Corría el año 2000 cuando el entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), soñaba con abrir un "manifestódromo" en la Casa de Campo para que los ciudadanos reivindicativos no atascasen la ciudad. Doce años después, es la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), la que rescata la idea, conminando al Gobierno a "modular" la ley que regula el derecho constitucional de manifestación.

Cristina Cifuentes afirmó el martes que la ley es "muy permisiva y amplia" con el derecho de reunión y manifestación (recogido en el artículo 21 de la Constitución) y ha apostado por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público".

La polémica llega después de una semana de manifestaciones espontáneas frente al Congreso de los Diputados —25-S; 26-S y 29-S— convocadas para protestar contra la política de austeridad del Gobierno y para exigir mayores cotas de democracia en el sistema político español. Dichas manifestaciones terminaron con una treintena de detenidos y 64 heridos, al tiempo que han reabierto un debate sobre el exceso de fuerza empleado por la Policía y sobre la ilegalidad que supone que los antidisturbios actúen sin placa identificativa.

La primera en quejarse ha sido la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. El Ayuntamiento de Madrid apoya con cifras su reclamación y ha calculado que entre enero y septiembre se han producido 2.732 manifestaciones (autorizadas o no), lo que supone un 97,97% más que las 1.380 de 2011. El consistorio madrileño ha calculado también el coste que las manifestaciones le han supuesto, entre ellos el del servicio de Policía Municipal, que roza los 1,9 millones de euros en lo que va de año.

El viernes pasado, la delegada recordó a Ana Botella que el derecho de manifestación es constitucional "y no necesita autorización previa". Cuatro días después, sin embargo, propone un cambio legislativo porque la Ley Orgánica que recoge el derecho de manifestación, de 1983, "tiene muchos años". "Habría que modificarla, no para recortar derechos, pero sí para racionalizar el uso del espacio público. No puede ser que en un mismo día en Madrid haya 10 manifestaciones en la misma zona. Los comerciantes y vecinos del Centro de Madrid están desesperados con toda la razón", dijo en una entrevista en Radio Nacional de España.

Juan Carlos Mora, de la asociación de vecinos en el Barrio de las Letras, opina que las manifestaciones no son "un problema que nos acucie. Sería mejor que se repartiesen las manifestaciones por más barrios,  pero nuestro problema es la concentración de locales de copas. Además, nosotros también nos manifestamos, sería tirar piedras contra nuestro tejado", ha dicho. Andres Culebras, representante de los comerciantes del barrio puntualiza que defienden el artículo 21 de la Constitución, "¿quién no ha ido este año a alguna manifestación?, pero reconoce que ellos han pedido a Cifuentes que abra el debate de si se puede evitar que "haya tanta concentración en número, horas y días de manifestaciones en el mismo lugar".

Según la delegada, los cambios que propone irían en el sentido de modificar las horas o cambiar determinados lugares para que las protestas no se superpongan o acumulen. "La ley es muy permisiva y cuando la Delegación ha intentado en diversas ocasiones no prohibir, sino modular este derecho cambiando itinerarios o de día una manifestación porque creíamos que podía suponer un peligro de orden público, sistemáticamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid siempre ha fallado en nuestra contra y nos ha condenado a costas", se quejó.

La tesis de Cifuentes sumaba adeptos en las últimas horas. El presidente regional, Ignacio González, se hacía fan de la propuesta: "No se puede estar colapsando permanentemente la ciudad". Y el propio Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, aseguraba que el "exceso" en el ejercicio del derecho de manifestación contribuye al "desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho". Torres Dulce aboga por "reprimir a los que utilizan los derechos de expresión o reunión para socavar los cimientos del Estado".

La oposición, por su parte, se ha preguntado este miércoles "por qué la derecha habla de modular cuando quiere decir restringir" el derecho de manifestación, en palabras del secretario general del PSOE,Alfredo Pérez Rubalcaba, en su cuenta de twitter. Rubalcaba ha añadido que no va a "tolerar más recortes de derechos". La número dos del partido, Elena Valenciano, ha exigido a Cifuentes que rectifique. También en twitter, Valenciano ha afirmado: "No parece muy prudente que la delegada del Gobierno lance un mensaje para limitar el derecho de manifestación. Debe rectificar".

