Los jueces de Instrucción de Sevilla, reunidos este lunes en junta, han expresado su "total apoyo y aprecio" a la jueza Mercedes Alaya tras "los insultos, presiones, coacciones e intimidaciones" sufridos el pasado jueves, cuando varias decenas de simpatizantes de los sindicatos CCOO y UGT se concentraron frente a los juzgados para pedir la libertad de los compañeros detenidos en la segunda fase de la Operación Heracles.

Según una nota hehca pública por los magistrados, con estas actuaciones "no se pretende otra cosa que socavar, en beneficio de unos pocos, uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho". Además, reconocen el "enorme esfuerzo profesional, personal y familiar que está haciendo" la jueza.

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de cospedal, ha calificado de "impresentable, sancionable y rechazable en democracia" que se intente presionar a la magistrada "insultándola y acorralándola" a la llegada al juzgado de Sevilla.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, también ha lamentado públicamente las protestas de los sindicalistas. Y ha señalado que "tiene que haber un respeto hacia la Administración de Justicia". Asimismo, Méndez se ha referido a los presuntos desvíos de fondos de su organización en Andalucía, aseverando que "si hay alguien que ha metido la mano tendrá que hacer frente a las consecuencias y seremos los primeros interesados".

Por su parte, el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, ha informado que desde el sindicato se está estudiando tomar acciones judiciales en caso de que hubiese "algún exceso en cuanto a los derechos mermados de los compañeros retenidos la semana pasada".

Mientras, el sindicato Manos Limpias ha vuelto a ampliar la denuncia contra UGT-A por el caso de las presuntas "facturas falsas", denunciando que la organización sindical "utilizó fondos de los desempleados para la compra de 5.000 banderas y piruletas".