España "como país" no ha pagado por el rescate del atunero Alakrana, liberado el pasado martes tras 47 días secuestrado por piratas frente a las costas de Somalia, según aseguró este jueves en Roma el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien se mostró favorable a que los jueces investiguen los hechos.

Caamaño declaró que se ha optado por "encontrar soluciones en el ámbito internacional a una situación compleja y difícil", pero insistió en que el Gobierno como tal no ha pagado a los secuestradores.

No obstante, señaló que le parece "perfecto" que "se investiguen los hechos y si se encuentran delitos se esclarezcan", porque eso es "lo que tiene que hacer" el poder judicial y "lo que está claro" es que el Gobierno quiere que se actúe "con la ley en la mano".

Crítica de la oposición

En cuanto a la postura crítica que ha mantenido la oposición respecto a la resolución del secuestro, Caamaño consideró que se trata de algo normal en "un Estado democrático". Sin embargo, puntualizó que "si hay que valorar la gestión del Gobierno, los resultados son evidentes" tal y como demuestra la liberación de las 36 personas que se encontraban en el barco.

El ministro de Justicia explicó que el Gobierno ha optado por "trabajar con esfuerzo, discreción y prudencia", y lo ha hecho "con la ley en la mano, tal y como se hace en un Estado de Derecho", reiteró, asegurando que el Ejecutivo informará de todo ello al Parlamento.

Los piratas recibieron para liberar el Alakrana un rescate de 2,68 millones de euros, según explicaron a 20minutos.es fuentes de Defensa. El dinero les llegó "vía Londres"; es decir, a través de un bufete de abogados londinense.

Independientemente de que el dinero procediese del Gobierno o del armador, lo cierto es que éste último, Echebastar, tiene asegurados cada uno de sus sus buques "hasta un máximo de dos millones de euros", explicaron otras fuentes, por lo que gran parte del rescate sería asumido por el seguro.