El Tribunal Supremo ha concedido la nacionalidad española a un marroquí pese al dictamen en contra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que alegó que el interesado militaba en un grupo fundamentalista islamista, aunque sin aportar pruebas invocando la seguridad nacional y la "reserva" con la que debe trabajar.

La Sala de lo Contencioso del Supremo considera demostrado que el marroquí A.B. vive en Sevilla desde 1991, donde regenta una carnicería, paga sus impuestos, tiene tres hijos españoles que han estudiado en colegios españoles y colabora en las fiestas de la barriada donde vive y en asociaciones interculturales.

Por ello, está "perfectamente integrado en la sociedad española", como exige la ley, y no hay ninguna prueba de que sea militante del movimiento fundamentalista Tabligh, como alegó el Abogado del Estado para oponerse a la concesión de la nacionalidad.

"Más allá de la afirmación de que el solicitante pertenece al Tabligh", la Administración no aportó "un mínimo dato sobre las razones determinantes" de la denegación de la nacionalidad "que permitan al recurrente articular su defensa".

El letrado argumentó que el CNI no podía aportar datos más concretos “porque es notoria la reserva que ha de guardar sobre sus fuentes y sobre la información específica de que dispone”, refleja la sentencia.

El Supremo replica que el CNI simplemente “debía haber concretado mínimamente en qué consistían esas actividades del solicitante incompatibles con el requisito de integración en la sociedad española”, sin necesidad de “mostrar documentos protegidos por la legislación de secretos oficiales y sin que ello pusiera en riesgo los operativos de los servicios secretos o la seguridad de la nación”.