Primera medida social del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo del PSOE devolverá la asistencia sanitaria a las personas en situación administrativa irregular, según anunció este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del gabinete, Isabel Celaá.

La también ministra de Educación subrayó que el Gobierno abrió este viernes un "proceso dialogado" con las comunidades autónomas y la sociedad civil para "devolver" el derecho a la "asistencia sanitaria integral" y a "la protección a la salud" a estas personas en todo el Estado.

En palabras de Celaá, se trata de una "cuestión de decencia política" y también un "mandato" de "todos los organismos internacionales", tales como Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, además de una petición del Defensor del Pueblo.

La portavoz precisó que para reuniversalizar la asistencia sanitaria el Gobierno aprobará un decreto en el plazo aproximado de "unas seis semanas", y que después serán necesarios "unos treinta días" para la convalidación de esta medida en el Congreso de los Diputados.

A preguntas de los periodistas, Celaá descartó que haya autonomías que incumplan la medida de devolver a los inmigrantes en situación irregular la asistencia sanitaria integral. "No habrá ninguna comunidad autónoma que lo incumpla", vaticinó.

El argumento de la portavoz fue que "incluso" los gobiernos regionales "más afectos" al Gobierno de Mariano Rajoy estaban "muy incómodos" con la decisión del Ejecutivo del PP de retirar a esas personas el derecho a la protección integral a la salud.

La sanidad universal e integral fue una constante hasta la llegada de Rajoy a la Moncloa. El conservador aprobó en 2012 un decreto por el que obligó a los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social ni son asegurados ni beneficiarios a pagar por la asistencia sanitaria integral, aunque siguieron siendo atendidos en urgencias.

En total, el Ejecutivo dio de baja unas 900.000 tarjetas sanitarias de personas en situación irregular o que no cotizaban a la Seguridad Social, de las que unas 150.000 pertenecían a personas en situación administrativa irregular.

El entonces portavoz adjunto del PP en el Congreso -hoy portavoz-, Rafael Hernando, argumentó que ante los "recursos limitados" del Estado había que priorizar a las personas que cotizan a la Seguridad Social frente a aquellos que se encuentran en una situación ilegal.

"Lo que no se puede hacer es tratar a los inmigrantes que están legalmente en España como a los que entran ilegalmente en nuestro país y menos en unos momentos en los evidentemente que hay que hacer ajustes en el conjunto de los servicios públicos", agregó.

El Gobierno del PP y la ministra de Sanidad, Ana Mato, defendieron la medida con el argumento de que permitiría ahorrar hasta 1.500 millones de euros al año, mientras que la oposición y colectivos de médicos criticaron la medida. Varias comunidades autónomas, incluidas Galicia y Castilla y León, gobernadas por los conservadores, rechazaron la norma y siguieron atendiendo a estas personas.