El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reexaminado este miércoles la sentencia dictada contra España por aplicar la doctrina Parot a la miembro de ETA Inés del Río Prada, en una única audiencia en la que los jueces de la Gran Sala han escuchado a las partes. Tras dos horas de vista, los magistrados han dejado el caso visto para sentencia. El fallo se conocerá en los próximos meses y será de carácter inapelable.

El Gobierno español solicitó la revisión del caso después de que el 10 de julio de 2012 la Sala Tercera de este tribunal europeo condenara por unanimidad a España y declarara "irregular" la aplicación de esa doctrina.

El abogado del Estado Isaac Salama ha sido el encargado de defender ante los 17 jueces que integran la Gran Sala del tribunal europeo que el derecho español desde 1970 deja de forma "bien clara"que la redención de penas por trabajo es "exclusivamente" para permitir  el "adelantamiento" de su puesta en libertad. Salama ha centrado buena parte de sus argumentos en los efectos que tendría el fin de la doctrina y ha asegurado que "supondría la puesta en libertad de terroristas y violadores", que saldrían "sin cumplir sus penas y sin rehabilitar".

Asimismo, ha dicho que en el caso de Inés del Rio su condena "no se ha prolongado ni un sólo día la pena impuesta a la demandante" ni tampoco "el límite" de cumplimiento de la pena, de un máximo de 30 años. Ha preguntado al tribunal si "¿es igual un asesinato que 132?" a la hora de calcular y aplicar los beneficios penitenciarios para un asesinato que para múltiples. Se refería a los 24 asesinatos consumados por la terrorista y a los 108 en grado de tentativa.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado en una entrevista en Onda Cero que si el Tribunal confirma la sentencia, las autoridades españolas tienen margen para la "ingeniería jurídica", y ha señalado que lo que finalmente ocurra con el caso de la etarra Inés del Río no tiene por qué ser aplicable a todos aquellos presos en situación similar.

Sin embargo, ha añadido que "son los tribunales españoles y la Audiencia Nacional" los que deberán "interpretar y aplicar" la decisión que tome el Tribunal de Estrasburgo. Fernández Díaz también ha indicado que "no hay ese automatismo" en función del cual la resolución europea se deba aplicar "a todos y cada uno de los internos" que están cumpliendo sentencias de acuerdo con la doctrina.

La doctrina Parot se basa en un dictamen del Tribunal Supremo de febrero de 2006, por el que "la ejecución de la totalidad de la condena (...) comenzará con las penas más graves" y los beneficios penitenciarios se aplicarán individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión.

De este modo, una vez cumplida la pena más grave, se debe cumplir la siguiente, y así sucesivamente, hasta el límite legal, lo que alarga la estancia en la cárcel.

La citada sentencia, que incluyó una indemnización de 30.000 euros por daños morales a Del Río, solo hacía referencia a esa presa de ETA, pero meses después una treintena de presos etarras afectados por esta doctrina demandaron a España ante la Corte europea.

El fallo de Estrasburgo consideró en julio que esa doctrina "vacía de contenido las reducciones de pena por trabajo a las personas condenadas bajo el antiguo código penal de 1973", y recordó que el Convenio Europeo de Derechos Humanos "prohíbe que el derecho penal se interprete de forma extensiva en detrimento del acusado".

Del Río (Tafalla, 1958) fue condenada a más de 3.000 años de cárcel, la mayoría de ellos por participar en 1986 en el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana, en el que fallecieron 14 miembros de la Benemérita.

Pero tras la aplicación de la doctrina Parot, su puesta en libertad, prevista en 2008, fue ampliada a 2017, lo que hizo que recurriera a Estrasburgo en agosto de 2009, y que esa Corte le diera la razón tres años más tarde.

Un total de 17 jueces forma parte de la Gran Sala que ha escuchado de nuevo a las partes y revisa el caso a petición de España. Allí han estado los jueces de Luxemburgo (que ocupa la presidencia del Tribunal), Italia (vicepresidencia), Letonia, Liechtenstein y Mónaco (presidencia de Sala), así como los de Austria, Chipre, Albania, Irlanda, Turquía, Bélgica, Reino Unido, República Checa, Holanda, Moldavia y Bosnia-Herzegovina.

El juez elegido a título de España, Luis López Guerra, ha sido el único de la Sala Tercera que ha estado también en la Gran Sala, por ser el magistrado del país demandado.

Además de por Salama, España ha estado representada por el agente del Gobierno, Francisco Sanz, y los también abogados del Estado Jaime Requena y Javier Nistal. La defensa de la demandante, por su parte, ha estado compuesta por los abogados Mark Muller, Sudhanshu Swaroop, Michael Ivers, Amaia Izko y Urko Aiartza.

Al final del proceso, cuando la Gran Sala anuncie su decisión, en esta podrá ratificar la sentencia condenatoria que dictó la Sala, o dar la razón a España y dar validez, según el Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la doctrina Parot.

En caso de que se derogue la doctrina Parot, de los 54 etarras que quedarían en libertad hay un grupo especial de nueve terroristas que tan sólo han cumplido entre uno y algo más de dos años por cada uno de sus asesinatos.

