Cuando el fin de semana del 20 mayo de 2011 decenas de miles de simpatizantes del 15-M decidieron no hacer caso al mandato de la Junta Electoral Central —que había prohibido toda manifestación previa a las elecciones—, los llamados actos de desobediencia civil pasaron al primer plano de la actualidad. Hoy, el auge de esta estrategia política ha llevado a decenas de colectivos a plantear sus reivindicaciones incumpliendo la legalidad vigente por un —dicen— bien superior.

Cada vez son más y más variados los colectivos que han optado, de una manera u otra, por saltarse las normas establecidas apelando al sentido de la justicia. "Toda acción de desobediencia civil va en contra de la legalidad pero apela a una legalidad superior. Se hace algo ilegal, públicamente, para que ese acto beneficie a una mayoría", explica Marc Sanjaume, profesor de Teoría Política de la Universidad Pompeu Fabra.

Es el caso, por ejemplo, de los distintos colectivos de bomberos en Galicia, Cataluña y Madrid, que esta semana han anunciado que no participarán en más desahucios. "Comunicamos nuestra total negativa a colaborar con ningún tipo de acción que suponga alejarnos de nuestras labores profesionales y contribuya a aumentar las desigualdades y miserias que sufre la clase trabajadora", explicaron en un comunicado los Bomberos de Madrid, los últimos en sumarse a la desobediencia civil antidesahucios.

La lucha contra los desahucios ha ido sumando a su favor un creciente número de colectivos. Primero fueron la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y grupos de indignados; tras ellos se han ido uniendo, entre otros, los sindicatos de secretarios judiciales (que han elaborado un catálogo de herramientas jurídicas para "paralizar los lanzamientos"), los de policías (el SUP dijo que respaldaría a todos los agentes que se negaran a colaborar) y los cerrajeros (que han anunciado que no colaborarán con ningún desahucio).

En la sociedad actual, este no acatamiento de la legalidad "se ha convertido en una estrategia, en parte de un repertorio para hacer evidente un conflicto y poder transformar la realidad. Y es un mecanismo que se percibe como efectivo", señala Jordi Mir, miembro del Centro de Estudios para los Movimientos Sociales. En su opinión, la plataforma contra los desahucios "encarna el caso más exitoso".

Con su ya popular lema de "Sí se puede", los activistas antidesahucios han conseguido denunciar una ley que consideraban injusta y "han logrado algo que nadie siquiera se planteaba, como es para un desalojo", indica el profesor Mir.

Una de las principales consecuencias de la crisis es que está sacando a la luz "situaciones que no están acordes a las leyes, y por ello los movimientos sociales que apoyan cambios en este sentido están registrando un auge", opina Marc Sanjaume. Este medio de influencia política, dice, si bien es "extremo", no debe verse como algo perjudicial para el sistema. Al contrario: "Es positivo porque refuerza el sentido de la justicia entre los ciudadanos. Casi todas las conquistas de derechos se han logrado a través de estas herramientas. No se reclama una revolución, sino cambios concretos para que sea más justo", subraya.

Internet y las redes sociales han funcionado como catalizadores de buena parte de estos movimientos. Así, desde finales de 2012 la web de la Plataforma por la Desobediencia Civil -promovida por colectivos ecologistas, feministas, pacifistas y simpatizantes del 15-M, entre otros- acoge toda clase de acciones de protesta ciudadana. Incluso se han publicado manuales diversos para un correcto ejercicio de estas prácticas. En el Manual de Desobediencia Económica promovido por colectivos de insumisos fiscales se enseñan, por ejemplo, una guía práctica para no pagar el IRPF, o métodos para crear unas finanzas autogestionadas.

Este auge de los movimientos de desobediencia, unido al relativo éxito que están logrando a la hora de situar temas en la agenda pública, ha llevado, según los expertos legalistas consultados por este diario, a proponer una reforma del Código Penal que "criminaliza" estas prácticas. "El Gobierno se ha dado cuenta de que la gente estaba recurriendo a métodos que no estaban penalizados y que le suponían un riesgo. Es una muestra de su incidencia", constata Jordi Mir.

"Ahora se pretende criminalizar acciones que antes no lo estaban, con lo que se menoscaba el ejercicio de los derechos fundamentales", sostiene Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en la defensa de derechos civiles por Internet. En su opinión, el ministro de Justicia no solo prepara una reforma del Código Penal que "retrotrae al Antiguo Régimen", sino que a partir de la difusión del movimiento 15-M se ha detectado un intento policial de convertir la resistencia pacífica en delito "haciéndolo pasar por desorden público, y retorciendo de tal manera la normativa que incluso se roza la prevaricación", explica.