El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este jueves de forma cautelar la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno, han informado fuentes del tribunal.

La ley andaluza recurrida fue aprobada el pasado 1 de octubre y derogó el decreto ley de Andalucía de abril sobre este mismo asunto y que, en su momento, ya fue objeto de otro recurso de inconstitucionalidad, que también supuso su suspensión cautelar.

La Ley ahora suspendida permite a la Junta de Andalucía expropiar a los bancos por un periodo máximo de tres años el uso de las viviendas en inminente riesgo de desahucio. Las familias beneficiarias deberán destinar el 25% de la renta familiar para pagar el 2% del justiprecio del inmueble. La expropiación podrá ser solicitada, además de por las familias en riesgo de desalojo, por avalistas, autónomos y familias con hipotecas puente, es decir, aquellos que han adquirido un nuevo inmueble sin haber podido vender su casa antigua.

El Gobierno considera que la nueva ley reproducía en esencia el contenido del decreto anteriormente recurrido y, por ello, reiteró los motivos expuestos en ese momento para adoptar de nuevo esta decisión.

En concreto, el Ejecutivo central entiende que la ley antidesahucios es inconstitucional por definir el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda, utilizando para ello competencias de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda y urbanismo.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy entró en el TC el pasado 18 de diciembre, varios días después de anunciarse por el Consejo de Ministros.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha asegurado tras conocer la noticia que la Junta está preparando ya el informe para pedir al TC que levante la suspensión cautelar. Y pedirá también a los juzgados donde se instruyen procedimientos de ejecución hipotecaria que no lleven a cabo ningún desahucio hasta que la decisión del tribunal no sea firme.

El TC, que solo se ha pronunciado sobre el recurso y no sobre el fondo del mismo, ha asegurado que resolverá "en próximas fechas". Tiene un plazo de cinco meses para levantar la suspensión, mientras que la Junta tiene 15 días para personarse y presentar las alegaciones que crea oportunas.

Según Cortés, el recurso "está más provocado por que al PP le molesta que haya alternativa y que IU sea Gobierno en Andalucía". La consejera, además, ha recordado que en Cataluña "opera una ley que permite sancionar a las viviendas deshabitadas y no pasa nada".

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, ha acusado al Gobierno este viernes de "crueldad" al llevar la ley al Tribunal Constitucional y pedir que se paralice, porque "detrás" de este asunto "hay familias, gente que se queda en la calle".

"Es una muestra más de insensibilidad -del Gobierno- con los colectivos más vulnerables, como son las personas que pueden perder su vivienda", ha clamado la consejera.

La Junta mantiene que la suspensión no tiene carácter retroactivo, por lo que las dos primeras viviendas con las expropiaciones ya culminadas totalmente seguirán estando expropiadas por el Gobierno andaluz. En cuanto a los 37 procedimientos que ya han sido publicados en el BOJA, y a los que solo falta que el Consejo de Gobierno dé el visto bueno, la consejera de Fomento y Vivienda ha remitido a la petición que harán en los juzgados para que no se desahucie a nadie.

Además, hay otros 115 casos a los que se les estaban validando sus expedientes en las distintas provincias andaluzas.