En este grupo destacan Domingo Troitiño con 22 asesinatos en su 'curriculum' criminal entre atentados con resultado de muerte y asesinatos directos. Por estos crímenes ha cumplido 26 años de cárcel, apenas un año y un mes por cada asesinato. Por su parte, el etarra Juan Carlos Arruti Azpitarte cuenta con 24 asesinatos por los que lleva 24 años en prisión. En su caso la media sale a un año exacto por cada vida.

Inés del Río Prada es la terrorista que presentó el recurso ante el TEDH y de su caso dependerá el futuro de la doctrina. Del Río Prada tiene condenas por un total de 24 asesinatos por los que ha pasado 26 en la cárcel, es decir, algo más de un año por cada muerte.

Otro de los históricos asesinos que podría quedar libre si el 'Caso Del Río' finaliza satisfactoriamente para sus intereses es José Antonio López Ruiz, alias 'Kubati', condenado por 13 asesinatos, incluido el de la etarra arrepentida Dolores González Catarain, 'Yoyes', asesinada a punta de pistola en presencia de su hijo de tres años. 'Kubati', que ha pasado en prisión 26 años, ha cumplido dos años por cada vida.

La misma cifra ha pagado Juan José Legorburu Guerediaga. En su caso se encuentra en prisión desde hace 27 años por 14 asesinatos. En situación similar se encuentra Javier Martínez Izaguirre, en prisión desde hace 29 años por 13 asesinatos.

Iñaki Erro Zazu es otro de estos nueve etarras y también un fijo en las reivindicaciones del entorno de ETA a la hora de pedir la excarcelación de los presos enfermos. Erro Zazu lleva 26 años en la cárcel con condenas por su responsabilidad en 10 asesinatos.

La misma cifra de asesinatos pesa sobre el historial del terrorista Juan José Zubieta Zubeldia, en prisión desde hace 22 años. Seis años más ha cumplido el histórico ex portavoz del Colectivo de Presos de ETA, Lorenzo Lasa Mitxelena, alias 'Txikierdi', condenado por otros 10 muertos.

De los 54 etarras que saldrían de prisión, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, hay 44 de ellos que cuentan con delitos de sangre. Suman miles de años de condenas por un total de 239 asesinatos, ya sea por atentados que acabaron costando vidas o por asesinatos directos a punta de pistola.

En los últimos días el Gobierno se ha encargado de recordar que en caso de derogarse la doctrina Parot no afectaría tan sólo a los miembros de la banda terrorista ETA, sino también de otras organizaciones, hasta un total de 77 presos.

Es el caso de siete presos de los GRAPO, entre los que se encuentran tanto históricos de esta banda como Jesús Cela Seoane y arrepentidos como Guillermo Bautista, condenado por seis asesinatos y desvinculado del grupo, acogido a planes de reinserción y disfrutando de permisos extraordinarios de salida, según han informado fuentes de la lucha antiterrorista. El resto son Concepción González (un asesinato), Encarnación León, Olga Olivera (1), Jaime Simón (1), María Jesús Romero (2).

También se encuentra dentro de este grupo de terroristas que saldrían de prisión si se derogase la doctrina Parot, el integrante de los GAL Ismael Miquel Gutiérrez, condenado por la Audiencia Nacional en mayo de 1999 a 45 años y 8 meses de cárcel por el asesinato del ciudadano francés Robert Caplanne, perpetrado en Francia en 1985, al que confundió con un miembro de ETA.

Además saldría Josefa Rodríguez Porca la militante del Exército Guerrilheiro do Pobo Galego Ceibe (EGPGC), grupo del que años después surgiría Resistencia Galega. Esta terrorista fue condenada por un atentado con muerte.

Además de los ya citados, la lista facilitada por el Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz la completan Juan Francisco Gómez López, alias 'Patxi'; Juan Manuel Piriz (1 asesinato), Joseba Artola (3), Pedro María Rezabal, Antonio Alza (acogido desde hace años a la vía Nanclares y sin delitos de sangre); Juan Urkizu (1), Luis María Azcargorta (1); Juan Gabirondo (1), Francisco Lujambio (2), José Ángel Biguri (1); Miguel Turrientes (1); Pedro Juan Odriozola (1); Inmaculada Pacho (6); Ignacio Fernández (3); Ignacio Orotegui (1); Joseba Zugadi (2); Santos Berganza; José Martínez (5); Inmaculada Noble (4).

También saldrían Jesús Díaz (1); José Félix Zabarte (7); Joaquín Urain (4); Bautista Barandalla (1), Luis María Lizarralde (2); Maitane Sagastume (3); Nicolás Francisco (2), José Ignacio Urdain (3); Miren Josune Onaindia (2); Pedro María Solana; Elías Fernández (3), Joaquin Sancho (2), Josefa Uzkudun, José Arizmendi (5); Jesús Mendinueta (6); José Echeverria (7); Javier Goldaraz (1); Iñigo Acaiturri (1); Iñaki Recarte (4); Gotzone López (3 asesinatos y también entre las terroristas consideras enfermas graves); Fernando Olmo (9), Juan Ignacio Delgado; Ramón Uribe; Isidro Garalde; Jon Koldo Aguinagalde (1) y Raúl Ibáñez.