El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto-Ley que permite a las comunidades subir el número de alumnos por aula de colegios e institutos y encarecer las matrículas de las universidades públicas, desde el curso próximo, para cumplir el objetivo de déficit autonómico de este año, del 1,5 por ciento.

La norma, que deberá convalidar el Congreso, ofrece a las administraciones una serie de posibilidades para ahorrar 3.000 millones de euros en el conjunto de los presupuestos autonómicos, pues cada una decidirá qué medidas aplica y cómo, según sus necesidades. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que se trata de una "racionalización en la gestión del gasto educativo", a la que seguirá una reforma del sistema.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, ha explicado que se busca "compensar" la aportación de recursos de la sociedad para que todos los alumnos estudien en igualdad de oportunidades con el esfuerzo de éstos.

En la educación universitaria, se limita la incorporación de personal de nuevo ingreso y los alumnos de grado y los de máster que habilitan para ejercer una profesión tendrán que pagar entre el 15 y el 25% del coste real de la titulación (la media era del 15% hasta ahora).

Las condiciones se endurecen aun más para los repetidores, que deberán asumir entre el 30% y todo el coste de los estudios, según el número de veces que necesiten matricularse para aprobar. Las comunidades, en diálogo con las universidades, fijarán el número mínimo de alumnos que ha de tener una titulación para que sea "viable".

También subirá la dedicación docente de aquel profesorado sin "sexenio activo o vivo" (los que no están investigando) y, por el contrario, se reducirá para los que muestren excelencia científica. Se incorpora el principio de estabilidad presupuestaria de las universidades tanto en la redacción como ejecución de las cuentas, con un sistema "punitivo" que aplicarán las comunidades autónomas a aquellas que incumplan.

En la enseñanza no universitaria, el tope de alumnos por aula se incrementa el 20% de forma "coyuntural", vinculado a las tasas de reposición de vacantes de funcionarios docentes (un 10% en 2012). Hasta ahora eran 25 estudiantes como máximo en primaria y 30 en secundaria obligatoria.

El profesorado de infantil y primaria tendrá que dar temporalmente al menos 25 horas de clase semanalmente y 20 en el resto de enseñanzas, sin perjuicio de la reducciones por el ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro. Además, se aplaza hasta el curso 2014-2015 la implantación de los módulos de 2.000 horas de los ciclos formativos de grado medio y grado superior.

Y eliminación transitoria de la posibilidad de crear nuevos complementos retributivos o retribuciones variables. Como medidas de carácter estructural, las bajas laborales inferiores a 10 días lectivos deberán ser atendidas por los recursos del propio centro. Se elimina la obligatoriedad de ofertar al menos dos modalidades de bachillerato.