Para la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, en esa propuesta se percibe "el tic autoritario y antidemocrático de un PP que cuando gobierna le molestan las protestas en la calle, pero que cuando está en la oposición ellos convocan". "El Gobierno quiere a los ciudadadanos en casa y en silencio, para luego usar ese silencio en beneficio propio", ha apostillado.

También han mostrado su contrariedad los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, que han replicado a la delegada de Gobierno en Madrid que "no es necesario" modular la ley que regula el derecho de manifestación porque es un "derecho sagrado".

"No hay que modificar nada, lo que habría es que aplicar la ley que tenemos de reunión y manifestación y cuando no cumpla con los requisitos no autorizarla", ha dicho el secretario de comunicación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, para quien "no es necesario un cambio normativo de un derecho fundamental". El secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Ignacio López, se ha mostrado en "absoluto" desacuerdo. "El derecho de reunión y manifestación debe ser un derecho sagrado en un país democrático".

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Germán Gómez Orfanel, tiene miedo de que al "modular" la ley orgánica que regula el derecho de manifestación se "elimine o desvirtúe" un derecho que constitucional condicionado a realizarse "de forma pacífica y sin armas". Gómez Orfanel recuerda que el de manifestación es un derecho "altamente protegido", que tiene uno de los procedimientos judiciales más rápidos cuando la autoridad gubernativa pone obstáculos. "En menos de 24 horas se pronuncian los jueces, algo que no pasa con otros derechos fundamentales. La Constitución ha procurado favorecer el derecho de manifestación porque considera que es una forma de control del poder político". A su juicio, esta es una polémica "coyuntural", porque han aumentado las protestas contra los recortes. Pero advierte de que solo se necesita una mayoría absoluta para cambiar la ley orgánica que regula este derecho, y el PP cuenta ella. "El Gobierno puede iniciar mañana mismo la reforma, aunque eso podría irritar a la sociedad", explica.

Entre los más críticos con la sugerencia de la delegada del Gobierno, está la plataforma Jueces para la Democracia. Su portavoz, Joaquim Bosch, dice que con sus declaraciones Cristina Cifuentes "se sitúa fuera de la Constitución, puesto que es el propio texto constitucional el que ampara este derecho que no puede ser restringido. Como ella misma ha dicho, todas las restricciones a este derecho le han sido revocadas en sentencias judiciales. No resulta admisible ningún cambio de la ley orgánica".

Añade Bosch que el Gobierno ha de acostumbrarse !a que la gente tiene derecho a manifestar sus discrepancias" y sugiere que la delegada, en lugar de ubicarse fuera de la Constitución, se ciña a a cumplir las normas vigentes. Bosch reprocha que "todavía no haya explicado por qué autorizó a los antidisturbios a realizar cargas sin llevar las placas visibles. El hecho de que se actúe sin identificar dificulta la investigación de excesos como los que se han visto estos días", ha dicho en referencia al 25-S.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez ha dicho que la propuesta de la delegada es "propio de regímenes autoritarios y dictatoriales". En declaraciones a la Cadena Ser, Gómez Benítez ha señalado que es "bastante posible" que Cifuentes se haya situado "fuera del marco constitucional". Desde su punto de vista, el poder manifestarse es "un contrapeso fundamental en cualquier democracia frente a los excesos o arbitrariedades del poder". El vocal  ha recordado que la Ley prevé que hay formas de modular los itinerarios de las marchas "cuando puedan existir intereses públicos contrapuestos o peligros para las instituciones, los bienes y las personas".

Desde la comisión legal de Sol, integrada en el movimiento del 15-M, han querido valorar la propuesta como "un absurdo, un despropósito tan grande que después de 35 años de democracia se quiera restringir el derecho de opinión". El 15-M lo que pide es justo lo contrario, que no fuera ni necesario informar de una reunión "de más de 20 personas", por lo que regular este derecho "en sentido restrictivo" les parece "una mofa".