Madrid también renuncia a la privatización de los ambulatorios

  • Tras cancelar la entrega de seis hospitales a empresas, el presidente autonómico confirma que abandona completamente el plan trazado por Lasquetty.
  • Los 131 millones que el ejecutivo estimaba ahorrar con la privatización se lograrán mediante la aplicación de un 'plan B' vigente desde octubre.
  • Los médicos piden al nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, una reunión inmediata para reconducir la gestión sanitaria.
  • La privatización sanitaria: cronología de un fracaso.
  • Nuevo traspiés de Ignacio González en el PP.
Imagen del centro de salud de la calle Avilés de Fuenlabrada.
Imagen del centro de salud de la calle Avilés de Fuenlabrada.
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La Comunidad de Madrid aparca por completo las privatizaciones sanitarias. Solo 24 horas después de cancelar los planes previstos para los hospitalesde Coslada, Arganda del Rey, Aranjuez, Parla, San Sebastián de los Reyes y Vallecas, Ignacio González anunció que también renuncia a delegar en empresas la gestión de 27 centros de salud, el 10% de los existentes en la región.

"Dejamos sin efecto todo que tenga que ver con la externalización de servicios sanitarios en toda su extensión", confirmó González este martes.

La decisión supone dar carpetazo al Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad que el ya exconsejero Javier Fernández-Lasquetty —que renunció al cargo este lunes— inició el 31 de octubre de 2012. Este programa incluía, entre otras, las privatizaciones hospitalarias y ambulatorias, la implantación del euro por receta o la conversión de los hospitales de La Princesa y el Carlos III en centros especializados en geriatría y pacientes crónicos, respectivamente.

En total, Lasquetty no pudo completar ni el 50% de las iniciativas. Otras pasaron a formar parte del 'plan B' que el propio consejero presentó en octubre de 2013

Consciente ya de que los tribunales podrían alargar la suspensión cautelar de las adjudicaciones, Lasquetty anunció la puesta en marcha de iniciativas como la potenciación de la central de compras sanitarias, la reducción del gasto en farmacia y jubilaciones anticipadas, propuestas que los médicos ya le habían hecho con anterioridad.

Además, añadió la reordenación y eliminación de alquileres, la renegociación de contratos de suministro energético y el incremento de la actividad de los hospitales por las tardes, con las que los profesionales están de acuerdo. La única línea roja de los sanitarios era —y sigue siendo— la privatización de servicios, que la Comunidad ha consumado en el caso de la limpieza, el mantenimiento o la lavandería.

Sanidad estimó que el 'plan B' le permitiría disponer de 131 millones de euros adicionales, justo el dinero que calculaba ahorrar con la adjudicación de los seis hospitales este año.

Los presupuestos de 2014 ya tenían en cuenta esta cantidad. "En 2014 tenemos contemplada esta situación y vamos a tener que seguir introduciendo medidas de eficiencia y eficacia en el gasto para conseguir el objetivo de déficit y mantener el sistema público de salud", añadió González este martes. Antes había asegurado que los madrileños no sufrirán ningún recorte adicional en el servicio. El presupuesto del departamento para este año es de 6.970 millones de euros, un 45% del total de los recursos autonómicos.

Consecuencias

La privatización, con todo, tiene consecuencias. Para empezar, el proceso de reordenación de efectivos ha quedado en nada. Sanidad abrió un plazo para que los 5.000 trabajadores de los hospitales a privatizar decidiesen si pedían el traslado o se quedaban en sus centros. En el segundo caso, podían optar por seguir a sueldo de la Administración o pasar a formar parte de la plantilla de las empresas privadas. Los trámites no llegarán a completarse.

Además, la Comunidad debe devolver los 27,9 millones de euros que Ribera Salud (11,7 millones), Hima San Pablo (12,2 millones) y Sanitas (4 millones) depositaron como fianza para acceder al concurso de gestión. Por el momento ninguna de las empresas ha comunicado su intención de reclamar daños y perjuicios a la administración autonómica. A través de un comunicado, Ribera Salud detalló que está a la espera de concretar los trámites a seguir con Sanidad", proceso en el que ofrece su "voluntad de colaboración".

La Consejería, por su parte, aún no tiene claro si debe o no debe indemnizar a las participantes. Ignacio González aseguró que las concesionarias habían generado "unos derechos". Mientras que el consejero de Hacienda, Enrique Ossorio, asegura que el Ejecutivo dispone de dinero en caso de que sea necesario. Sin embargo, el Ejecutivo confirma que ni siquiera llegó a firmar los contratos con Ribera, Hima y Sanitas debido a las medidas judiciales.

Todos estos frentes están sobre la mesa de Javier Rodríguez Rodríguez, sustituto de Lasquetty, que juró su cargo este martes. Rodríguez, médico de profesión (el primero en 10 años al frente de la cartera) se ha marcado como objetivo prioritario "recomponer las relaciones maltrechas" con sus compañeros del sector. Sin embargo, no invitó a los representantes de mesa sectorial (Satse, CC OO, Amyts, CSIT, UGT y USAE) a su toma de posesión.

Cambiar las formas

La primera petición que le han trasladado los representantes de los trabajadores es que les convoque de forma urgente para reconducir la gestión sanitaria. "Estamos abiertos a todo diálogo, como lo estuvimos siempre. Somos parte de la Consejería, trabajamos para ellos y creemos que estamos en la obligación de presentar propuestas para mejorar", aseguró a 20minutos Patricia Alonso, vocal de la Asociación de Facultativos Especialistas (Afem).

Julián Ezquerra, secretario general de Amyts, cree que es hora de que cambien las formas: "Tras una década de ruptura, esperamos volver al camino correcto. Ya he enviado una carta al consejero pidiéndole que convierta en indefinidos los más de 3.000 contratos eventuales de los trabajadores de los hospitales que iban a privatizar".

"La ideología privatizadora de Lasquetty fracasó por irracional y porque se basaba en números inexistentes que nunca nos pudo presentar. Queremos colaborar de manera leal y absoluta con la sostenibilidad del sistema", sentencia.

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