La Junta de Andalucía aprueba otra vez la ley antidesahucios

  • Lo ha hecho con los votos mayoritarios de PSOE-A e IU.
  • Esta nueva normativa dará cobertura también a los avalistas y a los autónomos.
  • El Constitucional paralizó la primera ley tras el recurso del Gobierno central.
  • Las claves del nuevo texto legislativo.
El movimiento Stop Desahucios lucha contra la exclusión.
El movimiento Stop Desahucios lucha contra la exclusión.
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El movimiento Stop Desahucios lucha contra la exclusión.

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado, en virtud de la mayoría que ostentan PSOE-A e IULV-CA, socios en la Junta, la nueva Ley de función social de la vivienda, que el PP-A rechazará. Esta será la nueva regulación antidesahucios con la que contará Andalucía después de que el anterior decreto ley sobre función social de la vivienda quedara paralizado tras el recurso que interpuso el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

Como novedades respecto al decreto ley, destacan, entre otras, que la expropiación temporal del uso de la vivienda podrá ser solicitada por más personas, al incorporarse a esta posibilidad los avalistas, los autónomos y las familias con hipotecas puente, es decir, aquellos que han adquirido un nuevo inmueble sin haber podido vender su vivienda antigua.

Asimismo, la ley ofrecerá soluciones a quienes estén en régimen de alquiler y también vayan a ser desahuciados.

Así, en una disposición adicional primera, se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social que, como consecuencia de la ejecución de un aval que las mismas hayan prestado en orden a garantizar un crédito hipotecario, hayan de responder con su propia vivienda habitual, por encontrarse incursas en un procedimiento de ejecución o apremio instado por una entidad financiera, sus filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos.

Igualmente, se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas dadas de alta en la Seguridad Social como autónomas o trabajadoras por cuenta propia que se encuentren en especiales circunstancias de emergencia social y cuya vivienda habitual constituya garantía de un préstamo bancario concedido para hacer frente al desempeño de su actividad profesional y se encuentren incursas en un procedimiento de ejecución o apremio instado por la entidad financiera concedente del crédito.

El PP-A votará en contra de la nueva ley

El PSOE-A anunció días atrás que la futura Ley de función social de la vivienda contará con una "partida específica" en los presupuestos de la comunidad para 2014 y, a partir de ahí, se podrá valorar a cuántas personas va a beneficiar, una vez que amplía la cobertura a nuevos beneficiarios.

Por su parte, el PP-A ha votado en contra de la norma y ha augurado que también acabará siendo recurrida por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional porque tiene los mismos trazos de "inconstitucionalidad" que el anterior decreto sobre la misma materia y que fue recurrido.

La secretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos del PP-A, Alicia Martínez, manifestó el pasado jueves que, en su día, el grupo popular se abstuvo en la votación del decreto ley de función social de la vivienda, porque su voluntad era el diálogo y hacer aportaciones a la futura ley. Sin embargo, ahora rechazarán la norma porque no se ha aceptado ni una sola de sus 82 enmiendas al texto legislativo, que solo está planteado para la "confrontación" y de "cara a la galería", porque no resuelve en absoluto el problema de los desahucios.

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha destacado este miércoles que el Gobierno central cuenta con margen para dirimir en la comisión bilateral las diferencias sobre vivienda, después de que el lunes se retomara este espacio, tras la suspensión cautelar del Decreto antidesahucios por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo nacional y ante la aprobación de la Ley de función social de la vivienda.

La consejera ha advertido que "Andalucía no se va a rendir" para defender el derecho a la vivienda de la mayoría social y ha destacado que en la comunidad andaluza hay unas 700.000 vacías, mientras hay andaluces que demandan viviendas, algo, a su juicio "insostenible".

Cortés ha recordado que la Junta aprobó el conocido como decreto antidesahucios y el presidente del Gobierno, dentro del plazo de tres meses contemplado, invocó el artículo 161.2 de la Constitución en su recurso de inconstitucionalidad, que provocó su suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional (TC) sin entrar en el fondo.

La PAH tiene pocas esperanzas

"Nuestra esperanza es corta porque sabemos que la van a recurrir en cuanto entre en vigor", explica a 20minutos Paco Gracia, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sevilla, que añade que en Andalucía podría haber "unas 100.000 familias que necesitarían esta ley". La aprobación de ayer "refleja que la Junta no está a sueldo de los bancos, como el Gobierno de Rajoy", concluye Gracia.

De momento, la Junta no sabe a cuántas personas podrá beneficiar esta ley, que entrará en vigor en los próximos días. Durante el primer trimestre de 2013 se ejecutaron en Andalucía 2.521 desahucios (19.468 en España), según el Consejo General del Poder Judicial.

Comisión

La consejera ha señalado que la Administración andaluza reclamó la celebración de la comisión bilateral para solventar las diferencias, pero si bien "dos días después" el Gobierno presentó el recurso, aunque "tres días antes de aprobar la Ley de Función Social de la Vivienda se retoma este espacio".

El Gobierno central tiene margen para "no recurrir la Ley ante el Tribunal Constitucional", ha subrayado la consejera quien, sin embargo, ha señalado que otra cosa es que "el Gobierno quiera imponer un camino para Andalucía".

Si no se utiliza la vía de la comisión bilateral para dirimir los asuntos problemáticos en este ámbito, el Gobierno "lamentablemente" podría volver a recurrir la Ley, lo que lo situaría "al lado de la elite financiera y los fondos buitres".

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