Interior no cumplirá la sentencia del 'caso Faisán' hasta que se agoten todos los recursos

  • Fernandez Díaz considera que no le corresponde adoptar ninguna decisión hasta que no se le notifique una sentencia firme del caso.
  • La Audiencia Nacional ha condenado a los dos agentes a un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación por el "chivatazo" a ETA.
  • La Fiscalía anuncia que no va a recurrir la condena impuesta.
  • CLAVES: El chivatazo que evitó la caída de la red de extorsión de ETA.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, muestra la nueva aplicación en su teléfono móvil.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, muestra la nueva aplicación en su teléfono móvil.
LIZÓN / EFE

El Ministerio del Interior no va a tomar ninguna medida contra los dos policías condenados a año y medio de prisión por revelación de secretos en el 'caso Faisán'hasta que no haya sentencia firme y se hayan agotado todos los recursos que puedan interponer los agentes.

El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado su postura respecto a la sentencia del caso en declaraciones a los periodistas tras asistir a la inauguración de un centro de coordinación de vigilancia marítima de la Guardia Civil, con presencia del Príncipe de Asturias.

"Cuando sea firme esa sentencia porque hayan agotado todos los recursos a los que eventualmente tengan derecho los interesados y los ejerzan, y se nos haya notificado, evidentemente se cumplirá", ha remarcado Fernández Díaz. "Hasta tanto no llegue ese momento no vamos a  tomar ninguna decisión en el Ministerio del Interior", ha concluido.

La Audiencia Nacional ha condenado al exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies y al inspector de Policía José María Ballesteros a un año y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación por el "chivatazo" a ETA en el llamado caso Faisán.

La sentencia considera probado que Pamies fue quien, dio el chivatazo al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, que tiró por tierra una operación contra la red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006, y que lo hizo con la "colaboración imprescindible" de Ballesteros. Este último acudió al bar y le entregó el teléfono a Elosua, al otro lado del cual estaba Pamies, quien le alertó de que se iba a detener un presunto etarra que vivía en Francia y con quien el dueño de Faisán se iba a reunir ese mismo día.

Para llegar a esa conclusión los magistrados se apoyan en el tráfico de llamadas poco antes de la entrada de Elosua al bar y en la baliza de seguimiento instalada por la policía en el coche de este, que grabó una conversación con su yerno en la que revelaba la conversación mantenida con Pamies.

El Gobierno "respeta y acata"

Fernández Díaz no ha querido pronunciarse respecto al fallo de la Audiencia Nacional, que entiende que el chivatazo no fue una "acción directa de los acusados para favorecer una actuación puntual" de la banda, sino que su intención era "no entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA".

"Como ministro del Interior, no hago juicios sobre decisiones judiciales", ha aseverado Jorge Fernández Díaz antes de insistir que su Departamento cumplirá la sentencia "cuando proceda y como proceda", una vez agotados los recursos.

Y bajo el argumento de que él no habla "en nombre del PP" tampoco ha querido comentar si el fallo confirma en su opinión las críticas del grupo popular lanzadas reiteradamente en el Parlamento en la pasada legislatura contra el anterior ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el caso Faisán.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también ha manifestado este miércoles el "respeto" y "acatamiento" del Gobierno a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Faisán, como, ha dicho, el Ejecutivo "hace siempre ante cualquier resolución judicial".

La Fiscalía no recurrirá

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrirá la sentencia condenatoria. Fuentes fiscales han informado que la sentencia de la sección tercera de la Audiencia no se recurrirá porque condena a los policías por uno de los delitos que pedía el fiscal Carlos Bautista, quien reclamaba una condena de hasta dos años de cárcel por revelación de secretos o, alternativamente, cinco años por colaboración con ETA.

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