia", el "ataque de un grupo neonazi en la Universidad Autónoma" y el "desalojo de madrugada de un módulo de la cárcel de Valdemoro", entre otras actuaciones.