El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha aprobado este sábado el despido de 301 trabajadores —145 del Personal de Administración y Servicios (PAS) funcionariado y 156 PAS laboral—, además de una rebaja salarial de casi un 10% para el Personal Docente e Investigador (PDI).

El acuerdo establece que no se contratará a profesores asociados y el despido del personal mayor de 65 años que ocupaban la plaza de forma interina, como han informado fuentes sindicales.

La cifra de 301 despidos es la que la Politécnica comunicó en un principio, a pesar de que el viernes se barajó reducirla a 275 despidos —125 del PAS funcionariado y 156 de los laborales—. Desde CC OO confirmaban este viernes que los integrantes del Consejo de Gobierno habían recibido una notificación del rectorado en la que se les informaba de la reducción del número de despidos así como de una rebaja salarial.

Varios cientos de personas han rechazado la mañana de este sábado con pitos y gritos frente a la Academia de Ingeniería, en el centro de la capital, la pretensión de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) de despedir a varios centenares de trabajadores, antes de que se aprobasen los despidos definitivos.

El secretario de Universidades de CC OO, Santiago Cuesta, ha explicado que más de quinientas personas que realizan una "visita turística" al centro de Madrid "han aprovechado" para expresar al Consejo de Gobierno de la UPM su "absoluto rechazo" al despido de cualquier trabajador o al recorte de sus derechos.

Cuesta ha afirmado también que le parece "lamentable" que la directiva de la UPM "no dé la cara a la comunidad universitaria", al comentar que desconoce el motivo por el que el Consejo ha trasladado a este sábado su reunión a la Academia de Ingeniería, cuyos alrededores están protegidos (ha dicho) por numerosos agentes de la Policía.

Los sindicatos y el conjunto de la comunidad universitaria han manifestado su "firme su rechazo a cualquier despido o recorte", al tratarse de medidas "injustas e injustificadas" que no solventan el problema de fondo de la Universidad y que dejarán en la calle a alrededor de 300 familias "que no tienen culpa alguna de la situación actual de la universidad".