Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarrollado este martes la segunda fase de la operación 'Heracles', vinculada al caso de los ERE irregulares de la Junta Andalucía, que investiga la jueza sevillana Mercedes Alaya.

Con la detención de un exdirector de una sucursal bancaria de la provincia de Jaén, los detenidos ascienden a 10 y se han producido unas 50 imputaciones, así como una decena registros.

Según la Guardia Civil, los delitos investigados se refieren a irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas por parte de la Administración a miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y a empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos dedicados a empresas.

Igualmente, se investiga la implicación de distintos profesionales de banca en presuntas actividades vinculadas al blanqueo de capitales, relacionadas con las referidas tramas.

Entre los detenidos se encuentran Enrique Rodríguez Contreras, exgerente provincial del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y alto funcionario de la Diputación Provincial de Sevilla, donde hasta este martes ha sido responsable del Área de Empleo e Innovación, ya que el Gobierno provincial lo ha destituido de su cargo.

El presidente de la Corporación supramunicipal, Fernando Rodríguez Villalobos, ha apuntado en un comunicado que el cese de Rodríguez es "temporal" porque "respetamos en un Estado de Derecho la presunción de inocencia hasta que se produzca el fallo definitivo del caso".

Asimismo, ha destacado la "profesionalidad" del detenido durante la etapa en la que ha prestado sus servicios en la entidad provincial y se ha mostrado sorprendido porque después de diez años de su actuación en el IFA "ahora se siembren dudas" sobre la Diputación, que "nada tiene que ver con el caso de los ERE".

Alaya apunta en su último auto que Rodríguez Contreras era una persona "de la absoluta confianza" del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien, según la propia Guardia Civil, "pudo haber jugado un papel esencial en la concesión de determinadas ayudas" (las de la Sierra Norte de Sevilla) en las que Rodríguez "tuvo una significativa intervención".

Así, mantiene que el detenido "tuvo una intervención destacable" en la concesión de determinadas subvenciones a empresas y ayuntamientos de la provincia sevillana.

Del mismo modo, están arrestados en esta nueva fase el exsecretario de Desarrollo Industrial y de Organización de Industria Textil de CC OO-A, Roberto Carmona Soto; un ex dirigente de CC OO en Córdoba, Francisco Casado, y su hermano, así como el secretario de UGT de Cádiz, Salvador Mera; el vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos) y director del Hotel Don Pedro de Torremolinos (Málaga), Ángel Quesada; y un exbanquero, también detenido en Málaga.

UGT ha defendido el trabajo y la gestión de Mera y ha anunciado que le está prestando asistencia jurídica. El secretario de Comunicación de UGT-A, José Ginel; y el secretario provincial de Organización de UGT Cádiz, Antonio López, han informado que los agentes de la UCO se personaron a las 9.30 h en el despacho de Mera y le pidieron que le acompañaran para tomarle declaración y hacer algunas diligencias.

Estas detenciones se han desarrollado en Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, así como en Madrid, Barcelona y Segovia. Desde primeras horas de este martes se están llevando a cabo distintos registros. Así, se ha intervenido la vivienda y el despacho de Rodríguez Contreras; el Restaurante Río Grande de Sevilla, que presentó un ERE con "intrusos" en el año 2005, que está siendo investigado por Alaya; o el domicilio del exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CC OO-A, Juan Antonio Florido.

Florido ha criticado este hecho y ha asegurado no tener constancia de su imputación en el caso de los ERE. Florido ha afirmado que ha sabido "por sus abogados" que su domicilio estaba siendo registrado, mostrándose "muy sorprendido" por "las formas" y afirmando "no entender" este registro.

Igualmente, la Guardia Civil ha realizado registros en la vivienda del José María Sayago, copropietario de la empresa Matadero de Sierra Morena, en la Sierre Norte sevillana, que también se investiga en la causa de los ERE; el inmueble que posee en Gines (Sevilla) Antonio Manuel Bustamente (citado a declarar ante Alaya el próximo 24 de octubre), presidente del consejo de administración de la sociedad anónima Surcolor, cuyo ERE figura en la investigación que lleva a cabo la jueza sevillana al incluir la prejubilación de dos hombres ajenos a la plantilla: el marido de una exconcejal del PSOE y un familiar del exalcalde y ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas en Sevilla, condenado ya por una de las piezas del caso Mercasevilla.

Y la vivienda del exconcejal socialista en El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo.

La operación Heracles comenzó el pasado mes de marzo, en la que se investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE y que arrojó 22 nuevos detenidos. Siete ingresaron en prisión, continuando este martes tres de ellas en la cárcel.

La secretaria de Política Institucional del PSOE-A, Verónica Pérez, ha asegurado que su formación afronta con "absoluta calma y respeto a las decisiones judiciales" esta nueva operación y se ha mostrado "sorprendida" por la detención de Enrique Rodríguez: "Nadie se lo esperaba y nosotros tampoco, pero vamos a mantener la calma y cuando tengamos más información podremos hacer otro tipo de valoraciones porque ahora no tenemos la información suficiente", ha añadido.

Los portavoces en el Congreso de los Diputados del PP, Alfonso Alonso, y del PSOE, Soraya Rodríguez, han coincidido en mostrar su respeto a las actuaciones judiciales y confiar en que la Justicia esclarezca todas las responsabilidades en el caso de los ERE falsos.