El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, anunció este miércoles el inicio de pesquisas previas para saber si, como denuncian los inspectores del Banco de España, la institución obvió posibles conductas delictivas en los bancos y cajas de ahorros y maquilló los resultados de los informes de advertencia que los profesionales elaboraban para los órganos directivos.

"Vamos a pedir información al banco de España para corroborarlo porque afecta de forma grave a la credibilidad de las instituciones", adelantó Torres-Dulce en referencia al informe elaborado por la Asociación de Inspectores de Banca (que representa al 80% de los profesionales del sector) y que adelantó este martes el diario El País.

El fiscal En ese texto, los profesionales acusan al Banco de España, máximo supervisor de las entidades financieras, de "mirar para otro lado" ante "conductas que pudieran ser delictivas". Además, aseguran que entre los informes que elaboran y las decisiones de la Comisión Ejecutiva hay un "excesivo nivel de filtros" destinado a "modular" sus conclusiones.

"De lo que se trata es de si con los instrumentos legales se ha podido vulnerar la legalidad. Lo único que me preocupa es que si ha existido un delito, tener los elementos suficientes para poder perseguirlo", señaló el fiscal del Estado en palabras recogidas por la agencia Efe. Precisó, además, que las conductas podrían ser "ética y deontológicamente reprobables" pero no ser delito según el Código Penal.

La denuncia de los inspectores bancarios surge a raíz del proceso de hundimiento del sistema financiero español.

El Estado ha tenido que nacionalizar Bankia-BFA, Catalunya Caixa, Novagalicia (NCG Banco) y el Banco de Valencia. Además, debe inyectar dinero público en otras entidades, por lo que ha pedido a la Unió Europea un rescate de 39.500 millones —en su primer tramo—.

Los inspectores denuncian que, durante los años de la bonanza económica y la expansión de las inversiones bancarias hacia el ladrillo, se relajó "la aplicación de medidas correctivas" y se fue "laxo" con las "remuneraciones estratosféricas" de los dirigentes. "Los problemas se conocían, simplemente ha habido una falta de actuación", insisten.

Hoy están imputados, entre otros, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) o varios directivos de Novagalicia.